Casi todos los países Latinoamericanos, han escogido sus formas constitucionales inspirados en el modelo de los Estados Unidos de América, sin embargo, sus regímenes presidenciales casi siempre han sido sumamente inestables y claramente han mostrado graves fallas.

México, figura como excepción en el orbe continental, pues es un país que hace más de ochenta años, instauró un sistema casi único de sistema hegemónico de gobierno. Pero en la actualidad, México se encuentra en el periodo de transición.

La pregunta es ¿hacia dónde la transición? Y la respuesta es inevitable para el sistema político mexicano: Hacia la construcción de un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el judicial, como parte de la modernización del Estado Mexicano y el diseño operativo de la sociedad moderna.

Se ha vuelto un lugar común acusar a los Parlamentos de lentos e ineficientes, así como de órganos carentes de una auténtica representatividad popular. Tal afirmación no sólo es válida para México ni para los países latinoamericanos, sino también para la mayoría de los parlamentos, quienes manifiestan un auténtico control, del poder político, o equilibrio de las formas de conducción del Estado.

Las expresiones sobre esta problemática son múltiples, más sin embargo en muchas ocasiones se confunde el dinamismo de los órganos legislativos con la sociedad actual y el Estado.

Como sea que lo queramos entender, el parlamento moderno ha sido víctima entonces, de la quiebra de un dogma, el cual le dio vida por mucho tiempo, que es la representación política.

Si atendemos al artículo 40 Constitucional en el que se afirma que nuestro país se constituye en una república representativa, democrática y federal, entonces el Estado Mexicano, en tanto que es Constitucional y Democrático, considera un sistema de equilibrios, y por ello, de poder limitado y además de poder controlado.

De esta manera, el Estado Mexicano tiene poder controlado Jurídica y Políticamente. Esto es, sin control judicial del poder, no hay Estado de Derecho, pero sin control político, no hay Estado Democrático.

Por mucho tiempo se pensó que la representación política, aglutinaba a la unidad política ideal de la Nación. Sin embargo, la convergencia entre la sociedad civil y el Estado no pudo sostenerse por mucho tiempo, puesto que las desigualdades provenientes de aquella se fueron haciendo más patentes ante la pasividad del Estado para corregirlas.

La imagen idílica del Estado, donde todos actúan en procura del bienestar común, poco a poco fue sustituida por la de la sociedad real, donde existe pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos contrapuestos.

Es entonces, en este momento histórico, cuando los teóricos y los políticos tratan de resolver los desajustes y desarreglos que se producen en la sociedad civil, lo cual incide directamente sobre las concepciones hasta ese momento sostenidas respecto del voto y de la representación política. De esta forma, se amplía el sufragio hasta convertirlo prácticamente en universal en nuestros días. De manera paralela a la imagen del Estado surge la institución política capaz de promover las reformas legales constitucionales y de todo carácter de la vida pública, como lo son los Partidos Políticos.

Pero a su vez los tiempos modernos no sólo demandan la composición de la sociedad organizada en ideologías políticas, sino que por otra parte surge como un elemento consustancial al desarrollo de las sociedades modernas, capaz de garantizar la imparcialidad en el desarrollo de los comicios electorales como parte de la reforma que es los órganos autónomos electorales.

La vocación democrática de la sociedad se tradujo en el plano jurídico-político, en la generalización del sufragio y en la creación de partidos políticos, que vinieron a servir como portadores de los diferentes intereses sociales existentes en su seno. Por ello se ha afirmado, con justa razón, que los partidos políticos han venido a servir a como correctivo entre la separación tradicional que existía entre los representantes y los grupos sociales a los que realmente debían representar. La representación aparece, dentro de este contexto, como una decisiva rectificación de la democracia.

Sin embargo, el problema no ha sido totalmente resuelto, pues aunque la mayoría de los ordenamientos han constitucionalizado los partidos políticos, paralelamente consagran, al mismo nivel normativo, el principio que prohibe el mandato imperativo.

De ahí la necesidad de fortalecer a la Sociedad Civil, como elemento consustancial a la modernización del Poder Legislativo, que funja como el contrapeso en el equilibrio real del poder político.

Si bien no todas las nuevas democracias tienen el instrumental necesario para organizar pactos o formas corporativistas de cooperación, todas ellas tienen sistemas de representación territorial. Las discusiones recientes sobre la forma óptima de organizar tales sistemas, se han centrado principalmente en los méritos relativos de las constituciones parlamentarias y presidenciales. El debate ha sido extenso y acalorado, ha girado tanto sobre valores conflictivos tales como los méritos de las mayorías, así como de la evidencia empírica.

Sorpresivamente, se han hecho muy pocas referencias directas a los puntos económicos cruciales y profundos que dominan la agenda política de varias democracias nuevas. Sin embargo, una breve revisión de varias de los mayores puntos de controversia, sugiere que el debate es relevante para el problema de la reconciliación entre arreglo democrático una política coherente y estable como producto del desarrollo de los factores de control político.

El Organo Legislativo es una de las instituciones fundamentales del sistema democrático y su buen funcionamiento es esencial para canalizar la participación de los ciudadanos y alcanzar los consensos sociales necesarios para la estabilidad política.

El apropiado desempeño del órgano legislativo, también es necesario para la formulación de políticas públicas apropiadas para la existencia de condiciones de seguridad jurídica. Por tanto, la vigencia efectiva del Estado de Derecho y el funcionamiento eficiente de una economía de mercado requieren el cumplimiento eficaz de la función legislativa.

As u vez, la Reforma del Estado y las políticas de reforma económica y social requieren el apropiado desempeño de la función legislativa tanto en términos de su soporte legal como del consenso político, sin el cual, su sustentabilidad sería precaria.

El fortalecimiento de los órganos legislativos es esencial para desarrollar las nuevas formas de gestión social y política que se derivan del proceso de cambio.

El diagnóstico de los factores de control en nuestro país, da cuenta de múltiples problemas relacionados con la independencia del poder político y judicial; la pérdida de confianza en la opinión pública; la obsolescencia de las leyes y los procedimientos; la congestión judicial; la escacez de recursos; la ausencia de sistemas modernos de organización, información y administración; las barreras de acceso al servicio y las limitaciones de cobertura del sistema; la limitación y deterioro de la infraestructura física, la precariedad en la tutela de los derechos fundamentales; el incremento de las diversas formas de violencia y el deterioro de la seguridad ciudadana.

La consolidación del Estado de Derecho y de condiciones apropiadas para la convivencia social y el funcionamiento exitoso del mercado requiere la reforma y modernización del sistema jurídico y legislativo en una triple dimensión; el fortalecimiento de la independencia de los organismos de control político, la modernización del ordenamiento legal y el incremento en la eficiencia de la administración de justicia.

El diseño de las reformas en la provisión de este servicio público debe responder tanto a criterios encaminados a mejorar la capacidad y calidad de la oferta del sistema, como a medidas y actuaciones que racionalicen y satisfagan la demanda por servicios jurídicos. En esta última dirección, debe abordarse esta problemática desde la estructura de los incentivos de la práctica jurídica que compromete la actuación de profesionales de la materia.

La estrategia de reforma institucional en esta área de acción del Poder Legislativo, considera las siguientes áreas de acción:

1.- La adecuación del marco legal y la promoción de los derechos fundamentales.

2.- El fortalecimiento del administrativo del poder judicial.

3.- Métodos alternativos de solución de conflictos.

4.- Programas de asistencia y educación legal.

5.- La formación y capacitación de recursos humanos involucrados en la modernización del sistema parlamentario.

6.- Modernización de la infraestructura física.

7.- La promoción de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, en general los órganos legislativos presentan problemas de organización, administración de recursos que limitan el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas fiscalizadoras y de representación, lo cual afecta negativamente su credibilidad y la estabilidad del sistema político.

En efecto, la capacidad de generar consenso se ve con frecuencia entorpecida por la debilidad del soporte técnico, informativo y analítico del debate y la negociación parlamentaria. Por las mismas razones se presentan debilidades en la calidad y consistencia de las leyes en términos de su adecuación a las necesidades que se intenta atender.

También se carece de sistemas de evaluación y seguimiento de las leyes que permitan medir su impacto en cuanto a la definición e implementación de las políticas públicas.

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