En la ciudad de Guadalajara,
Jal., el 20 de septiembre de 1996 se realizó el segundo evento del
Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, organizado en forma
conjunta por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
y la H. Cámara de Diputados, con la finalidad de revisar el marco
jurídico inherente a la informática.
En esta reunión asistieron
aproximadamente 120 representantes de los sectores público, privado,
académico, empresarial y de investigación.
El acto inaugural estuvo
presidido por el Lic. Francisco Javier Vizcaíno Gutiérrez, Director
General de Planeación de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico,
en representación del Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco; el Dip. Eugenio Ortiz Walls, el Presidente
del Comité de Biblioteca e Informática de la H. Cámara de Diputados;
el Dip. Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario del Comité de Biblioteca
e Informática de la H. Cámara de Diputados; el Dr. Alfredo Bustos
y de la Tijera, Director General de Política Informática del INEGI;
el Lic. Pedro Rodríguez Villaseñor, Director Regional Occidente del
INEGI y el Dip. Gildardo González Galindo, en representación del H.
Congreso del Estado.
Al hacer uso de la palabra
el Dip. Eugenio Ortiz Walls señaló que el impacto de las tecnologías
de la información nos lleva a pensar en profundos cambios políticos,
económicos y sociales, en virtud de su fuerte presencia en las diferentes
actividades del país.
Comentó que los temas
que se expondrán en este evento representan la oportunidad propicia
para reflexionar, profundizar y proponer los tiempos y formas que
deben dar cuerpo a la singular relación del Derecho y la Informática.
A continuación el Lic.
Francisco Javier Vizcaíno Gutiérrez realizó la declaratoria inaugural
en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco.
Los trabajos de la reunión
iniciaron con una intervención del Dr. Alfredo Bustos y de la Tijera,
quien hizo referencia a los objetivos y fases del Foro, comentando
los temas que se abordaron en Boca del Río, Ver., así como los que
serán tratados en las reuniones que se realizarán en las ciudades
de Monterrey, N.L., Tijuana, B.C., y México, D.F.
En este evento se abordaron
diversos aspectos relacionados con la tipificación de delitos cometidos
con el uso de herramientas informáticas que lesionan patrimonios y
derechos de personas físicas y morales, así como el valor probatorio
del documento electrónico en procesos administrativos y judiciales.
La sesión de conferencias
dio inicio con la participación de la Dra. Luz Ma. Del Pozo y Contreras,
quien presentó el tema "Prospectiva del Derecho Informático",
en el que define el delito informático como "delito eletrónico",
considerado éste como aquel que se comete con el uso de las computadoras
o cualquier otro medio electrónico, como pueden ser las telecomunicaciones.
Resaltó la necesidad de reglamentación jurídica en campos tales como
prevención, caracterización del delito electrónico, determinación
técnica del grado delictuoso, fijación de responsabilidades, negligencia,
restitución e indemnización por daños, etc., ya que su impunidad propicia
su reincidencia.
Manifestó que la tipificación
del delito electrónico se podría realizar a partir de la identificación
de las siguientes categorías: sabotaje político o económico, uso desmesurado
de poder, discriminación o marginación, manipulación de datos y personas,
hurto de ideas y propiedades, como algunos ejemplos.
Asimismo, la Dra. del
Pozo presentó un documento sobre "Mecanismos existentes con ausencia
de estructura", señalando que el Derecho Informático, hasta el
presente, se encuentra sin estructuralidad institucional y con una
gran necesidad de investigación y desarrollo.
Propuso que se establezca
un modelo donde el campo universal del Derecho Informático se componga
de elementos tales como la informática legislativa, jurídica, educacional
y administrativa, entre otros. En este tema presentó la definición
de términos como "delito electrónico", "derecho a la
privacidad" y "principio a la seguridad" entre otros,
en consideración a que los conceptos antiguos perjudican a un país.
Mencionó algunos aspectos que considera corresponden al perfil del
delincuente.
Posteriormente, el Lic.
Juan Manuel Morán Amador presentó el tema "Alternativas de auditoría
informática contra la piratería", refiriéndose a la educación
como elemento básico para propiciar actitudes éticas en los estudiantes,
ya que el problema de piratería se presenta principalmente en las
escuelas y siguen practicándola como usuarios de tecnología.
Propone un procedimiento
que permita un mayor control en el registro de programas de computación
y la realización de auditorías para detectar el uso de programas no
autorizados. En estas acciones sugiere la participación de maestros
y alumnos, así como entregar un programa con el que se haya realizado
la auditoría y el cual se haga llegar a la autoridad competente.
Con el tema "Copia
ilegal del software" el Ing. Víctor Rodríguez Medina se refirió
a la problemática que representa la piratería del software y la pérdida
económica que significa para sus desarrolladores.
Indicó que no obstante
que en países como Estados Unidos, Canadá y Japón existe alguna legislación
al respecto, el problema de uso ilegal de software subsiste a grandes
escalas. La legislación actual no ha sido suficiente para minimizar
el uso ilegal de software, por lo que propone que se instrumenten
mecanismos técnicos y legales que propicien una protección más eficiente.
Posteriormente, se presentó
una conferencia sobre "Elementos para fincar responsabilidades
a los administradores de sistemas de redes", a cargo del Lic.
Luis Manuel Ramírez Perches, quien manifestó que la falta de preparación
de las personas a cargo de las redes computacionales las hace vulnerables
a la introducción de personal ajeno a éstas, como lo son los "hackers",
y a la introducción de virus informáticos debido a negligencia.
Propuso la determinación
de la responsabilidad de los administradores de una red de cómputo,
basándose en su nivel de conocimiento y capacitación, así como el
grado de negligencia o de dificultad para perpetrar los ilícitos.
A continuación, el Lic.
Antonio Aveleyra se refirió a las medidas penales aplicables a los
delitos cometidos con medios electrónicos, indicando que no obstante
que existe alguna legislación en la que se consideran aspectos relacionados
con las Tecnologías de la Información, existen conductas sociales
que debido a su novedad no están aún tipificadas. Mencionó como ejemplo
la alteración de datos, el acceso no autorizado a la información o
servicios de cómputo, el uso de información privilegiada, así como
la intervención de líneas de teleproceso.
Para tal efecto presentó
una propuesta de iniciativa de ley en la que se contemplan aspectos
relacionados con las conductas que no están claramente tipificadas
en el Código Penal vigente.
Análisis y Reflexión
Cabe señalar que adicionalmente
se recibieron ponencias, con temas relacionados con la tipificación
del delito informático, a cuyos autores no les fue posible asistir
a este evento. Dichas ponencias serán integradas a las memorias de
este Foro.
Acto seguido, el panel
de especialistas así como el auditorio emitieron diversos comentarios,
los cuales giraron en torno a los siguientes temas:
a) Actividades informáticas que se
pueden considerar como conductas delictivas y su definición.
b) Responsabilidad del uso de tarjetas
de crédito tanto del prestador de servicio como del usuario.
c) Elementos que deben considerarse
para determinar la responsabilidad de las personas autorizadas para
administrar bases de datos.
d) Necesidad de definir el ámbito
de aplicación del derecho informático.
e) Posibilidad de reconocimiento del
documento electrónico como medio de prueba.
f) Requisitos que debe tener un sistema
para que su bitácora sea reconocida legalmente.
Entre los aspectos que se contemplaron
en este segundo evento, destacan:
. La tipificación del delito electrónico
se podría realizar a partir de la identificación y definición de sus
características.
. Establecer un modelo de Derecho
Informático que incluya componentes jurídicos, educacionales y administrativos.
. Establecer un procedimiento que
permita un mayor control en el registro de programas de computación
y la realización de auditorías para detectar el uso de programas no
autorizados.
. Instrumentar mecanismos técnicos
y legales que propicien una protección más eficiente para minimizar
el uso ilegal de software.
. Determinar la responsabilidad de
los administradores de una red de cómputo, basándose en su nivel de
conocimiento y capacitación, así como el grado de negligencia o de
dificultad para perpetrar los ilícitos.
. Presentar propuestas de iniciativa
de ley que contemplen aspectos relacionados con las conductas que
no están claramente tipificadas en el Código Penal vigente y disposiciones
complementarias.
. La invitación a los asistentes que
tengan alguna propuesta a que la entreguen para que pueda integrarse
a las memorias de este evento.