La C. Gracias Patricia.

El C. Don Gilberto Rincón Gallardo, ha sido nada menos, que miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional y del Partido Comunista Mexicano, así como Secretario General del Partido Mexicano Socialista, autor de obras de lectura obligada, entre las que destacan: Medios, Democracia, Fines, Estudios sobre valores, El Futuro de la Izquierda en México e Iglesia y Cultura en América Latina, entre otros.

El es actualmente el Director General del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, Asociación Civil y Presidente del Partido Democracia Social.

Escuchamos a Dn. Gilberto Rincón Gallardo.

El C. GILBERTO RINCON GALLARDO. Muchas gracias a la Maestra Patricia Galeana, al Dip. Enrique Ibarra y al Dip. Samuel Maldonado, por brindarme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, con tan relevantes personalidades de la vida nacional. Quisiera empezar por algunas consideraciones generales, para poder medir el tamaño del asunto que estamos tratando.

La lealtad constitucional es un requisito inexcusable para la normalidad de una sociedad democrática, esta lealtad es el vínculo orgánico entre una ciudadanía que reconoce, en el orden constitucional, la legitimidad del régimen político y los poderes públicos, que son establecidos al amparo de esta legitimidad.

Ser leal con un orden constitucional significa, no sólo aceptar la normatividad positiva que se deriva de este texto, sino sobre todo participar en un consenso social acerca de las prioridades y valores compartidos, por toda una sociedad democrática.

Una Constitución es siempre algo más que un código superior de leyes, es fundamental un acuerdo político entre quienes componen la pluralidad de una sociedad y es también un crisol donde se destacan sus principales valores políticos.

Una Constitución es la expresión de lo que Rousseau llamó "la voluntad general", es decir, la elevación a nivel de ley suprema, no de una suma de intereses particulares, sino de los intereses generales del cuerpo social.

El pensamiento constitucionalista contemporáneo, considera constituciones legitimas sólo a aquellas que garantizan y generan protección específicas para los derechos fundamentales de las personas y prescriben un régimen político de carácter democrático.

Si bien, las constituciones de los países democráticos han sufrido una serie de transformaciones para llegar a ser lo que son, también existe un límite que es irrebasable para estos cambios, a saber, la preservación tanto de las garantías fundamentales de las personas como la preservación de la estructura democrática y plurar de la sociedad.

El constitucionalismo contemporáneo, solo tiene sentido sobre la base de una sólida combinación entre los derechos de la persona, el régimen democrático, la legitimidad política y la fuerza legal que hace valer estos principios en la práctica; ninguna mayoría por aplastante que sea, podría introducir cambios constitucionales que implicaran el desconocimiento o suspensión de derechos fundamentales y de la prescripción democrática, como al parecer está sucediendo en Venezuela.

Los momentos constituyentes son escasos, históricamente, convocan una energía social que destruye tanto como construye y que requiere, por obvias razones, ser encauzadas a través de nuevas leyes e instituciones, para alejarse del caos y del desorden que la amenazan de manera constante.

Un Congreso Constituyente no es un cuerpo colectivo redactor de leyes, establecido mediante mecanismos convencionales, es una representación extraordinaria, con un algo nivel de legitimidad y portador de un programa y del consenso político que no existía con anterioridad.

Para decirlo con una expresión muy frecuente en el debate política-español, una Constitución democrática no admite enmiendas a la totalidad, una Constitución es un proyecto que contiene, tanto la idea de sociedad a la que una nación aspira como los modelos de resolución de conflictos que ha decidido privilegiar.

Las teorías políticas contemporáneas más relevantes a nivel mundial, han vuelto sus ojos hacia el constitucionalismo, desde la idea de un consenso constitucional como paso necesario para la generación de un acuerdo político de la pluralidad social, como fue formulada por John Rolls, hasta la idea de un patriotismo constitucional, idea muy sugerente frente al patriotismo, que muchas veces florece en México, que fue propuesta por Habermas, nos encontramos con un renovado interés por la vinculación entre constituciones democráticas y democracias de calidad.

Nuestra discusión nacional sobre la Constitución no puede hacer cso omiso del enriquecimiento del debate constitucionalista, sobre todo si es genuina nuestra preocupación por hacer de nuestra Carta Magna, algo más que un recurso o una cobertura, para nuevos juegos particulares del poder.

Los avances de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son innumerables, acaso su principal problema, aunque sin duda no es el único, se la escasa fuerza normativa que posee ser consensada sólo con llamados a la obediencia y lealtad constitucionales, se requiere, más bien, construir los acuerdos políticos necesarios para generar la solidez constitucional que tanto echamos de menos.

Es necesario avanzar en vía de consensos de Estado, capaces de acercar la leta de nuestra Carta Magna, al funcionamiento efectivo de las leyes positivas que ampara y al rendimiento social de las instituciones públicas que prescribe.

Si existe una tarea prioritaria en la política mexicana de nuestros días, ésta es la de dar existencia a una democracia constitucional que permita la resolución pacífica de nuestros conflictos y la formulación razonada y coherente de nuestras metas y tareas colectivas.

La debilidad de nuestra Constitución no es un resultado aleatorio, por ello, tampoco podrá ser aleatorio su necesario fortalecimiento. En su funcionamiento legal, las instituciones de la nación debían haber quedado sujetas al modelo constitucional que se estableció en 1917, aunque resulte repetitivo decirlo, la Constitución del 1 formulo un modelo normativo avanzado pra su época y que cumple discursivamente con las exigencias que podría ser, incluso, el constitucionalismo de nuestros días.

La Constitución que todavía nos rige, prescribe un Estado garantista, democrático y republicano, pero hasta nuestros días esta prescripción no ha podido ser concretada de manera estructural, es cierto que toda Constitución alberga una serie de principios normativos que son metas definitivas, sin ideas regulativas, que pocas veces pueden ser plenamente satisfecha, pero es cierto que en la historia política del México por revolucionario, no se ha logrado establecer los cimientos de legalidad y democracia que la Constitución define como esenciales para la vida de nuestro país.

No es un hecho fortuito que la normatividad constitucional haya palidecido frente al pilar de la reconstrucción del Estado Mexicano, tras la revolución, el presidencialismo. En efecto, las dos principales herencias de la Revolución Mexicana: La Constitución y el Partido Nacional Revolucionario, generaron un sistema político disonante y lastrado por graves problemas institucionales, que sólo hizo funcional en la medida en que se subordino al poder de la figura presidencial.

No cabe duda, de que el partido que ha gobernado al país durante siete décadas ha mantenido una relación híbrida con la Constitución, por un lado, la ha instalado como uno de los recursos simbólicos de su legitimidad, la ha celebrado y la ha convertido en una pieza clave de su discurso.

Por otro lado, sin embargo, ha desatendido con regularidad sus prescripciones acerca de la democracia, la separación de poderes y obligaciones gubernamentales acerca de la justicia social.

El resultado es, que nuestra Constitución es una entidad débil y todavía incapaz de generar la lealtad política ciudadana, que haría efectiva su capacidad regulativa y transformadora de la vida social.

Una muestra de que nuestra Constitución no ocupa el espacio normativo que le debería corresponder, está en la profusión de reformas y enmiendas que ha sufrido desde su promulgación en 1917, hasta marzo de 1999, la Constitución había experimentado -espero no equivocarme en esta referencia - 345 enmiendas de distinta magnitud, en los meses subsecuentes se han generado unas diez enmiendas más.

Estamos lejos de sostener que la Constitución debe ser un texto prácticamente intocable y que debería estar al margen de las transformaciones sociopolíticas de la nación, no pretendemos esto, sin embargo, más allá de algunas reformas que son del todo justificadas, muchas de las enmiendas constitucionales se han realizado para desahogar conflictos del gobierno y no del Estado, para recompensar a los participantes en acuerdos políticos o para favorecer o bloquear a personas con nombre y apellido.

Lo cierto es que, la Constitución debería haber quedado al margen de las luchas coyunturales por el poder y sobre todo debería haber mantenido su normatividad de acuerdo con la estructura del Estado democrático, que colectivamente tratamos de construir, y no según los proyectos de corto o mediano plazo, de los ocupantes en turno del poder.

En la medida en que casi cualquier negociación política incluía entre sus posibilidades algún tipo de reforma constitucional, lo que ha terminado por devaluarse es, la importancia misma de la idea del cambio constitucional, la presencia del autoritarismo, ho agonizante en México, fue letal, para la posibilidad de construir un sistema constitucional fuerte y socialmente respetado.

La Constitución ha sido maltratada y subestimada, se le ha debilitado no sólo a través del viejo autoritarismo presidencialista, sino también a través de la escasa eficacia institucional de los poderes de que deberían defenderla, fortalecerla y hacerla valer.

La debilidad y la carencia de certidumbre del Estado de Derecho en México, es el resultado, entre otras cosas, de la enorme facilidad con que se rechazan los principios contitucionales, cuando estos no coinciden con los intereses políticos o económicos dominantes, cosas que sucede con gran frecuencia.

No obstante, esta Constitución débil y lastrada por lo ataques de los poderes fácticios, ha sido capaz de amparar cambios decisivos para la vida pública de México.

La estructura constitucional bajo la que vivimos, ha sido suficientemente flexible como para permitir el necesario cambio en las reglas efectivas de la política nacional, al grado de haber generado una transición democrática sin graves rupturas ni estallidos de violencia.

Es cierto, por vía de las reformas constitucionales, hemos arribado una democracia que lamentablemente sólo puede calificarse como de baja calidad; es decir, a un sistema representativo, todavía influenciado por las inercias del viejo autoritarismo, propicio a la sucesión de desencuentros que hemos presenciado en los últimos años, e incapaz de funcionar sobre la base de acuerdos del Estado y consensos de largo aliento, entre las mayores fuerzas políticas del país, pero también es cierto, que estas reformas constitucionales, a cuya sombra se han formado instituciones electorales más objetivas e imparciales, que las que existían antes, han permitido procesar una conflictividad política, que vertiéndose en otras vías, habría tenido efectos devastadores en el país.

No es necesario ser un jurista, cosa que por supuesto no soy, para saber que la máxima debilidad de nuestra Constitución reside, en su lejanía, con las prácticas efectivas del poder, no obstante, la existencia de esta brecha no debería llevarnos a aceptar que ello invalide el potencial normativo de la Constitución.

Comencé insistiendo en el fundamento político de toda Constitución, es decir, en la dependencia que guarda la legalidad, respecto de los equilibrios y los consensos que existen entre los poderes sociales. Insistí en este punto, porque considero necesario que se atraje a algunas ideas, que ahora han empezado a ponerse de moda en México, tales como ciertas tesis, que sin la suficiente consistencia abordan el tema de una nueva Constitución.

Varios lideres políticos, democráticos y no democráticos, han propuesto en los últimos tiempos una nueva Constitución, no es mi interés por supuesto, personalizar esta discusión, sino poner en duda su argumento, más allá de los problemas de la técnica jurídica, que no son cosa menor, me refiero a preguntas como esta: ¿El Congreso Constituyente sería, uno, elegido por vía convencional y luego, autoproclamado como fundador o sería necesaria la convocatoria a un Congreso Constituyente? ¿Podría convocarse a una nueva Constitución, desde las estipulaciones del actual o hay primero que derogar ésta?. Etc., pero no me refiero a esos problemas de la técnica jurídica, fundamentalmente esta el problema político, presente en cualquier convocatoria de este tipo.

En efecto, un pacto constitucional, lo más parecido que existen en la realidad, a la idea clásica del contrato social, a eso nos estamos refiriendo; requiere de un amplio y mayoritario acuerdo entre las fuerzas políticas que arman la pluralidad de la nación y de un ambiente de largo plazo con pisos sólidos, que corresponda a los intereses nacionales y no como ahora sucede frecuentemente, a priorizar (sic) los intereses particulares.

Nuestra pregunta no sería, ni siquiera, si existe una fuerza capaz, una fuerza política capaz de generar ese nivel de consenso, sino simple y sencillamente, si ahora y en los años por venir, existirá la disposición entre las fuerzas políticas y sociales del país, para ir más allá de acuerdos y pactos de coyuntura, orientados a metas particulares; no es este asunto que se resuelva con proyectos parcialmente elaborados.

Resulta muy grave que las propuestas de una nueva Constitución estén vinculadas en el mejor de los casos a programas electorales que, no obstante, su le. . .

EL C- GILBERTO RINCON GALLARDO: . . . en que se haya nuestro principal documento normativo, pero también muestra, eso es probablemente lo más grave, que la lucha por el poder en México va a seguir corriendo sobre un déficit de lealtad constitucional, de patriotismo constitucional, de consenso constitucional y de las orientaciones políticas similares que en otros países han conducido a la democracia de calidad que tanto echamos en falta en nuestro país.