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Palabras de Bienvenida de la Dip. Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Secretaria de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de la Cámara de Diputados

Muy buenos días, Dip. Arturo Nuñez Jiménez, Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara de Diputados; Sen. María Elena Alvarez Bernal; Presidenta de la comisión de Asistencia Social del Senado de la República, Dip. Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados. Invitados internacionales: Dip. Carlos Quiroga, Honorable diputado de Bolivia, Sra. Marta Dasso, Directora de Apoyo Social y Asuntos Comunitarios del Senado de Argentina. Maestra Soledad Murillo, del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de Costa Rica. Sr. Bengt Lindqvist, relator Especial de la ONU, en asuntos de la discapacidad en Suecia. Sr. Jon Odriozola, Grupo GUREAK, Instituto Vasco-Mexicano de desarrollo. Distinguidos legisladores de otros países hermanos de México, Representantes de Organismos Públicos y Privados de y para personas con Discapacidad, y a todos ustedes, todo nuestro agradecimiento por su participación en este importante evento.

En todas las partes del mundo y en todos los niveles de la sociedad existen personas con discapacidad.

La última semana, ha representado, en especial para las personas con discapacidad y para todos aquellos que estamos involucrados con este tema, un alto significado, por la realización en México de la Quinta Asamblea Mundial de Personas con Discapacidad, y el segundo Teletón, cuyo impacto en la opinión pública, es sumamente positivo como instrumento de concientización, de sensibilización y de apreciación importante, sobre el tema de discapacidad, en nuestra Nación.

Estos eventos, no son ajenos a esta Cámara de Diputados, y a través de La Comisión de atención y apoyo a Discapacitados, nos hemos sumado a estos esfuerzos, y también contribuimos con una semana conmemorativa del Día Internacional de las personas con Discapacidad, realizando algunos eventos aquí, en esta Legislatura.

La actual política, en materia de discapacidad, en todos los países, es el resultado de la evolución del propio concepto de discapacidad, de la actitud de la población en general; la creación de organizaciones de personas con discapacidad, integrada también por sus familiares y defensores, y especialmente por la instrumentación de un marco jurídico adecuado, que brinde oportunidades, que otorgue respuesta al justo reclamo. De tener acceso a la vida, en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. Con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, no privilegios; equidad, no discriminación.

Los derechos de las personas con discapacidad, han sido objeto de gran atención en la Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, durante mucho tiempo.

En ese lapso, se han formulado varios instrumentos internacionales, como lo es el Convenio 159, de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por varias naciones. Este, se basa en el principio de la igualdad de derechos. Significa que las necesidades de cada persona, tienen igual importancia, los que se refieren a la participación en el empleo.

Es precisamente el tema, de la situación laboral y el empleo, el central de éste Foro Internacional, al que hemos convocado a todos ustedes. Y es, precisamente, en este tema, donde surgen los mayores obstáculos en todo el mundo.

Hoy en día, generar y obtener empleo, es un asunto de atención prioritaria para nuestro país; miles de hombres, mujeres, y en especial, los jóvenes, buscan trabajo, y con él, la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. La discapacidad resulta para muchos un impedimento adicional, para obtenerlo.

 

Sabemos que en Estados Unidos, 7 de cada 10 personas con discapacidad, no encuentran trabajo. No contamos desafortunadamente con datos estadísticos en nuestro país, pero si sabemos que enfrentamos un problema de ignorancia, de inconsciencia y discriminación.

En la práctica cotidiana, las bases sobre las que un patrón o empleador selecciona a su personal o planta de trabajadores, se determina por la escolaridad, titulo o cédula profesional, experiencia, desempeño laboral o profesional anterior, cartas de recomendación; que avalen su conducta y todas aquellas que puedan probar que el individuo es apto para el desempeño del trabajo que solicita.

Sin embargo, aún subsisten en el trabajo prácticas discriminatorias, focalizadas especialmente hacia dos grupos vulnerables: las mujeres y las personas con discapacidad, tanto para el reclutamiento de personal, la remuneración, la asignación de tareas, la promoción en el trabajo, la capacitación; incluso en el despido y otras actividades, relacionadas con el trabajo.

Destaco el caso de los requisitos de las pruebas de no gravidez en las mujeres, exámenes médicos para demostrar la naturaleza o la severidad de una incapacidad.

Sin duda, los empleadores tienen todo el derecho de seleccionar a la persona que presente el mejor perfil, pero solamente en base a sus habilidades para el desempeño de las funciones de su trabajo, como sería el caso de un examen médico que se formule como requisito para todos los solicitantes de empleo, Por la naturaleza del trabajo a desempeñar, como el "antidoping".

Las personas con discapacidad, se enfrentan a diversas barreras para obtener empleo o para incorporarse al mismo.

1.- El derecho a escoger un empleo y obtener servicios de terceros,

2.- La discriminación, para obtener incentivos o promoción laboral, y

3.- La inaccesibilidad o la pérdida de los servicios de asistencia médica.

Los gobiernos de nuestras naciones deben apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad, al mercado de trabajo, y de estimular a los empleadores a que realicen ajustes razonables, para darles cabida. También, deberán tomar medidas para garantizar la accesibilidad, la seguridad y la adaptación de los lugares de trabajo, en forma física.

Por su parte, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, así como los empleadores, deben cooperar para asegurar condiciones equitativas de contratación, ascenso, remuneración; la prevención de lesiones y deterioro de la salud, así como medidas para la rehabilitación de quienes hayan sufrido accidentes de trabajo.

Otro de los asuntos que corresponde a los gobiernos, es la responsabilidad financiera de los programas destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, éstas se ubican, obviamente, los presupuestos relativos al gasto público, así como a las leyes de ingresos correspondientes.

En materia de ingresos, los impuestos representan la fuente más importante de recurso para los gobiernos. Justamente, el artículo, 31 fracción 4ª, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como obligación de todos los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o de los Estados y Municipios, en donde residimos, de manera proporcional y equitativa, en la que dispongan las leyes.

Actualmente, en nuestro país, es considerado gravable el impuesto sobre la nómina de las empresas; también sus activos, pero no son reconocidas aquellas acciones que las empresas realizan en la contratación de personas con discapacidad, la inversión en su capacitación para el trabajo, en el personal adicional de asistencia o intérpretes, en los impresos alternativos, en la señalización; en la inversión de equipos, en maquinaria o herramienta, adaptada y adaptable, para el mejor desempeño de sus tareas.

Cualquier cambio o adaptación al medio físico en el trabajo, que no altere la naturaleza y operación de los procesos de producción o del negocio, que permitan a una mujer o a un hombre que tiene una discapacidad, pero que está calificado para el desempeño laboral, realizarlo en situación de equidad, con los empleados no discapacitados, deben de ser reconocidos a través de crédito fiscal y de la deducción de impuestos.

El lograr que las personas con discapacidad se integren al mercado laboral, tiene efectos multiplicadores, y de eso debíamos tener conciencia todos: sus ingresos generan impuestos; se les da categoría de consumidores y de ahorradores potenciales; se motiva la superación personal a la educación y a otros múltiples más que se encuentran ligados, pero sobre todo, motivamos la independencia de sus familias.

Por otra parte, deberán reconocerse los derechos de las personas con discapacidad, como sujetos de empleo. Así mismo, las personas con discapacidad, deberán asumir sus obligaciones como contribuyentes, para lo cual debemos buscar su incorporación en un régimen fiscal que permita la deducción de todos sus gastos en rehabilitación, o en su transporte o vehículo.

En materia de gasto público, debe considérese la inclusión, en los presupuestos de todos los niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal, con objeto de que a cada una de las dependencias, incorporen una partida presupuestal para atención y apoyo a las personas con discapacidad, con tres programas básicos: Eliminación de barreras físico arquitectónicas; capacitación para el trabajo y la cultura de la discapacidad.

Sabemos, en definitiva, que las personas con discapacidad, incluyendo los que la padecen en forma severa, pueden ser empleados y trabajadores efectivos, eficientes y competitivos, que contribuyen a la economía de nuestra nación. No son las habilidades de las personas con discapacidad, las que limitan su incorporación al trabajo, sino las actitudes, las estructuras establecidas, los prejuicios sociales y las políticas.

Mientras las personas con discapacidad permanezcan fuera de la fuerza laboral, nunca podrán integrarse a un vida plena. Por ello, la política laboral para las personas con discapacidad, debe considerar sus capacidades, no su incapacidad.

Los grupos vulnerables, deben considerarse beneficiarios de una política de empleo, que permita romper su estado de dependencia económica y el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, y no exclusivamente de una política de asistencia pública.

El pleno desarrollo de todo individuo, crea una sociedad de iguales. Los legisladores contribuiremos con el impulso a las iniciativas de reforma al marco jurídico federal en materia de trabajo, seguridad social, de derechos civiles, fiscales, en obras públicas, asentamiento humanos, y todas aquellas que contribuyan a lograr su integración plena.

Sin embargo, la fuerza que más moverá será la de su propia capacidad de organización. La suma de sus voluntades, de nuestras voces, y de nuestras voluntades, nos darán una pauta importante para dar un paso más.

"Sean todos ustedes bienvenidos a este Foro"

Gracias.