Palabras del Sr. Dip. Héctor Larios Córdova, con motivo de la presentación del Punto de Acuerdo presentado al pleno de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de La Unión, el día 3 de diciembre de 1997.

Con el permiso de la Presidencia

Compañeras y compañeros diputados:

Con mucho ánimo asistimos a la construcción del nuevo México, del México del nuevo siglo, el país que queremos dejar a nuestros hijos, a pesar de todos los problemas, todos estamos convencidos que en lo sustantivo estamos cambiando para bien, aquí y ahora mismo lo constatamos en esta nueva legislatura, inédita en nuestra Historia Contemporánea.

Pero esta nueva Nación que estamos construyendo, no puede olvidar a millones de mexicanos en toda la geografía nacional y de todas las clases sociales. Porque hoy día la mayoría de los mexicanos los discriminamos, les ponemos barreras y obstáculos para impedirles el acceso a la educación, a los servicios de salud y al mundo del trabajo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual, es decir que cerca de 9 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad.

La gran mayoría de ellos no han tenido acceso a la educación, no disfrutan de los beneficios de la Seguridad Social y se les niega la oportunidad de ocupar los puestos de trabajo para los que están capacitados a desempeñar.

Entre los cambios sustantivos que esta LVII Legislatura se propone realizar, de los temas más importantes a abordar, por justicia deben estar, las modificaciones a nuestro marco legal para que se garantice igualdad de oportunidades para las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Amigas y Amigos Diputados, Es la hora de Reinvindicar los derechos que por generaciones les hemos negado a millones de mexicanos.

En esta legislatura que todos hemos calificado de histórica, es el momento de hacer historia reconociendo y promoviendo los cambios a nuestras leyes para que las personas con discapacidad dispongan de servicios de salud; tengan oportunidades de rehabilitación, educación y capacitación; se eliminen todas las barreras, arquitectónicas, de lenguaje en los medios de comunicación y culturales que les impiden integrarse socialmente; tengan oportunidades de empleo remunerador y productivo; y con ello puedan ejercer plenamente su derecho a formar una familia y acceder a actividades recreativas, deportivas y culturales.

En particular, es el momento de hacer justicia con respecto a la más grave discriminación que han sufrido, el negarles la oportunidad de tener empleos dignos.

En el Contexto internacional, México en esta materia se encuentra rezagado, la mayoría de los países del mundo ya tienen legislaciones que garantizan igualdad de oportunidades para el acceso a los puestos de trabajo para ellos.

Uno de los pocos temas en que México no ha aceptado las normas internacionales ha sido en materia de discapacidad.

Hace cuarenta y dos años la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1955 en su recomendación 99 a los países afiliados, México entre ellos, insistí en fomentar el empleo de los inválidos con medidas como "la contratación por los empleadores de cierta proporción de inválidos".

Hace catorce años, en 1983, la misma OIT promovió el Convenio 159 como normas de derecho obligatoria para los países miembros que lo ratificaran, para que las naciones suscriptoras impulsaran políticas nacionales que garantizaran que las personas con discapacidad obtengan y conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo.

Después de varios intentos, México no ha ratificado este convenio.

Muchos otros esfuerzos internacionales han pasado sin lograr cambiar la realidad mexicana, la ONU declaró a 1981 como el Año Internacional de los Impedidos con el tema "Plena Participación e Igualdad",y dos años después proclamó la Década de los Impedidos con acciones que impulsaron cambios en casi todas las naciones a excepción de la nuestra.

Ahora mismo, en el proyecto de presupuesto de egresos para 1998, incluyendo los seis voluminosos tomos anexos, no se hace ni una sola referencia, ni una sola mención de algún recurso que se etiquete a favor del 10% de la población que sufre discapacidades.

Si el presupuesto es en definitiva, la forma como se pretende gobernar, sí en los hechos es en el presupuesto y no en el discurso en donde se definen las prioridades gubernamentales y de la sociedad, resulta obvio que millones de mexicanos con discapacidad no tienen ninguna prioridad en nuestro país.

Por ello insisto, es hora de hacer justicia, es hora de abandonar la inequidad fruto de la ignorancia, los prejuicios y otros factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y retrasado su desarrollo.

En la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, nos hemos planteado como uno de los puntos prioritarios de nuestra agenda, promover los cambios legislativos para dar igualdad de oportunidades en la obtención de empleo a las personas con alguna discapacidad.

Para lograr nuestro objetivo deberemos proponer las reformas a la Ley Federal del Trabajo acompañadas de reformas a las leyes fiscales que compensen las modificaciones que tengan que realizarse en los centros de trabajo y dar empleo a personas con discapacidad.

Si el objetivo es dar igualdad de oportunidades, debemos estar claros que no se puede competir en condiciones similares entre desigualdades, como se ha definido por la OIT "el principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia".

Esto es que la sociedad tiene que ser solidaria y el estado subsidiario para compensar las disfunciones de estas personas y ellas puedan integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones.

Fruto de esa solidaridad y subsidiariedad debe ser el reservar un porcentaje en las empresas y dependencias públicas, de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad que estén en aptitud de desempeñarlos.

El estado tiene que acudir a subsidiar su rehabilitación y readaptación para el trabajo.

Estas medidas son impulsadas por organismos internacionales de 1955.

¿Cómo caminar en la construcción del marco legal que se requiere para ello en México, si en nuestra propia casa, en el Congreso, no iniciamos por apreciar la contribución de estas personas?, ¿Cómo hacerlo si no empezamos por garantizarles un porcentaje mínimo del 1% de los puestos de trabajo aquí en la Cámara y en los Grupos Parlamentarios?

En la comisión estamos convencidos que este pequeño paso tiene una gran trascendencia, por primera vez una institución en este país se obliga a sí misma a garantizar empleo a personas con cualquier tipo de discapacidad, en todos los niveles y formas de contratación.

Estamos seguros que todos nos enriqueceremos humanamente al reconocer en la práctica diaria la gran y desconocida capacidad de aportación que tienen las personas sordas, ciegas, en sillas de ruedas o con deficiencias intelectuales.

Este es uno de los primeros pasos para presentar los proyectos de Ley que garanticen que el acceso al trabajo en igualdad de oportunidades se dé en todos los ámbitos, y así reivindiquemos este gran tema pendiente en la construcción del México del nuevo siglo, con Democracia pero también con Justicia.

Es por ello que la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados presenta a consideración del pleno el presente punto de acuerdo que es suscrito por la mayor parte de los diputados de esta Legislatura.

Por tales consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos correlativos a la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta H. Cámara el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

2. Que dichas contrataciones deberán realizarse respetando los criterios de capacidad, disponibilidad y salarios iguales en el desempeño laboral solicitado, sin discriminación del sexo y tipo de discapacidad.

3. El presente Punto de Acuerdo deberá ser verificado en su cumplimiento por la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados en un plazo de 6 meses.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 27 días del mes de noviembre de 1997.

Con la solicitud de que sea considerado de Obvia solución y desde luego discutido y en su caso aprobado.

A T E N T A M E N T E

DIP. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA DIP. ELODIA GUTIÉRREZ ESTRADA

DIP. JULIETA O. GALLARDO MORA DIP. LOURDES ANGELINA MUÑOZ FDZ.

DIP. GUSTAVO ESPINOSA PLATA DIP. LIHER SAÚL FLORES PRIETO

DIP. FELIPE JARERO ESCOBEDO DIP. JESÚS JOSÉ MONTEJO BLANCO

DIP. ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA DIP. JOSÉ OCTAVIO DÍAZ REYES

DIP. JOSÉ LUIS GARCÍA CORTÉS DIP. BONFILIO PEÑALOZA GARCÍA

DIP. FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE DIP. MARÍA DE LOURDES ROJO E

UNCHAUSTEGUI

DIP. JOSÉ LUIS ACOSTA HERRERA DIP. ALFONSO CARRILLO ZAVALA

DIP. JAIME CASTRO LÓPEZ DIP. LUISA CORTÉS CARRILLO

DIP. EMILIA GARCÍA GUZMÁN DIP. BERTHA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DIP. SALOMÓN ELÍAS JAULI Y DIP. ADDY CECILIA JOAQUÍN

DÁVILA COLDWELL

DIP. MARÍA DE LAS MERCEDES DIP. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ CRUZ

JUAN LÓPEZ

DIP. MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA DIP. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ

DIP. JESÚS JOSÉ VILLALOBOS SAENZ DIP. CARLOS ÍÑIGUEZ

y Cuatrocientas veinte firmas más de los señores diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados,