Doctor Cesáreo Morales García


Ha sido miembro  de la Cámara de Legislación de nuestro país. Y, actualmente, he tenido varias responsabilidades a su cargo, como coordinar la Comisión Nacional de Ideología, del Partido Revolucionario Institucional y es el Coordinador de Asesores de la Presidencia, de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores.

Entre algunos de sus múltiples publicaciones, me gustaría destacar algunos de los más recientes como es el de Colosio: "La construcción de un destino". Escuchamos, entonces, al doctor Cesáreo Morales.

EL DOCTOR CESAREO MORALES: Gracias, doctora Patricia Galeana. Para mi es una gran satisfacción compartir esta reflexión, desde luego, con la presencia de Patricia Galeana, con Arturo Nuñez, con Enrique Ibarra, con Samuel Maldonado, con Gilberto Rincón Gallardo. Desde luego, con el doctor Rabasa y con Miguel Ángel Carbonell y el propósito es sólo reflexionar con ustedes en torno al debate político que, sin duda, puede o debería ser uno de los debates esenciales frente a la elección del 2000.

La disgresión que, así lo llamó el doctor Rabasa, de hecho me tranquiliza un poco, porque mi intervención va hacer fundamentalmente de carácter político, porque estoy convencido que este debate, surgió en la Cámara como un debate político. ¿Sí o no, nueva Constitución?. Y que precisamente, las respuestas al debate, son también de carácter político.

El PRD, sentencia en sus documentos básicos sobre el presunto agotamiento del pacto social de la Revolución Mexicana.

El PAN, en boca de Fox, habla del siglo perdido de México y sostiene que él no está de acuerdo ni a favor de una nueva Constitución, lo que, sin duda, representa aquí un punto de partida común para un diálogo abierto, para un debate constructivo.

Aunque, sin suficiente claridad, ambos partidos consideran que el Estado Mexicano debe de redefinirse, bajo nuevas bases y mediante una reforma integral. La consecuencia que sacan de lo anterior, por lo menos algunos, es que sólo la derrota del PRI permitirá el acceso a la democracia y a un nuevo Estado, ahora sí democrático.

De hecho proponen una especie de revolución pacífica que habrá de desenvocar en una nueva Constitución de la República; de ahí que teórica y políticamente, sostengan que se necesita una transición democrática, a fin de reedificar el Estado y las instituciones de la Nación.

De esta manera, mi punta, mi nervio en esta rápida exposición es que la transición democrática, entendida en un sentido fuerte, no simplemente utilizando el término como podemos utilizar en términos comunes, sino en un sentido fuerte, tiene el riesgo de algunas confusiones conceptuales.

Creo que, precisamente, en este momento, una insistencia o una defensa, diría yo, acendrada de la necesidad de la transición democrática en México, sería una especie de desconocimiento de la revaloración del sufragio una punta de lanza del actual cambio democrático y como mecanismo regulador de la expresión política de la pluralidad.

En este sentido, incluso, la posibilidad de la alternancia ante la que estamos, se desconoce y se afirma y reafirma el agotamiento del Estado e, incluso, de la Constitución. De ahí que, en consecuencia, la democracia, la transición a ella, sólo se daría sí, en efecto, el PRI deja el gobierno y se accede entonces a la edificación de un nuevo Estado, a partir del sustento de una nueva Constitución.

En esta perspectiva, incluso, hay una cuestión bastante intrigante, la cuestión misma de la alternancia y de la posibilidad de alternancia. Por primera vez, y esto lo hemos experimentado en distintos momentos y con distintas tensiones, por primera vez en este momento, estamos ante la posibilidad efectiva, al que debemos valorar en relación con el debate previo, sobre la cuestión de la democracia en México, sobre el debate actual y sobre el debate posterior.

Y, precisamente, es en la perspectiva del debate posterior y de, incluso, las propuestas que en este momento, empiezan ya a aparecer y que, sin duda, aparecerán con mayor claridad durante la campaña electoral, que es muy importante valorar lo que está en juego en cuanto a la Constitución y en cuanto al Estado.

En este debate, voy a apuntar apenas dos argumentos que yo defendería en medio de un debate plural. El primer argumento es que tenemos en México un régimen democrático. La Constitución de 1917 estableció sus bases normativas, la división de poderes junto con elecciones libres, representan su esencia. No hay que olvidar que la Constitución responde a las demandas de una Revolución exitosa, la larga construcción del régimen democrático se explica, por lo menos en parte, por los principios, valores y causas de la Revolución de 1910.

Si la Revolución triunfó, la Constitución integró las coincidencias fundamentales de los mexicanos, ya orientando, desde entonces, la construcción del país.

Es falso que la Constitución del 17, sea sólo o haya sido sólo la carta de los vencedores, es una ligereza afirmar que ella contiene el núcleo presuntamente autoritario, que explicaría ciertas características históricas de nuestro sistema político. Concretamente, por ejemplo, la permanencia del PRI en el poder federal durante setenta años.

La Constitución, como ha insistido el doctor Rabasa, al consagrar el proceso de su propia reforma, ha garantizado la adecuación normativa, permanente a la evolución nacional y a los problemas inhéritos que hemos enfrentado durante estas décadas. Es inherente a la Constitución su perfectibilidad, lo que la mantiene abierta a las necesidades del futuro. Si índole democrática se acredita y prueba en esa capacidad, ante las elecciones del 2000 e institucionalmente, por eso pienso, no estamos ante el sentido fuerte de una transición democrática, sino simple y llanamente, estamos ante el propósito de consolidar la democracia o de acceder a la normalidad democrática, digamos, a una democracia normal.

Incluso, el tema de completar la transición, lanzado por alguno que otro académico y retomado de manera bastante oportunista por algunos grupos políticos. Además, de no corresponder a la realidad política del país, entraña enormes confusiones conceptuales que tiene el riesgo de convertirse en una estrategia equivocada de graves consecuencias.

Independientemente del resultado de las elecciones del 2 de julio del año próximo, creo que la confusión que defiende el dilema que dice: en el 2000 hay que derrotar al PRI o, de lo contrario, enfrentar los riesgos cada vez mayores de la ingobernabilidad, hay que discutirlo. No porque estemos a favor de una o de otra de las opciones, sino simplemente por la confusión conceptual que dicho dilema puede encerrar.

Una tesis de los teóricos de la transición a la democracia, que ahora se revive, es definir al PRI como partido de Estado, lo dejo simplemente apuntado, sobre esto ya se ha abundado y no quiero ampliar más el asunto.

Aclaro, como ya lo he dicho, que aquí me refiero al término transición en su sentido fuerte, digamos, en el paso de presuntamente de un régimen autoritario a uno democrático. Por lo pronto, en esta perspectiva, una conclusión me parece a mí, debería de ser pacífica. Nuestra democracia, la real, la que existe aquí y ahora, pese a que debe perfecionarse y consolidarse, sí funciona.

En relación a las elecciones como única vía de acceso al poder, el debate político puede dejar atrás las posiciones transicionalistas. Hablar de democracia, sin referirse a las leyes e instituciones electorales. Al Estado y a la Constitución, creo que es una ligereza, no está en juego cualquier cosa. Se trata de entender la democracia en su relación al Estado y de ver con sentido histórico la nueva pluralidad política y los equilibrios inéditos establecidos, a fin de valorar con la mayor exactitud lo que queda por hacer.

La convocatoria a una nueva Constitución de algunos "transicionistas", de contados juristas y de algunos grupos políticos, creo que tiene que ver con la confusión conceptual, que se establece de manera casi inercial sobre el carácter del Estado.

Al final de cuentas, los "transicionistas", los defensores de una transición democrática, están defendiendo al Estado como un Estado anómalo, prácticamente desde los años posteriores a la Revolución. Incluso, hay historiadores contados que así lo pensarían, como si hubiéramos vivido setenta años de anomalía del orden estatal.

Entonces, es natural que en esta perspectiva, incluso, aunque no lo digan, así como hablan de partido de Estado, pueden llegar a hablar y así lo conciben, de un Estado del PRI.

Hablar de un Estado del PRI entraña los mayores riesgos, porque entonces, precisamente, la transición democrática llevará a que sí hay el triunfo de un partido que no sea el PRI, se trataría de desmantelar el Estado, para acceder, entonces sí al Estado constitucional y democrático. Y es en esta misma perspectiva, en la que aparecería la nueva Constitución.

Este es un punto de debate fundamental, el debate sobre el Estado, que naturalmente es inseparable del debate sobre la Constitución.

En este sentido, de nuevo y precisamente a partir de las premisa anterior y de la defensa de la existencia del régimen democrático, la otra tesis, el otro principio que yo defendería es que hay un Estado constitucional y democrático en el país, un Estado para la nación. No hay un Estado del PRI, no hay un régimen del PRI. Aunque por comodidad hablemos de régimen priísta, estrictamente hablando, lo que tenemos es un régimen político democrático, que ha tenido su evolución histórica y que tiene naturalmente sus perfiles, como lo tiene en cualquier país. Y repito, en esta perspectiva, mi defensa no es la del PRI, el PRI se defenderá sólo o no se defenderá, mi defensa es del Estado y de la Constitución.

Precisamente, para no venir a caer en errores que luego, en decisiones muy concretas nos pueden llevar a actitudes verdaderamente muy graves. Por ejemplo, incluso en terminologías muy comunes entre nosotros, en relación al asunto de Chiapas. Hablamos que las partes en el conflicto son: el Estado y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), pero cómo podemos concebir que el Estado sea parte del conflicto.

Si el Estado fuera parte del conflicto, estaríamos en vísperas de una revolución interna, estaríamos en vísperas verdaderamente de una guerra civil.

Entonces, repito y esto quiero dejarlo claro, yo no, en esta mesa no me corresponde defender al PRI, pero lo que sí quiero presentar y llamar la atención es sobre los riesgos conceptuales acerca del Estado y la Constitución.

Creo que esto es muy importante, por lo menos tenerlo en cuenta para no cometer errores graves ante los conflictos e, incluso, ante las decisiones del gobierno y ante las posiciones partidistas.

Para concluir, entonces, sólo quiero añadir que tenemos que estar muy claros que la democracia actual, incluso, con sus aspectos discutibles. Incluso, con la ausencia de ciertas normas regulatorias. Por ejemplo, en la relación Ejecutivo Legislativo o, por ejemplo, en una elección muy competida que dajata márgenes muy estrechos entre el triunfador y segundo lugar, ante los cual los partidos, en efecto, se han procupado e incluso, en la Cámara el PAN presentó la iniciativa de la segunda vuelta electoral, pero que en esta situación, incluso, ante estas ausencias que eventualmente se deben enfrentar como debate, que ese creo es un debate posterior y de los primeros que debe dar el 2000, digamos, las reformas constitucionales, para dejar la gobernabilidad como algo resuelto. Gobernabilidad en el sentido de relación constructiva y no paralizada entre Ejecutivo y Legislativo. Gobernabilidad, por ejemplo, en los resultados de la elección presidencial, etcétera, pero, incluso, reconociendo esto, no podemos desconocer que la democracia tiene relación con el Estado, con la vigencia y la existencia efectiva de un Estado, que precisamente lo es tal en su fundamento constitucional.

Y, la última reflexión, que el funcionamiento de esta democracia, su sistema de partidos, es le sistema que se nutre de legitimidad históricas plurales, está funcionando y puede alcanzar una mayor calidad, creo yo, precisamente porque ha sido un trabajo de edificación que se ha dado en el marco de la Constitución. Muchas gracias.