Reforma Constitucional e Instrumentos Constitucionales de Control.

Para comprender mejor los instrumentos de control parlamentario como un sistema constitucionalizado es necesario entender que el gobierno es responsable ante el parlamento.

Es a partir de la Revolución Francesa que se empiezan a establecer los requisitos fundamentales de un Estado de Derecho el cual se constata si en la constitución se consagran los principios de la división de poder, derechos fundamentales y el control constitucional. En nuestro país estos principios se reciben desde antes de la Independencia, tanto en la Constitución de Cádiz como en la Constitución de Apatzingán y en esta se establece la división de poderes,, dicha división tiene su origen en el Acta de Independencia de los estados Unidos de 1776 y en los derechos del Buen Pueblo de Virginia.

El control parlamentario es desempeñado por todos los grupos a través de todos los procedimientos pero con el contraste de la actuación gubernamental con el criterio de la mayoría, lleva necesariamente la defensa de aquella actuación, es decir la actuación del gobierno. El control parlamentario debe discurrir sobre lo que comúnmente se denomina actividad ordinaria del gobierno y la administración. El control parlamentario puede ser sucesivo y previo, el cual puede darse sobre proyectos y al consumarlos sobre acciones que el gobierno ya haya realizado, los efectos de este control puede desencadenar el debilitamiento del gobierno. El problema central de la reforma constitucional se plantea en un binomio que es el del sistema representativo y el de soberanía, y es necesario que la constitución tenga un proceso de revisión y se de homogeneidad, no sólo técnica sino gramática.

La Constitución es el elemento fundamental de un estado de derecho por lo cual debe consagrar las garantías fundamentales del hombre así como garantizar la división de poderes a través de mecanismos de control. Por lo que hacen falta mecanismos de control dentro de la propia constitución, para que se respete el principio de legalidad establecido en los derechos del hombre y del ciudadano.

Garantizar los derechos de los ciudadanos a comprobar en que se gasta el dinero, aunque este derecho se ejerce recientemente a través de la auditoria superior de la federación, la cual esta integrada por los ciudadanos aún no ha tenido la eficacia correspondiente.