INTRODUCCION

El tema de éste trabajo es el de escudriñar, viendo desde sus orígenes, como podemos hacer posible que el Poder Ejecutivo mexicano propicie un sistema democrático. Y según han escrito algunos politólogos y juristas de la actualidad, el primer paso para conseguir que nuestro Poder Ejecutivo no sea un obstáculo para alcanzar la democracia, es el darle un nuevo marco constitucional. 

Es decir, es necesario comprender el hecho de que aún cuando hubiera elecciones limpias, no traerán necesariamente estabilidad democrática en México. Necesitamos repensar qué marco constitucional sería el más adecuado para consolidar una auténtica democracia y división de poderes.

Nosotros, como muchos juristas y politólogos pensamos que el excesivo Poder Ejecutivo es el principal obstáculo para la democratización. Por esto consideramos urgente la limitación de las facultades del Poder Ejecutivo en dos ámbitos: en el de los poderes constitucionales, a fin de fortalecer al Poder Legislativo y Judicial y lograr un Federalismo que fortalezca a todas las entidades del país, y en el de los poderes metaconstitucionales para reducir su función como el poder reformador de la Constitución. Por tanto, concluimos finalmente que para que exista una real división de poderes, la Carta Magna debe sufrir reformas en los siguientes artículos: 1, 3, 25, 26, 28, 74, 76, 79, 89, 96, 98, 102, y 122.

Para construir una sociedad que se caracterice por un desarrollo sostenido y de largo alcance en lo económica, con suficiente capacidad para satisfacer las necesidades de la población y elevar substancialmente el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, el país requiere de una cimentación institucional y política que simultáneamente afiance la estabilidad, el orden y la paz social, garantice la seguridad jurídica despierte la confianza y el entusiasmo de los factores de la producción, y no estrangule el proceso de modernización del aparato económico y de la estructura social. 

Para construir un país donde haya estabilidad y verdadera paz social es necesario que nuestro sistema político, y sobretodo su pieza fundamental, la Presidencia de la República, evolución en hacia un modo de ser democrática. La democracia, a pesar de todo, es en el mundo pos-moderno, la única fórmula para lograr un sistema político legítimo y estable. Sus condiciones de funcionamiento requieren, entre otras cosas, de elecciones reales y competitivas, de libertad de asociación, libertades civiles: libertad de expresión de iniciativa. Asimismo un sistema político democrático requiere un autentico equilibrio de poderes.

La sociedad mexicana esta cada vez más consciente de que es necesario impulsar un acelerado desarrolla político del país, en el que se dé cada vez más, una mayor participación de la sociedad, entendida como el grado de intervención de los hombres y los grupos en los procesos culturales, políticos, económicos y sociales.

La sociedad debe ser protagonista autónoma, hasta donde sea posible, del desarrollo de las actividades que le competen en un proceso de desenvolvimiento social de abajo hacia arriba. 

En nuestro país, nos encontramos en el contexto de un proceso de transición del régimen política que ha ido ampliando el margen de pluralidad y competencia, que sin embargo, no alcanza todavía las exigencias de la sociedad y la dinámica internacional.

El fenómeno creciente de la participación autónoma de la ciudadanía en la expresión de sus demandas, reclama un cauce que asegure plenamente el ejercicio pleno de las libertades y el fortalecimiento de un auténtico Estado de Derecho y de las instituciones que de él emanan.

Para lograr satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía, se requiere la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad que privilegien una mayor participación ciudadana, considerando que la modernización integral debe incluir necesariamente a la sociedad en su conjunto, que, con sus valores, logre hacerse gobernar bien y consiga que el gobierno este al servicio de la sociedad; lo cual implica un cambio profundo en el sistema político mexicano y muy especialmente en la forma y en el fondo en que en éste se da la división de poderes.

Si queremos una verdadera modernización integral de nuestra nación, es fundamental una sociedad fuerte, con una estructuración de personas y grupos intermedios que sean capaces de participar en la conducción de los asuntos públicos. Una de las concepciones centrales de todo gobierno que se sabe democrático es la aceptación de que la participación es una responsabilidad tanto de gobernados como de gobernantes.

1) PODER LEGISLATIVO

Para lograr la consolidación en el proceso de modernización del Estado de Derecho de nuestra nacion, es indispensable que el Poder Legislativo observe los siguientes cambios:

IV) Aprobar el presupuesto anual de gastos de la federaciuon y del Distrito Federal, discutiendo primero , las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

El presupusto no podrá incluir la entrega a titulo alguno de bienes o de fondos públicos para la creación, sostenimiento, fomento o financiacion en cualquier otra forma de empresas particulares, salvo cuando por motivos de interés general sea necesario suplir la insuficiencia o ineficacia de los particularesy solo mientras subsistan dichas insuficiensia o ineficacia.

Asimismo, la modernizaciónintegral de la sociedad mexicana requiere del Estado una tarea positiva de servicio a los valores fundamentales de la persona humana y del bien común de la sociedad. Debe establecerse un Estado de Derecho al servicio dela dignidad de la persona.

El Poder Judicial deberá controlar su propia administración y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá elaborar su propio presupuesto de egresos.

Asimismo, es necesario revisar la ultima reforma constitucional enmateria judicial hecha a fines de 1994, ya que en lugar de independizar mas al Poder Judicial Federal respecto del Poder Ejecutivo la reforma mas bien apunta, en los hechos , a volverlo mas independiente de este. Numerososo juristas han visto que con la creación del Consejo de la Judicatura, el Poder Ejecutivo estar mas inmiscuido en las labores del poder judicial,. Y si se estima que es bueno el consejo para quitrar o reducir los problemas administrativos al pleno de la Corte y a los ministros ¿Por qué el Consejo no se compone de otra manera? Que el Consejo lo formen solo jueces y magistrados: tres jueces, tres magistrados bajo las ordenes del Presidente de la Suprema Corte. Así, el Poder Judicial empezara a ganar su independencia.

Por otra parte, es necesario quitarle al Presidente de la República la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte, puesto que aunque el texto constitucional, en su articulo 89, fraccion XVI dice que este "presenta a consideración del Senado, la tema para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia ", en la practica es el Ejecutivo el que practicamente nombra a los ministros . por esto proponemos derogar la fraccion del articulo antes mencionado, y en su lugar crear mecanismos para que los Ministros de la Suprema Corte sean elegidos directamente pos la sociedad.

Otro aspecto medular será el retomar la jurisprudencia como fuente de ley. Sobre este punto seria conveniente modificar el articulo 71 Constitucional, para que el Poder Judicial Federal tuviera iniciativa de Ley, en base a la Jurisprudencia que esta misma emite. Asimismo sedeberia de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para que este pueda desarrollar el, estudio y propuestas de Leyes en base a la jurisprudencia.

También es necesario que la Procuraduria General de la República experimente cambios que hagan mas eficiente su labor, ya que muchos especialistas estiman que uno de los motivos que contribuyen a que la PGR no funcione adecuadamente es porque acumula funciones que de alguna manera se contraponen.

Lo idel de dividir la Procuraduria. Por una parte, crear una secretaria jurídica o como quiera llamarsele, formada por juristas de primera que tuviera a su cargo todo, lo jurídico del gobierno federal, como es su representación en juicios, la consejeria y, centralizar en esa secretaria todas las iniciativas de leyes o reglamentos con la legislación anterior y constitucionalidad.

Por otra parte, crear un órgano autónomo del Ejecutivo: el Procurador General de la República, con las funciones de titular de la acción penal y perseguidor de criminales. Y digo autónomo, porque una de las razones de su ineficacia consiste en su dependencia del Ejecutivo, e que este lo remueve libremente; y ese constante nombramiento de titularesimkpide un trabajo adecuado. Esto implicaria una reforma integral del articulo 102 de la Constitución.

3) NUEVO FEDERALISMO

Transformar nuestro centralismo en un nuevo federalismo selo se podrá lograr la Plena DEMOCRATIZACION DEL Estado Mexicano si comenzxamos ha fortalecer a todas las entiadades de la Federación. Asimismo, es indispensable redefinir los criterios de asiganacion de recursoso tributarios a los municipios con un sentido inverso a la dinámica hasta ahora imperante, de tal suerte que prioritariamente los impuestos queden en os municipios y de ahí pasen al Estado y de ahí a la Federación.

Uno de los enemigos que tiene el conjunto de principios que conforman el Estado de Derecho, son las facultades discrecionales otorgadas a las autoridades que pueden significar el control de la economía por el Poder Ejecutivo, y que se traduce en reglamentos que exceden a las leyes de las que dependen.

Es necesario implantar de manera perdurable el realismo económico y avanzar en lo que falta, para lo cual resulta indispensable la institucionalización jurídica de la economía en donde el libre juego de fuerzas de la sociedad sea el que impere. Sin embargo, el nuevo marco jurídico deberá velar por la equidad social.

Por esto, el artículo 25 constitucional habrá de ser modernizado, para restituirte a la sociedad la rectoría del desarrollo social.

Un Poder Ejecutivo fuerte es necesario y conveniente, pero el gobierno no debe ser dueño de la economía ni actuar como tal, sopretexto de alcanzar fines superiores de beneficio colectivo, o por anteponer supuestamente los nobles intereses de la colectividad a los de los individuos. No hay por que subordinar el individuo a la colectividad ni la colectividad al individuo; hay que combinar ambas cosas y alentar el desarrollo integral de las personas y así lograr el mejoramiento de la sociedad, en un ambiente de libertad, solidaridad y subsidiariedad.

Se propone plasmar con claridad en el artículo 25 los siguientes puntos:

1. Procurar dejar el mayor campo de acción a favor de los particulares mediante la libre concurrencia.
2. La economía es tarea y producto de la libre iniciativa personal y de las entidades libremente constituidas, para producir, distribuir o proporcionar servicios para satisfacer las necesidades y promover el bienestar.
3. La ley deberá alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y promoverá el marco jurídico adecuado para que el desarrollo de la actividad económica y de los particulares contribuya al progreso nacional económica y social.
4. Podría intervenir el sector público en actividades económicas cuando sea verdaderamente necesario, conforme al principio de subsidiaridad, de acuerdo con las propuestas de modificación del artículo 28, que más adelante se precisan.

Propongo derogar el actual artículo 26 y en su lugar plasmar que:

1. En la fijación de las políticas económicas participarán organismos representantes de los particulares, tanto de patronos como de trabajadores, y los legisladores de las diversas Comisiones del congreso de la Unión.
2. La actividad de los particulares no queda en consecuencia, sujeta a una planeación central, sino exclusivamente de limitada por la ordenación jurídica y por la política económica.

También requiere enmiendas el artículo 28 constitucional que, en su párrafo, establece el control de precios. La última parte del IV párrafo del artículo 28 constitucional le permite al Congreso de la Unión en turno, incrementar ilimitadamente la lista de monopolios estatales, lo cual a todas las luces es anticonstitucional al no haber límite alguno a la posible estatización de la economía del país, en contravención del artículo 50 de la propia Constitución que establece la libertad de profesión o de industria.

Este artículo adolece de los mismos problemas de anti-constitucionalidad que la fracción XXIX-D del Artículo 73 que le otorga al Congreso de la Unión la facultad omnímoda para legislar todo, en aras de la "planeación nacional del desarrollo económico y social".

Actualmente el Artículo 28 prohibe los monopolios, así como las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Asimismo, estable castigo par la concentración o acaparamiento entre productores, y que las leyes fijarán bases que señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional a al consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos. Este último punto invade a la libertad para contratar entre particulares, contenida en la Legislación Civil y como en otras ocasiones, el Gobierno puede extender su interpretación a su mejor conveniencia. A continuación el Artículo 28 establece que las actividades estratégicas a su cargo exclusivo del Estado, no constituye monopolios, lo cual implica abierta contradicción.

Se propone plasmar con claridad en el artículo 28 los siguientes puntos:

1. El Estado Mayor respeta la iniciativa de las personas en todos los campos y la libre actividad económica de las mismas. Por tanto, el Estado promoverá la libre competencia limitada por las exigencias del bien y del derecho.
2. El Estado sólo podrá intervenir en las actividades económicas, cuando las exigencias del bien común así lo pidan, actuará siempre conforme a derecho y fundamentará su intervención conforme al principio de subsidiariedad, a fin de intervenir solo por el tiempo que sea necesario, en la medida que lo sea y procurando dejar de serio.
3. La actividad del Estado buscará siempre el realismo económico y la congruencia entre las políticas económicas.
4. El Estado promoverá las condiciones jurídicas y socioeconómicas tendientes al estimular la producción y la productividad, sobre todo de bienes de consumo necesarios, la inversión y el empleo y el mejoramiento del poder adquisitivo.

Dentro del presupuesto nacional se creará un Fondo de Contingencia para auxiliar a tiempo y con recursos suficientes a las entidades y municipios que hubieran sufrido daños por catástrofes naturales o bien, padecido agudos desequilibrios económicos generales o para aminorar las desigualdades de capacidad económica que se presentan dentro del territorio nacional. 

Cuando hoy en día se habla de democracia, debemos pensar cual es su verdadero sentido. No es un proceso exclusivamente electoral. Como un paso crucial en la construcción de un México, más democrático es el de cambiar la mentalidad de que es el Estado, y que magnánimamente otorga derechos y obligaciones. Para cambiar esa mentalidad, será necesario reformar el artículo primero, por lo que proponemos que el texto constitucional quede de la siguiente manera:

Artículo Iº.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que reconoce esta Constitución, las cuales no pueden restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Asimismo, es necesario que en nuestro país, de una vez por todas, se destierre la desconfianza ante los resultados electorales. Para lograr esto es necesario buscar cambios y adecuaciones a las leyes y organismos electorales que contribuyan estas dudas y criticas y a su vez, coadyuven a propiciar en el campo de los hechos la imparcialidad, la confiabilidad y la trasparencia necesaria en la preparación, desarrollo y calificación de los comicios lo cual, sin duda, propiciará seguridad y legitimidad a las autoridades que resulten electas, lo que se traducirá en un Poder Ejecutivo realmente democrático.

El gobierno federal deberá dar pasos firmes para establecer, de manera definitiva, las bases jurídicas de la competencia justa por el poder.

1. Se establecerá el juicio de amparo en materia electoral.
2. En el aseguramiento absoluto de la libertad y el secreto del voto, y la severa penalización de las conductas que atenten contra esas condiciones del sufragio.
3. En la prohibición de usar los colores y los símbolos patrios en emblemas partidistas.

Asimismo, si se quiere una verdadera democratización, federalismo y equilibrio de poderes es necesario que los habitantes de la que es tal vez la región más importante del país, el Distrito Federal, elijan libre y democráticamente a sus gobernantes. Para lograr este fin proponemos que en los artículos 73 fracción VI, y 122 se plasme este espíritu.

PRIMERA.- En los primeros años de nuestra independencia, en nuestro país surgió el caos. En los primeros 56 años de nuestra vida independiente se ensayaron sin éxito 12 modelos políticos, que contenían casi invariablemente la figura de un Poder Ejecutivo fuerte. En esta época hubo un caos terrible que ocasionó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio.

SEGUNDA.- La Constitución de 1857 es quizá la Carta Magna que ha plasmado más restricciones para el Poder Ejecutivo, pues contenía rasgos de parlamentarismo, sin embargo, ésta Constitución nunca se pudo aplicar cabalmente y fue motivo de muchos conflictos que propiciaron inestabilidad política.

TERCERA.- En la Constitución de 1917 volvió a surgir el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mecanismos de decisión en el estado. Sin embargo, debemos anotar que la acumulación de poder en manos del Presidente de la República era explicable, y de alguna manera necesario, en los tiempos que siguieron a la Revolución. Existía un precario orden político y los miembros del Congreso Constituyente de 1917 diseñaron un Poder Ejecutivo extraordinariamente fuerte. Borraron de la nueva Constitución los rasgos de parlamentarismo que contenían la Constitución de 1857.

CUARTA.- En los albores del siglo XXI, la maduración política de la sociedad mexicana es un hecho palpable, sobre todo en torno a la profundización de la demanda de una mayor participación en las cuestiones públicas, superando por fin siglos en donde todo el poder de decisión de los asuntos públicos se concentraban casi exclusivamente en una sola persona.

QUINTA.- Para que el poder decisión de las cuestiones públicas se vuelva democrático, es necesario que, en primer lugar, al Poder Ejecutivo se le de un nuevo marco jurídico. Es urgente la limitación de los poderes presidenciales en el ámbito constitucional. Por tanto, concluimos finalmente que la Carta Magna debe sufrir reformas e incluso derogación en los siguientes artículos: 1, 3, 25, 26, 28, 74, 76, 79, 89, 96, 98, 102 y 122.

 1.- Carpizo McGregor Jorge, "El Presidencialismo Mexicano", Siglo XXI editores, 1978.

2.- Carpizo McGregor Jorge, "El principio de no reelección", En González Casanova, Las elecciones en México. Evolución y perspectivas, México, siglo XXI, Editores, 1985.

3.-Carpizo McGregor Jorge, "Sistema Federal Mexicano", en los sistemas federales del continente americano, México, UNAM-FCE, 1972.

4.-Carpizo McGregor, Jorge, "Federalismo en Latinoamérica", México, UNAM. 1973.

5.-Cossio Villegas Daniel, "Historia moderna de México", La República restaurada, Vida política, México, Editorial Hermes, 1995, ver parte segunda.

6.-Cossío Villegas Daniel, "El sistema político mexicano", 6ª. Ed., México, cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974.

7.- Fix-Zamudio Héctor, Valor actual del principio de la división de poderes y su consagración en las constituciones de 1857 y 1917, en el Boletín del Instituto de derecho Comparado de México.

8.- Fix-Zamudio Héctor, Algunas reflexiones sobre el principio de la división de poderes en la constitución mexicana, en Memoria del III Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1987.

9.- González Casanova Pablo, "La democracia en México", 17ª. Ed., México, Era, 1986.