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PALABRAS DEL DR. ALFREDO BUSTOS Y DE LA TIJERA,
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA INFORMÁTICA,
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA

Señor Diputado Roque Villanueva
Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados

Señor Diputado Eugenio Ortíz Walls
Presidente del Comité de Biblioteca e Informática de la
H. Cámara de Diputados

Señor Diputado Gustavo Salinas Iñiguez
Secretario del Comité de Biblioteca e Informática de la H.

Cámara de Diputados
Distinguidos miembros del presidium

Señoras y Señores.

Es un placer compartir con ustedes el último de los cinco eventos de la primera etapa de este Foro de Consulta sobre Derecho e Informática.

Agradezco especialmente al Comité de Biblioteca e Informática de la Honorable Cámara de Diputados su comprometida participación en la realización de éste.

Nos congratulamos por la presencia de legisladores, destacados especialistas, académicos, empresarios y servidores públicos, reunidos en este recinto, para dar continuidad a los trabajos de análisis y reflexión de este Foro, durante el cual, en las distintas sedes, se han aportado valiosos elementos que permitirán revisar el marco jurídico-administrativo, y cuyos resultados sirvan de apoyo para elaborar propuestas concretas de adecuación, que favorezca el aprovechamiento y el desarrollo de la infraestructura informática.

La informática en el Plan Nacional de Desarrollo

Como ustedes saben, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se precisan los objetivos para el desarrollo del país y, en particular, en forma explícita algunas directrices para promover el desarrollo de la informática en el ámbito nacional.

En este contexto, se elaboró el Programa de Desarrollo Informático, cuyo propósito es fomentar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información, con el fin de lograr su pleno aprovechamiento como instrumento de apoyo para elevar la productividad y competitividad en los sectores público, privado y social, y con ello propiciar el bienestar de la sociedad.

Por primera vez México cuenta con las estrategias y acciones para alcanzar este propósito, y de esta manera, sustentar un sano desarrollo tecnológico para coadyuvar en el logro de nobles objetivos nacionales.

El Programa de Desarrollo Informático establece entre sus objetivos generales contar con disposiciones jurídicas que aseguren las condiciones adecuadas para favorecer el aprovechamiento de la informática y el desarrollo de la infraestructura en la materia.

Determina, además, dentro de las líneas de acción, instancias de coordinación para el análisis y adecuación de la normatividad, con la finalidad de sustentar la evolución y el uso de la informática, acorde con las necesidades del país.

Con base en lo anterior, y a iniciativa de la Honorable Cámara de Diputados, se promovió la realización del Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, con la finalidad de recopilar las propuestas y experiencias en torno al marco jurídico relativo al uso y desarrollo de la informática.

Sin pretender ser exhaustivo, me gustaría compartir con ustedes los aspectos más relevantes que hasta la fecha se han vertido en este Foro.

Foro de Consulta sobre Derecho e Informática

Durante el primer evento, llevado a cabo en el Puerto de Veracruz, se analizaron los derechos de los ciudadanos a la confidencialidad de la información personal almacenada en bases de datos. En la actualidad, es sabido que información proporcionada con fines administrativos, privados y particulares ha sido utilizada, e incluso comercializada, sin el consentimiento de las personas, afectando su derecho a la privacidad.

Esto se evidencia, por ejemplo, cuando el ciudadano recibe en su domicilio particular y en forma personalizada, múltiples materiales promocionales, cuya procedencia desconoce. La responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse cuando el uso de estos datos ocasione algún daño moral o patrimonial, fue objeto de las deliberaciones de quienes participaron en este primer evento.

El segundo tema tratado en esta reunión se refiere a la protección jurídica que deben recibir las bases de datos de carácter estratégico. Por ejemplo, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitida a finales de 1995, determina la creación de, entre otros, un banco de datos sobre delincuentes, su armamento y equipo, así como sus modos de operación.

La información que este banco contendrá permitirá definir estrategias para el combate al crimen organizado. Cualesquiera modificaciones o alteraciones no autorizadas a dicha información - como a muchos otros bancos de datos de carácter estratégico - desvirtuarían el cumplimiento de sus propósitos. De ahí la necesidad de disponer de un sólido marco jurídico para sancionar los delitos en esta materia.

Para todos estos bancos de datos estratégicos, integrados tanto por el sector público como por el sector privado, se hace necesario analizar los procedimientos para permitir el acceso, la modificación y la consulta de la información, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su inobservancia. Todo ello para preservar la integridad de la información y proteger los derechos de explotación.

Los comentarios de este evento giraron en torno a los siguientes aspectos:

          Propiedad de la información y derechos tanto del sujeto como del poseedor de los datos.

Responsabilidad por los daños causados por mal uso de la información, ya sea porque ésta es incorrecta o tergiversada, o por su carácter, como información confidencial relativa a propiedad industrial y a información de los particulares.

Derecho a que se preserve la confidencialidad de la información, tanto de la que por ley es proporcionada al gobierno como de la que reciban los particulares.

Acceso a la información propia almacenada en bases de datos y derecho a su revisión.

Durante el segundo evento de este Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, realizado en la ciudad de Guadalajara, las participaciones giraron, en primer lugar, en torno a la tipificación de delitos cometidos con el uso de herramientas informáticas. Por ejemplo, la duplicación no autorizada de información almacenada en medios magnéticos, su robo o su destrucción mediante la contaminación por virus informáticos, que pueden causar a las personas y a las instituciones importantes perjuicios, tanto económicos como morales.

Así, se hace necesario analizar nuevas modalidades de conductas delictivas derivadas del uso de las tecnologías de la información, con la finalidad de contar con elementos de juicio para su adecuada sanción.

En este evento también se analizó el valor probatorio del documento electrónico en procesos administrativos y judiciales. En la actualidad existen muchos documentos que se registran y almacenan electrónicamente y que son distintos ante la Ley a los documentos tradicionalmente conocidos. Esto hace necesario analizar la posibilidad y la conveniencia de la admisión y valoración de dichos materiales en situaciones de controversia. Para tal efecto, será necesario evaluar, entre otros aspectos, sus características de seguridad, legitimidad e inalterabilidad.

Los comentarios de este evento giraron en torno a los siguientes aspectos:

Actividades informáticas que se pueden considerar como conductas delictivas y su definición.

Responsabilidad del uso de los datos confidenciales y personales en operaciones de crédito tanto del prestador de servicio como del usuario.

Elementos que deben considerarse para determinar la responsabilidad de las personas autorizadas para administrar bases de datos.

Necesidad de definir el ámbito de aplicación del derecho informático.

Posibilidad de reconocimiento del documento electrónico como medio de prueba.

Requisitos que debe tener un sistema para que su bitácora sea reconocida legalmente.

Durante el tercer evento en la ciudad de Monterrey se abordaron tópicos relacionados con la protección de los derechos de autor. Hoy en día, modificaciones menores en el código de los programas de cómputo, por personas o empresas no autorizadas, pueden dar lugar al ejercicio de una nueva titularidad de derechos sobre los desarrollos originales.

En consecuencia, se requiere precisar la identificación de los elementos a registrarse para determinar dicha titularidad. Considerando la Ley Federal de Derechos de Autor vigente, y su alcance, se buscará obtener respuestas para adecuar y ampliar la protección que ésta ofrece a quienes desarrollarán programas de cómputo, así como protegerlos del uso no legal de sus desarrollos.

También se tocaron diversos aspectos relativos a la protección de derechos de propiedad industrial. Múltiples aparatos electrónicos, entre los que se incluyen algunos de amplio consumo como los electrodomésticos, requieren para su adecuado funcionamiento de microprocesadores y de programas que están grabados en ellos.

Cambios marginales en cualquiera de estos elementos han sido utilizados para "justificar" (entre comillas) un nuevo producto. Por sus características específicas, estos desarrollos no están plenamente identificados en el marco normativo existente. De ahí la necesidad de incorporar nuevos conceptos a la normatividad o de crear un ordenamiento que los contemple.

El grupo de especialistas invitados, así como el auditorio emitieron diversos comentarios, los cuales giraron en torno a los siguientes temas:

La importancia del procedimiento de registro de programas de cómputo.

Titularidad de derechos de los desarrollos que se realizan en empresas o instituciones.

Responsabilidad de los empleados que hacen uso de programas de cómputo ilegal en la empresa o institución en la que laboran.

Definición de términos jurídicos y técnicos para la solución de conflictos derivados del uso ilegal de programas de cómputo.

La posible protección de los programas de cómputo en el contexto de la Ley de Propiedad Industrial.

Definición de contratos de bienes y servicios informáticos.

Durante la cuarta reunión, que se celebró en la ciudad de Tijuana, se trataron los mecanismos de fomento al desarrollo y uso de la informática. Hoy en día, por ejemplo, es importante fortalecer los mecanismos específicos que permiten la disponibilidad de capital de riesgo para los desarrolladores de programas de cómputo. Su limitado alcance, en la actualidad inhibe el desarrollo de este sector en contraposición a lo que ocurre en otros. Este y otros factores hacen necesario que se analice y se realicen las adecuaciones pertinentes al marco jurídico vigente, para contemplar más amplias formas de financiamiento en apoyo a todos los actores involucrados en el desarrollo de las tecnologías de la información.

Otro tema tratado en este cuarto evento es el que se refiere a las condiciones de competencia entre los proveedores. Algunas prácticas comunes en los procesos de licitación pública hacen énfasis en criterios financieros a ser satisfechos por los proveedores, por encima de los de calidad de los bienes y servicios a licitar. De esta manera se dificulta, y aun se impide, la participación de ciertas empresas (por ejemplo, de reciente aparición) en dichos procesos.

Alentar la participación de más y mejores oferentes de bienes y servicios informáticos apoyará tanto la productividad como la competitividad. Es por ello que en dicho evento se analizaron los criterios y las normas nacionales e internacionales, así como sus efectos, para promover su posible adopción.

Los comentarios que fueron emitidos en esta ocasión giraron en torno a:

La competitividad de empresas en el mercado informático.

Apoyos para el desarrollo de proyectos informáticos y mecanismos de evaluación.

Mecanismos para promover y fomentar el desarrollo de empresas de bienes y servicios informáticos.

Instancias de evaluación de calidad de empresas de bienes y servicios informáticos.

Situación de las empresas desarrolladoras de programas de cómputo en el marco de la Ley Federal de Competencia Económica.

Programas de estudio de la licenciatura en derecho que incluyen conceptos informáticos.

Finalmente, en este quinto evento se analizarán los temas relativos a la prestación de servicios telemáticos, así como las condiciones de acceso universal a la infraestructura tecnológica y a la información. Se orientará el estudio de estos temas a la determinación del marco normativo que establezca o haga más precisos los derechos y las obligaciones derivados de los servicios que se brindan a través de la conjunción de las telecomunicaciones y de la informática.

Asimismo, se podrán hacer aportaciones sobre todos los temas que fueron tratados en los cuatro eventos anteriores.

La informática es una herramienta de apoyo esencial para la consecución de los grandes objetivos nacionales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Esta tecnología se ha convertido en un instrumento estratégico para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de todo tipo de organizaciones, y aun de las naciones. Propiciar su adecuado aprovechamiento es de fundamental importancia para el país.

Aprovechar la informática consiste no sólo en adquirir computadoras de nueva tecnología, sino en lograr su asimilación y su dominio en los procesos productivos, administrativos y de toma de decisiones. Aunque en México el uso de esta tecnología ha aumentado paulatinamente, estamos lejos de haber llegado a su óptimo aprovechamiento.

La continua evolución tecnológica, ha hecho necesaria la revisión de las disposiciones normativas para proporcionar una mayor protección a quienes desarrollen programas para computadora y a los propietarios de la información contenida en medios magnéticos y distribuida a través de redes de datos, así como para propiciar condiciones adecuadas en la prestación de servicios públicos y privados por medio de redes.

También es necesario, revisar los aspectos relativos a la disponibilidad de la información proveniente de registros públicos y de carácter administrativo -como es el caso de información de infraestructura urbana- que requieren ser accesibles, tanto por su valor para todo tipo de actividades de planeación públicas y privadas, como por ser información pública.

La definición del valor probatorio del documento electrónico en procesos administrativos y judiciales, es otro aspecto normativo que merece atención en el nuevo contexto de servicios por medio de redes de computadoras. La prevención y penalización de delitos cometidos a través de medios electrónicos requiere también ser analizada.

Por último, es pertinente analizar el esquema de normalización respecto a su aplicación en el ámbito de la informática, a fin de hacerlo acorde con los estándares internacionales.

Es así, como los temas cubiertos a lo largo de los cinco eventos de este Foro abarcan un amplio espectro, como brindar seguridad jurídica a la sociedad en cuanto al uso de su información, tipificación de delitos cometidos con el uso de herramientas informáticas, uso y valor de documentos electrónicos en procesos administrativos y judiciales, protección de derechos de autor y de propiedad industrial, mecanismos de fomento al desarrollo y uso de la informática, y condiciones de acceso universal a la infraestructura tecnológica y a la información.

Por lo anterior, los trabajos y conclusiones presentados en el Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, serán analizados con detenimiento por la Honorable Cámara de Diputados y el INEGI, así como por los grupos de trabajo que sobre los distintos temas se integrarán, para llegar a propuestas específicas en torno al marco normativo que rige la actividad informática en nuestro país.

La oportunidad está abierta y de nuestra respuesta como comunidad organizada depende ahora el éxito de los objetivos que nos hemos planteado. Ante la sociedad de la información y próximos al nuevo milenio, hagamos que la informática se convierta en el instrumento de apoyo para el logro de mayores niveles de bienestar para todos los mexicanos.

Muchas Gracias.

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