Adecuar el marco jurídico federal para lograr igualdad de oportunidades para las personas que sufren alguna discapacidad, modelar la actividad que corresponde al estado para el apoyo que debe brindarles, pugnar por presupuestos suficientes y etiquetados y coadyuvar en su fiscalización, todo con la participación y aportación de las organizaciones de personas con discapacidad, para que exista el ambiente propicio para su integración social plena.