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Desde 1983, en el ámbito mundial se ha aceptado el vocablo discapacidad, propuesto ante la O.N.U. por diversos grupos organizados de personas con discapacidad y aceptado así en nuestro país.

El concepto que implica la definición del vocablo discapacidad, establece la correlación de una secuela (bio-psico-social) y la interacción de la persona con su medio ambiente, la familia y las posibles alteraciones que propicia con sus actividades diarias de la vida humana (a.d.v.h.)

En términos generales, una secuela no es sinónimo de discapacidad, pero para establecer el criterio que pueda ubicar la situación socio - económica, o grado de independencia y productividad de la persona, depende de un concepto previsto por especialistas y/o personas relacionadas en la atención de estos grupos de población.

Uniformar criterios con esto que implica evitar vocablos peyorativos o denigrantes, es motivo aún de controversia, injustificado si se toma en cuenta la insistencia de las propias personas con discapacidad y grupos de trabajo que las apoyan, desde hace muchos años.

Esto, que al parecer es asunto de sentido común, no lo favorece la persistencia de individuos, organismos e instituciones, aún insensibles a la problemática cotidiana de las personas con discapacidad, quienes continúan utilizando definiciones, conceptos y procedimientos anticuados y/u obsoletos, que repercuten en forma de rezagos y francas agresiones a los derechos ciudadanos de estos conciudadanos mexicanos y sus familias.

En el IMSS, es notorio que hasta ahora utilicen la palabra "invalidez" en su ley general y practica común, consagrada en el artículo 128, fracciones I y II.

El concepto general y especial que esto conlleva, sin otro articulado que compense lo atado, sólo enfoca el aspecto laboral y productivo.

Contradice también la filosofía y políticas como institución a favor del bienestar social, hacia su población derecho - habiente y lo hace sentir en la realidad, cuando afronta las demandas de atención de su población con discapacidad primaria o secundaria (por secuelas genéticas, congénitas, o por afecciones adquiridas después de nacer).

Considerando lo concreto de la situación anterior, y tomando en cuenta que la discapacidad es un problema social, más allá de un mero asunto de salud pública, es necesario analizar por nuestros representantes legislativos, y la sociedad en general, que el IMSS sea convocado a modificar el vocablo "invalidez", por el de "discapacidad", mas congruente con el concepto general y específico, que ahora estamos utilizando los involucrados en la atención de estas personas, que repercutirá en forma favorable y realista en la implementación de programas y reglamentaciones, acordes a nuestra problemática y recursos disponibles.

En el Sistema DIF de Campeche, existe ahora la voluntad política para establecer un sistema específico de atención a las personas con discapacidad, que prevenga y proporcione atención específica y aplique acciones abocadas a la integración social (capacitación vocacional, ubicación laboral, recreación, cultura, deporte, eventos especiales y otros).

Esta forma y fondo de abordar la problemática de la discapacidad, implica la necesidad de unificar criterios y utilizar un vocablo acorde a la actualidad nacional. También como consecuencia natural, nos compromete a determinar con mínimo margen de error, una metodología que haga objetivo un censo de nuestra población afectada, que en estos momentos se encuentra en fase de ultimar detalles para el protocolo final y su presupuestaron. Esperamos que esto sea difundido en otras entidades, como una contribución del DIF estatal de Campeche.

La administración de gobierno actual a cargo del Lic. Antonio González Curi, y el programa que ha propuesto nuestra señora presidenta del DIF, Profra. Elvia María Pérez de González, ha demostrado en los hechos su interés y voluntad de servir a nuestra población con discapacidad, a través de una "coordinación para la atención a personas con discapacidad", que no existía y que ahora forma parte del organigrama y programas de atención, quien además tiene entre sus propósitos prioritarios, actualizar y/o modificar lo establecido en nuestra ley estatal, relacionada con nuestra población discapacitada.