[ Principal ] [ Relatoría de Eventos ]

FORO DE CONSULTA SOBRE DERECHO E INFORMÁTICA

UN MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO QUE FAVOREZCA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS GUBERNAMENTALES POR MEDIO DE REDES INFORMÁTICAS

AUTOR:
Act. Carlos Jaso García
Distrito Federal, Octubre de 1996

Un marco normativo-administrativo que favorezca la prestaciÓn de servicios gubernamentales por medio de redes informÁticas.

Act. Carlos Jaso García
Coordinador General de Información Pública de la Gestión Gubernamental
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

 Resumen.

 Los avances de la tecnología de los últimos años hacen posible realizar un sinnúmero de actividades por medio de redes informáticas. La comunicación electrónica y la transferencia electrónica de documentos, en particular, permiten la prestación de servicios telemáticos públicos y privados; esto significa una oportunidad sin precedentes para simplificar y mejorar los servicios gubernamentales al evitar la necesidad de desplazamientos de los ciudadanos para la realización de trámites administrativos y, más aún, la posibilidad de brindar atención remota a comunidades lejanas y marginadas.

Para poder aprovechar el potencial de aplicación de las tecnologías de la información en la prestación de servicios públicos, México requiere contar con un marco normativo-administrativo que favorezca su desarrollo. En especial se requiere revisar la normatividad que incide en el sector público y en su interacción con la ciudadanía, a fin de posibilitar además de los procedimientos tradicionales, el uso de los medios electrónicos para la notificación y entrega de documentación.

Las adecuaciones normativas, deben apoyarse además en lineamientos administrativos que definan los estándares y medidas de seguridad indispensables para el uso de medios electrónicos.

Finalmente se requieren garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a igualdad de acceso para la utilización de estos medios y la protección requerida en cuanto a confidencialidad de la información contenida o transmitida por medios electrónicos.

En este documento se analiza la problemática que se enfrenta en este contexto y se presentan algunas propuestas para resolver esta situación.

Problemática y propuestas

Hoy en día existe a nivel mundial una preocupación generalizada de mejorar la eficiencia de los servicios gubernamentales mediante el uso de las modernas tecnologías de la información. Sin embargo, sólo algunos países se han preocupado por revisar su normatividad para adecuarla al nuevo contexto que impone el avance tecnológico.

A nivel general, el uso de la tecnología en la Administración Pública enfrenta cuatro problemas principales:

1. El primero de ellos se relaciona con la normatividad administrativa y aun con aspectos de cultura tecnológica en cuanto al manejo de documentos por parte de las autoridades gubernamentales.

Al reemplazar los documentos tradicionales por sus equivalentes en medio digital, surgen preguntas como qué se entiende por un documento electrónico, cómo autentificar quién es el autor del mismo, cómo garantizar que un documento no ha sido alterado y cuáles son las reglas para su envío y recepción.

Para contender con este problema resulta una condición básica, poder asumir que el documento electrónico provee la misma evidencia que el documento en papel y que el documento puede ligarse a su autor, de la misma forma que la firma autógrafa lo permite. Esta condición puede ser resuelta con las técnicas de criptografía y de firma electrónica.

Sin embargo, es claro que deben establecerse ciertos lineamientos como cuándo se requiere la firma electrónica, cuál es el tiempo de resguardo de información en línea, bajo qué condiciones debe almacenarse la información, cómo contender ante los riesgos de pérdida o violación de información, qué medidas de seguridad deben establecerse, qué protocolos de comunicación hay que utilizar y qué estándares deben establecerse para la transmisión electrónica de datos.

2. El segundo problema se relaciona más específicamente con la normatividad existente en diversos ámbitos.

La legislación mexicana que incide en los diversos procesos administrativos y judiciales, señala explícitamente la necesidad de entrega de documentos en medio tradicional, la notificación personal o por escrito y la firma autógrafa, entre otros aspectos.

Por ello, es necesario analizar las diversas disposiciones normativas y proponer las modificaciones que permitan utilizar además de los procedimientos tradicionales, los métodos electrónicos.

Es decir, el gobierno y la iniciativa privada deben ser autorizados a utilizar documentos electrónicos, emitirlos y recibirlos de las empresas y los particulares, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos relacionados con la obligación de asegurar que el uso de medios electrónicos está sustentado con las condiciones de seguridad requeridas para autentificar los documentos, para evitar la pérdida de información y el acceso no autorizado a datos.

Asimismo, los particulares deben tener claros sus derechos en cuanto a la realización de trámites con el uso de estos medios y se requiere prever como dirimir en una controversia. Así como existen peritos en los medios tradicionales, la legislación debe considerar figuras similares para el caso de los medios electrónicos. En otros países, existen ya auditores, peritos y notarios en informática. En México empiezan a surgir y es necesario que la normatividad defina su actuación.

3. Un tercer problema, se refiere a la necesidad de garantizar igualdad de acceso de la población a las nuevas facilidades que brinda la tecnología.

En este sentido, debe considerarse que la falta de una infraestructura adecuada de telecomunicaciones e informática y la limitada cultura tecnológica de la población en general, impediría en un principio que toda la población tuviera una igualdad en el acceso a los nuevos servicios.

Por ello, es necesario trabajar en dos aspectos: por una parte, que la normatividad permita la convivencia del uso de métodos tradicionales y métodos electrónicos y garantice una equidad en el trato a la ciudadanía independientemente del medio utilizado.

Por otra parte, se requieren ir desarrollando las condiciones para que la población que quiera hacer uso de medios electrónicos y no tenga una infraestructura propia, pueda acceder a los medios electrónicos. Para ello es conveniente analizar proyectos que se están llevando en otros países como los denominados "kioscos electrónicos públicos", donde la población puede utilizar computadoras conectadas a redes para acceder a servicios públicos y privados.

4. El cuarto problema radica en que la legislación vigente no establece garantías a los ciudadanos en cuanto al uso de datos personales contenidos o transmitidos por medios electrónicos.

Es común ya en nuestros días que los datos proporcionados para determinados fines, sean comercializados sin ningún control. También estos datos pueden ser utilizados para favorecer actos de corrupción y discriminación.

En cuanto a este problema existen avances importantes en otros países para regular el uso y el comercio electrónico de datos, que deben ser analizados.

La población debe poder conocer los datos que están almacenados en medios electrónicos, autorizar su uso para actividades distintas a las que fueron consideradas originalmente y poder rectificar o actualizar su información.

Por último hay otro aspecto a considerar: el derecho a la información pública.

Los medios electrónicos representan también una oportunidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad. Es decir, la posibilidad de brindar a toda la población acceso a la información pública que genera el gobierno tanto de su propia actividad, como de otros indicadores de interés general derivados de los datos que recaba.

Así como se garantiza el derecho a la individualidad o a la propiedad, la normatividad debiera garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos.

Esto implica normar que el sector público ponga a disposición de la sociedad la información que genera y establecer los lineamientos que permitan definir aspectos como: qué es la información pública, quién define que los datos tengan este carácter, cuándo un dato privado se convierte en público, cuál es el mecanismo para poner la información a disposición de la ciudadanía, cuánto tiempo debe estar accesible la información en línea, cuál es el valor probatorio de la documentación obtenida por medios electrónicos, cuál es el derecho de un ciudadano de solicitar información adicional, y en quién radica la responsabilidad de la veracidad y oportunidad de la información.

Más aún, bajo esta consideración, es necesario garantizar que el acceso a la información es para todos y esto implica que exista la infraestructura que lo permita. La sociedad no puede dividirse entre la que tiene acceso a la información y la que no lo tiene.

Todos estos planteamientos, permiten concluir que hay mucho por trabajar. Los medios electrónicos pueden representar una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país, si contamos con el marco normativo-administrativo adecuado para aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen.

Pero lo más importante, nunca perder de vista que la informática es sólo un medio, una herramienta, un instrumento. Cualquier modificación normativa para facilitar su uso, sólo tiene sentido en la medida que esté inmersa en objetivos superiores que permitan nuestro desarrollo como nación y que atiendan los preceptos de igualdad, democracia y justicia para todos los mexicanos.

Normatividad administrativa

Como primer punto deberán establecerse las definiciones y lineamientos básicos para el manejo de documentación electrónica por parte de autoridades gubernamentales.

Algunos ejemplos de ello:

Qué es un documento electrónico

Existen diversas definiciones sobre este concepto; a nivel general puede establecerse que un documento electrónico consiste en texto, imágenes, sonidos y otra información transmitida en forma electrónica.

Qué es la firma electrónica y cuándo debe utilizarse

La firma electrónica puede definirse como la transformación de un registro electrónico por medio de una llave única que hace posible autentificar el emisor y contenido del documento. Existen hoy en día diversas herramientas para ello. Lo importante es establecer la necesidad de esta técnica en cualquier documento para el cual se requiera autentificar a su emisor.

Cómo establecer la fecha de recepción de un documento electrónico.

En el ambiente tradicional un documento se considera recibido en el momento que es sellado por alguna oficina administrativa del gobierno. Un documento digital entregado personalmente en diskette, pudiera seguir un procedimiento similar, al emitir la oficina gubernamental un acuse de recibo.

En el caso de que un documento sea enviado por medio de una red, se requiere que el sistema receptor de correo emita automáticamente un acuse de recibo.

Cuánto tiempo y cómo debe conservarse la información en medio electrónico

Sobre este punto aunque es claro que la normatividad vigente señala los tiempos de resguardo de la documentación, es necesario considerar que los medios electrónicos ofrecen diversas posibilidades. Por ello, es necesario analizar cuanto tiempo debe permanecer la información en línea y cuándo puede ser almacenada en otro medio, cómo asegurar la integridad de la información almacenada y las medidas de seguridad para acceso a información.

Uso de estándares

Uno de los aspectos más importantes para garantizar la adecuada prestación de servicios que implican la transmisión de documentación es el uso de estándares. Por ello, deben definirse protocolos de comunicación, estándares para transmisión electrónica de datos y lineamientos de seguridad.

[ Inicio ]

Aviso Legal - Septiembre 2000
Servicios de Biblioteca