Partido Revolucionario     Institucional 

Diseñar una política social de Estado con visión de largo plazo, Aplicar medidas que disminuyan los elementos de pobreza con resultados en el corto plazo. Generar oportunidades de empleo en las zonas más rezagadas y marginadas.

Eliminar los factores que provocan la transmisión generacional de la miseria. Integrar las políticas económicas y sociales hacia la consecución de crecimiento con equidad.

Garantizar el acceso a infraestructura social básica, implementaremos políticas de bienestar social tendientes a crear las condiciones necesarias para sacar de la situación de marginación y pobreza en la que sobreviven millones de mexicanos.

Implementar una estrategia integral que permita a las personas y los distintos grupos sociales tener pleno conocimiento de la realidad en la que viven y de los elementos con los que cuentan para transformarla. Además, garantizar el acceso a los servicios fundamentales que permiten el desarrollo pleno de las personas: alimentación, salud, vivienda y educación.

Política social cuyo efecto sea, crear una sociedad con plena capacidad para realizar el bien común. Un nuevo enfoque en el gasto social. La calidad de los recursos destinados a la superación de la pobreza es un aspecto clave para conseguir los propósitos planteados.

El gobierno de la Alianza por el Cambio acercará los recursos hacia las familias más necesitadas, evitando, en lo posible, la intermediación burocrática: Programas destinados a abatir la desnutrición en las comunidades marginadas a través de mecanismos y subsidios focalizados con la participación de los beneficiarios.

Elaboración de planes a corto plazo que señalen las necesidades específicas a resolver para que, a través de acciones emergentes y estructurales, se disminuyan los graves rezagos de los pueblos indígenas, los ancianos, niños de la calle y discapacitados; particular atención se pondrá en las mujeres de estos grupos, que son aún más afectadas.

Estrategias de aprovechamiento de los recursos propios, orientadas a aumentar los ingresos de la población en condiciones de pobreza, fomentando la generación de empleos en zonas marginadas y su articulación con zonas cercanas.

Aumento de la inversión en la educación y capacitación en zonas marginadas para disminuir la inequidad en el acceso de oportunidades.

Descentralización de los recursos: los programas de combate a la pobreza y sus presupuestos serán operados en forma prioritaria por los gobiernos municipales y sólo en forma subsidiaria por los gobiernos estatales y la federación, estableciendo mecanismos claros de coordinación, transferencia de recursos y compensación de las regiones con marginación. Aplicar criterios estrictos de transparencia y eficacia del uso de recursos, evitando su utilización con fines electorales.

Orientar el gasto y la inversión en la infraestructura física, hacia los servicios públicos que impactan, de manera directa, en el bienestar de las personas. Buscar que la población tenga más y mejores servicios. En el caso de los servicios de salud, la meta es garantizar el acceso a servicios de calidad a todos los mexicanos. En vivienda, entre otras acciones, el gobierno aplicará recursos y revisará el funcionamiento de las instituciones involucradas en esta materia, con el fin de abatir el déficit de vivienda y posibilitar la obtención de una casa digna.

Hacer un esfuerzo importante para mejorar la calidad de las construcciones. En este sentido, promover opciones como la creación de organizaciones cooperativas para la autoconstrucción y el apoyo de instituciones especializadas. Impulsar esquemas que den certidumbre jurídica sobre la propiedad.

Garantizar educación pública, laica y gratuita, de calidad y con valores. Asegurar el acceso a la educación a los niños y jóvenes marginados. Establecer la equidad como un imperativo de la educación a través del sistema nacional de becas y financiamiento. Elevar el nivel y la calidad del sistema educativo. Mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. Proporcionar a los mexicanos la posibilidad de capacitación y educación permanente

La política social se define a partir de tres elementos básicos: política de empleo; educación como elemento fundamental para el desarrollo y una nueva seguridad social.

Para combatir la pobreza y la desigualdad, también es necesario, redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, organización y objetivos; reivindicando su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos sus niveles.

Es decir una educación garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad del Estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, destinando cada vez más recursos a la misma.

Es necesario revisar la Ley del Seguro Social, las leyes derivadas de esta, así como también la Ley del ISSSTE, recuperando en sus bases y principios el carácter público, solidario, redistributivo e integral de la seguridad social, y elaborar un nuevo proyecto de nueva Ley de Seguridad Social.

Avanzar hacia la construcción de un Servicio Único de Salud (SUS) gratuito, con cobertura y acceso universal en el mediano plazo. La inversión total requerida para financiar la infraestructura de salud y el incremento del gasto corriente requerido para constituir y operar este sistema, resulta inferior al 5 % del PIB; esta inversión tendría a su vez que conjugarse con una política pública integral para abatir los costos de los servicios y seguros médicos privados.

Una política social que ponga en el centro de sus acciones a la familia y responda a los derechos colectivos de las mismas, se requiere de inmediato instrumentar políticas públicas que fortalezcan los espacios y vida de las familias, para lograr los mínimos de bienestar.

Es urgente revisar los sistemas de pensiones existentes a fin de buscar elevar sus montos para garantizar la vida digna de los pensionados, jubilados y viudas.

Una nueva Ley Federal de Vivienda permitiría recuperar la promoción de la producción de la vivienda en organismos del sector público, poner en marcha un programa nacional emergente de edificación de vivienda para renta o venta, reutilización y mejoramiento de la existen, saneamiento ambiental, dotación de infraestructura y servicios para sectores populares en el campo y la ciudad.

La democratización de la cultura: Reestructurar, dar mayor autonomía y recursos, así como también ciudadanizar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y dinamizar las actividades del Centro Nacional de las Artes en la capital y su promoción y creación en los estados, y poner en marcha el Sistema Nacional de Creadores, aumentando la cooperación cultural entre el Estado, la empresa privada, las organizaciones sociales y comunitarias.

Se propone elaborar una iniciativa de ley destinada a establecer como una de las garantías individuales el acceso de los mexicanos a su propia cultura; para propiciar un auténtico replanteamiento del marco jurídico existente, vigorizar el proyecto de nación y abarcar en su totalidad los múltiples aspectos de la cultura. La nueva legislación debe garantizar y mejorar la protección de nuestro patrimonio cultural, artístico y estético en todas sus manifestaciones.

Integrar mejor a las regiones y ciudades, conservando su diversidad, es una tarea de largo plazo que se necesita iniciar, si queremos preservar la soberanía nacional y la unidad social, para recuperar las bases de un nuevo proceso de desarrollo.

Es necesario negociar en los tratados de libre comercio, presentes y futuros, la aceptación de cláusulas preferenciales para las áreas atrasadas y la formación de Fondos Compensatorios de Desarrollo Regional.

Asimismo, crear Consejos Regionales de Desarrollo que integren regiones y ciudades dinámicas y estancadas en un esfuerzo común. Por justicia y democracia, las áreas campesinas e indígenas deben recibir atención privilegiada, concertada con sus pobladores.

Se plantean 4 retos para alcanzar la Justicia Social

. Superar a la pobreza extrema.
· Corrección de las desigualdades para la equidad.
· Cobertura y calidad de los servicios públicos.
· Equilibrio con el ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

La política para la justicia social que los priístas proponemos debe:

Ser sostenible. Para ello debe estar vinculada con una política económica y finanzas públicas sanas. En una economía de mercado abierta en competencia globalizada, la política económica debe garantizar el crecimiento acelerado y continuo para generar los empleos, el ahorro interno y los recursos indispensables para avanzar en la justicia social y mejorar la distribución de los ingresos.

Las finanzas públicas sanas deben garantizar los recursos públicos que den continuidad, mayor profundidad y alcance a la acción del gobierno para promover la igualdad de oportunidades. Las crisis recurrentes y su expresión como inflación muy elevada diluyen los avances para la justicia social e implican retrocesos en el ingreso y bienestar.

Contar con recursos crecientes. Aunque hemos alcanzado niveles sin precedente en la inversión y gasto social, los recursos públicos disponibles son insuficientes para lograr los objetivos y moderar las desigualdades. Postula la urgencia de fortalecer económicamente al Estado Mexicano para avanzar en la justicia social. Proponemos que la fortaleza del Estado se exprese en la corrección y moderación de las desigualdades.

El financiamiento público debe complementarse con otras fuentes de recursos aportados por la sociedad a través de mecanismos novedosos e imaginativos.

Ser más democrática. Debemos incluir la participación de nuestra pluralidad en todas las fases de la política social, desde su diseño hasta su ejecución y contraloría. La descentralización y federalización son pasos importantes e irreversibles en la democratización de la política social, pero deben perfeccionarse para garantizar la concurrencia de los órdenes de gobierno con propósitos compartidos. Un Estado abierto sólo es pensable en una sociedad abierta.

Ser más eficiente para cubrir mejor las necesidades. Los objetivos redistributivos y compensatorios para alcanzar la igualdad de oportunidades requieren de una concentración eficaz de los recursos. La llamada "focalización" de la política social debe perfeccionarse a través de acuerdos democráticos que establezcan los criterios de selección y las metas que deben alcanzarse.

La eficacia e importancia de los subsidios generalizados debe analizarse, así como realizar una valoración real de sus beneficiarios y de las ventajas que buscan promover para determinar la conveniencia de mantenerlos, las modalidades de su aplicación o sustituirlo por inversiones dirigidas con precisión y transparencia a quienes más lo necesitan.

Ser integral. El ataque a uno sólo de los síntomas de problemas complejos ha resultado inadecuado. La coordinación efectiva entre dependencias y órdenes de gobierno, con pleno respeto a las competencias pero con una clara exigencia de unidad, requiere perfeccionarse para alcanzar niveles superiores de eficacia y eficiencia.

La concurrencia y coordinación para la justicia social debe contar con los respaldos jurídicos y legislativos que se requieran.

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· Articular una política alternativa de desarrollo que combata la pobreza, permite una creciente generación de empleo, recuperación gradual del salario, reorientación de las finanzas públicas y fortalecimiento y transformación de las instituciones de bienestar social.

La población en pobreza extrema se encuentra muy lejos de la igualdad de oportunidades que postulamos como justicia social.

La presión de la población sobre la tierra poco productiva y su consecuencia, el minifundio, se combinan con carencias en la infraestructura productiva y de comunicación, con largas cadenas de intermediación ineficientes y abusivas, con la temprana incorporación de los niños al trabajo, con deficiencias en la nutrición y el cuidado a la salud, con una educación insuficiente y a veces de baja calidad, con el trabajo migratorio, y con otros factores que cierran el círculo en que se reproduce la pobreza.

Tenemos que admitir que esos esfuerzos han sido insuficientes, lo mismo por su magnitud que por su falta de continuidad, por la debilidad de acciones sectoriales dispersas y carentes de integralidad.

Debemos señalar la distorsión paternalista en muchas de las acciones públicas, que concibieron a los pobres como objetos de una ayuda, de un subsidio que atendía los síntomas pero no alcanzaba sus causas.

· Combatirla de manera eficaz y permanente, otorgándole la prioridad y los recursos, corrigiendo la insuficiencia y falta de coordinación, desterrando para siempre el paternalismo y el centralismo

Desarrollar una nueva cultura de aprecio y respeto a los mayores.

Una nueva relación para aquellos que por razones culturales e históricas han sido discriminados: las mujeres, los indígenas, los ancianos, los discapacitados, los niños de la calle.

· Indígenas. Promover una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Con pleno respeto a los derechos humanos y a su cultura, a sus usos y costumbres, generar cambios para que puedan mejorar su situación comunitaria y personal.

Dar prioridad a programas para su pleno desarrollo económico y social, conservando su identidad y su participación en el entorno nacional. Se hará énfasis en programas de alimentación y nutrición, salud, educativos, económicos y de vivienda.

Discapacitados. Promover, una política afirmativa que les permita acceso adecuado a las fuentes de trabajo, eliminando cualquier tipo de discriminación. El objetivo de esta política será proporcionarles las oportunidades para que puedan incorporarse plenamente a la vida económica, social y política del país.

Tercera Edad. Sus habilidades y experiencia serán aprovechadas por el gobierno y la sociedad. Promover el cumplimiento de normas que protegen sus derechos y provean los recursos necesarios para alcanzar su bienestar.

·Fortalecer a los municipios para que tengan programas de apoyo a este grupo de mexicanos. y coordinar junto con las instituciones privadas, los distintos esfuerzos que se lleven acabo en la materia.

Ante esto no basta un nuevo sistema público de pensiones, sino que además se requiere construir políticas públicas que les den oportunidades de empleo, capacitación, información, seguridad jurídica y cuidados de calidad que les permita seguir desempeñándose como personas activas y productivas.

· Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

· La política social hacia las personas con discapacidad debe ubicarse en principios marcados por la ONU, así como también promover la ratificación y cumplimiento del convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la readaptación profesional y el empleo de los discapacitados.

Tomar las medidas necesarias para garantizar un desarrollo pleno de las niñas y los niños, respetando sus derechos a la vida, la educación, un medio ambiente sano, a la salud, al sano esparcimiento, a ser protegidos de toda forma de discriminación, explotación o maltrato, a formar parte de una familia, a la libertad de opinión, conciencia, religión y asociación.

Los niños de la calle deberán ser sujetos de atención institucional que les garantice la posibilidad de habitar un espacio privado o comunitario, su permanencia en la escuela, la superación de adicciones, su seguridad, la reinserción en la vida familiar y la sociedad en general.

· Además de una educación pública y gratuita en todos los niveles, un gobierno socialmente responsable debe generar mejores oportunidades de empleos, alentar espacios de participación política bajo el respeto irrestricto a la libertad de expresión y organización, abrir espacios y mecanismos permanentes de información e intercambio de ideas y desarrollar servicios integrales frente a sus diversas necesidades.

La cuestión indígena y la Nación.

· El pleno cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar creará la condición legal necesaria para que los pueblos indígenas tomen sus decisiones en cuanto a acceso, uso y disfrute de sus recursos naturales en sus tierras y comunidades, sus formas de organización social y política y sus sistemas normativos internos.

·Será necesario impulsar una educación que devuelva a los mexicanos el derecho a todas sus expresiones culturales y a la vez sirva para revalorar los saberes, conocimientos tecnológicos, prácticas y formas de apropiación de las culturas indígenas.

Equidad para los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, que por su edad, condición o género se encuentran en situaciones de desventaja social y desprotección jurídica, requieren de una especial atención. La familia es el espacio privilegiado para dar solución a los diferentes problemas de vulnerabilidad social.

Reconocemos como grupos vulnerables:

· Las niñas y los niños de la calle,
· Los que sufren violencia intrafamiliar, que se manifiesta en el abuso físico y/o psicológico principalmente en perjuicio de las mujeres y los hijos,
· Las personas con discapacidad,
· Los migrantes,
· Los indigentes,
· Los portadores del SIDA,
· Las personas que presentan adicción a alguna droga,
· Las personas que se dedican a actividades sexuales remuneradas.
· Los que por sus preferencias sexuales son objeto de discriminación.
· Impulsar una política social que apoye a la familia, ya que es el espacio privilegiado para dar solución a los diferentes problemas de vulnerabilidad social, fomentando la solidaridad, equidad y respeto a los derechos de cada integrante de la familia conforme a su genero, edad o condición.
· Promover el conocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos del niño, la creación de instituciones y diseño de políticas públicas que garanticen la protección y seguridad del menor en situación de vulnerabilidad conforme a su problemática específica.
· Establecer medidas para orientar a los padres de familia para erradicar el maltrato al menor, así como hacia los ámbitos escolar y de atención médica, para que se detecte y denuncie el maltrato infantil y casos de abuso sexual.
· Impulsar el combate a las bandas traficantes de menores.
· Promover, para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, la participación de los medios de comunicación masiva, el gobierno, el sector privado y la sociedad en la difusión de los derechos de la mujer y la infancia, así como el enfoque de género.
· Ampliar las agencias y ministerios públicos especializados en violencia intrafamiliar y abuso sexual, enfatizando la reparación del daño a la víctima y una cultura de la denuncia de estos delitos.
· Promover la creación de centros de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, e impulsar la homologación de los códigos civiles y penales de todas las entidades federativas en esta materia.
· Impulsar la creación de un organismo público federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que establezca y coordine las políticas públicas en materia de discapacidad, para dar continuidad a los avances y logros obtenidos e impulsar reformas a las leyes de salud, trabajo y educación para hacerlas acordes con la legislación nacional de protección a discapacitados, que además establezca la obligatoriedad de facilidades para el libre acceso, desplazamiento y movilidad de la población discapacitada en la construcción de obras públicas y la arquitectura urbana.
· Promover una campaña informativa de prevención de la discapacidad originada por embarazos mal cuidados y fomentar una cultura de respeto al discapacitado.
· Promover la creación de más empleos mejor remunerados, para los inmigrantes particularmente en aquellas regiones expulsoras.
· Vigilar el respeto de sus derechos humanos y laborales en el extranjero.
· Promover el mejoramiento de esquemas de repatriación segura y ordenada.
· Promover la ampliación y equipamiento de los centros de atención y albergues para indígenas y destinar políticas públicas orientadas a alcanzar su empleo productivo y reintegración a su núcleo familiar y social.
· Promover programas de salud, seguridad social y asistencia dirigidos a los portadores del SIDA y sus familias, y medidas que vigilen el respeto de sus derechos en los ámbitos social, laboral, educativo y de salud.
· Impulsar la creación de centros regionales de tratamiento integral de personas adictas y sus familiares en todo el país, reforzando los ordenamientos jurídicos para que sean valorados y controlados. Evitar el surgimiento de centros irregulares y no profesionales.
· Diseñar políticas y apoyos específicos para prevenir la farmacodependencia, en la familia y el sistema educativo nacional.
· Promover para la población que se dedica a actividades sexuales remuneradas el respeto de sus derechos y programas de educación, capacitación y empleo.
· Fomentar acciones para otorgar una mayor asistencia psicológica y médica, certeza y defensa jurídica, así como la expedición de una tarjeta sanitaria.
· Proteger los derechos civiles, laborales y políticos de quienes por su preferencia sexual enfrentan discriminación.
· Generar la discusión en torno a la conveniencia de emitir nuevas leyes que aseguren el respeto de sus derechos humanos, encaminadas a eliminar la discriminación de estas personas por sus preferencias sexuales.
· Vida digna en la tercera edad Los adultos mayores son depositarios de la memoria colectiva, transmisores de valores que fortalecen la integración familiar y concentran la experiencia y el talento colectivos adquiridos a lo largo de una vida. No debemos desaprovecharlos.
· Fortalecer el Instituto Nacional de la Senectud
· Promover un programa nacional en materia de salud, educación, capacitación y empleo, vivienda, transporte, recreación y acceso a la cultura y el deporte.
· Promover la incorporación productiva adultos mayores, creándoles oportunidades de generación de ingresos.
· Fomentar el aprovechamiento de su talento y experiencia, en acciones voluntarias de servicio a la comunidad.
· Alentar entre las instituciones privadas, públicas y sociales la creación de programas de apoyo económico, así como un trato especial en materia de pago de cuotas, derechos y aprovechamientos.
· Ampliar los servicios de geriatría y gerontología.
· Promover una cultura de respeto que garantice sus derechos humanos y ciudadanos y fomente en las nuevas generaciones una cultura de prevención y planeación que los prepare para la vejez y la jubilación.
· Garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas el ejercicio de la ciudadanía plena, el acceso a la justicia y el respeto a su dignidad, a través de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.
· Promover la participación y representación política de los indígenas, mediante la postulación de candidatos indígenas en los municipios y distritos electorales donde existan estas comunidades.
· Incorporar en nuestra Constitución el derecho a la educación indígena, para contribuir al fortalecimiento de la identidad de estos pueblos y generar las condiciones para que alcancen su desarrollo.
· Promover la educación intercultural y bilingüe, en los pueblos y comunidades indígenas.
· Profesionalizar la actividad magisterial de la educación indígena.
· Garantizar que los pueblos indígenas accedan a las oportunidades de progreso, propiciando que los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus programas y acciones para mejorar sus condiciones de vida y promuevan la participación de las etnias en la elaboración, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas que les afecten.
· Impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, canalizando mayores inversiones a las regiones indígenas y alentando la concurrencia de las instituciones públicas y privadas para consolidar los mercados laboral, de bienes y de servicios y eficientar las cadenas productivas.
· Impulsar la capacitación de cuadros técnicos y profesionales indígenas.
· Propiciar una mayor representación indígena en los órganos federales y locales.
· Fortalecer la unidad de los pueblos indígenas y construir vínculos de comunicación con la sociedad y el gobierno.
· Revalorizar la diversidad étnica como baluarte de la identidad nacional.
· Garantizar el reconocimiento y el respeto íntegro al derecho de las comunidades indígenas a preservar su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, sus sistemas de convivencia y el orden mediante el cual regulan sus relaciones sociales, económicas y culturales.
· Pugnar por su acceso a un viable, eficaz e imparcial sistema de procuración e impartición de justicia, que respete el ejercicio de sus garantías individuales, usos y costumbres y cuente con sistemas efectivos de asesoría jurídica y servicios de traducción.
· Fortalecer la seguridad jurídica de la tierra, el arraigo al campo y la productividad en las regiones indígenas, pugnando por que las leyes garanticen el disfrute colectivo de las tierras indígenas, asegurando su carácter inembargable, inalienable e imprescriptible.

Acceso a una Educación  de Calidad

PREMISA

Educación pública, laica y gratuita, de calidad y con valores.

La educación es la columna vertebral de nuestro proyecto. Nuestro compromiso, con los mexicanos, es darles acceso universal, de calidad y pertinencia educativa.

El problema educativo debe resolverse fundamentalmente por una exigencia que tiene que ver con la eminente dignidad de las personas, porque la educación es el principal medio para acabar con la desigualdad social.

LOS VALORES

Para incrementar la calidad educativa, nuestra principal estrategia será enriquecer los programas educativos y los planes de estudio para la enseñanza de valores como la justicia, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, la equidad entre mujer y hombre. Además, le daremos especial importancia a las actividades culturales y artísticas y al deporte, factores fundamentales en el desarrollo integral de las personas.

RECURSOS

Incrementando y aplicando inteligentemente los recursos dándole a los niveles básico, medio y superior, la importancia que merecen.

INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Modernizando la infraestructura disponible: aulas, materiales y equipos. Se integrarán a las escuelas al mundo de la informática.

RELACION CON EL MAGISTERIO

Relación con el magisterio que reconozca la alta misión que tienen encomendada: los profesores son los transmisores de la cultura y el conocimiento; son los formadores de conciencia y de valores de las nuevas generaciones lo que debe reflejarse en salarios, estímulos, capacitación y profesionalización

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LA SOCIEDAD

Para ello, es importante continuar con los esquemas de descentralización de manera que las instancias que tomen decisiones estén más cerca del núcleo familiar.

CAPACITACION

Capacitación permanente, sistemas de educación a distancia, capacitación en los centros laborales y aumento de centros comunitarios de información, entre otros.

ANALFABETISMO

La meta es terminar con el rezago.

CIENCIA Y TECNOLOGÌA

Movilización de universidades, centros de investigación, comunidad científica, los tres ámbitos de gobierno, empresas y asociaciones civiles. Para cumplir este propósito se determinaran mayores recursos y adecuará el marco regulatorio y fiscal.

EQUIDAD Y BECAS

Establecer la equidad como un imperativo de la educación a través del sistema nacional de becas y financiamiento.

Educación nacional, para el desarrollo y la democracia

PREMISA

La educación en México no permite el desarrollo de las capacidades potenciales de niños, niñas y adolescentes para su incorporación creativa y productiva a la vida social del mundo cambiante.

Asimismo no ha contribuido a formar plenamente ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas y sus derechos sociales.
Es decir una educación garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad del Estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan organismos internacionales, entre ellos la UNESCO.

LOS VALORES

Para combatir la pobreza y la desigualdad, también es necesario, redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, organización y objetivos; reivindicando su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos sus niveles.

RECURSOS

Destinando cada vez más recursos.

EDUCACION SUPERIOR

Ha prevalecido el erróneo criterio que la educación superior es privilegio como resultado de la deserción, pero además esta mala educación fomenta la discriminación por genero, posición económica, identidad étnica y cultural.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

· Ampliación y desarrollo de las capacidades científico- tecnológicas que garanticen el crecimiento sostenido y equitativo. Bajo la planeación y la coordinación del Estado, que incluya el diseño de políticas adecuadas al modelo de nación que deseamos.
· Incrementar el presupuesto destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica.
· Proponiendo iniciativas de ley para tal fin, que además busquen la vinculación entre ciencia, tecnología, comunidad científico - universitaria e iniciativa privada nacional.
· Revisar y adecuar el régimen de propiedad industrial y patentes
· Consolidar los grupos y asociaciones científicas existentes, revisándose las asignaciones a CONACYT y al Sistema Nacional de Investigadores, en función de las prioridades nacionales.

Calidad y eficiencia terminal. La educación pública debe fortalecer su calidad y convertirse en el mejor mecanismo para la igualdad de oportunidades y de movilidad social.

Diversificar las opciones terminales, así como las alternativas técnicas superiores que está demandando la nueva realidad y lograr niveles internacionales de educación ya que sólo así podremos alcanzar la eficiencia necesaria para encarar los desafíos que impone la globalización.
Reestructurar el Sistema Nacional de Educación e impulsar un nuevo proyecto educativo, a partir de la educación básica integral como el cimiento de toda educación posterior . Asegurar que cada niña y niño tenga acceso a cuando menos dos años de educación preescolar, por ser una etapa fundamental para el crecimiento y desarrollo creativo, intelectual y físico futuro.
Una educación básica integral, que refuerce la autoestima de nuestros hijos; la lectura y el lenguaje matemático, desde los niveles más tempranos; los conocimientos de español, matemáticas, civismo e historia, así como la enseñanza de los valores para la convivencia y el desarrollo social; los contenidos culturales como refuerzo de nuestra identidad y nacionalismo; los idiomas y la computación; el fomento de la creatividad y la capacidad innovadora; así como la educación física y el deporte, para hacer posible que continuemos siendo un pueblo libre y soberano con capacidad técnica y humanística.

LOS VALORES

La educación de calidad que postulamos debe reafirmar nuestra identidad, consolidar una sólida cultura democrática y de la legalidad, enseñar los valores del diálogo, la tolerancia, la libertad, la justicia, la igualdad de género respetuosa de los derechos humanos, el sano uso del tiempo libre y la importancia del cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Impulsar nuevas fuentes de financiamiento, para la construcción y mantenimiento de más y mejores planteles educativos en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional o para problemas de aprendizaje, para evitar la deserción escolar.

Alcanzar la cobertura total de la demanda de educación básica y ampliar la cantidad de escuelas de educación especial para atender a las personas discapacitadas.

Dotar a las escuelas de mejores materiales didácticos e incorporar nuevas tecnologías, como las computadoras desde el nivel básico, así como equipo especializado para apoyar la investigación y el quehacer académico de los niveles superiores y de posgrado.

Impulsar una eficaz formación docente y didáctica, académica y cultural de los maestros, otorgando estímulos a la eficiencia en el desempeño y promoviendo su reconocimiento social, a la vez que estableciendo requisitos académicos de acreditación periódica.

Promover la participación activa de los actores del proceso educativo, impulsando consejos de participación social que representen la diversidad regional en la atención de las deficiencias locales específicas en materia educativa.

Promover la vinculación de la educación y la capacitación con el empleo, reforzar la educación para adultos y la capacitación técnica. Reconocer las habilidades y conocimientos laborales del aprendizaje empírico.

Fortalecer a las instituciones de educación media superior y superior, mediante instrumentos que promuevan la excelencia académica y su contribución al desarrollo científico y tecnológico del país.

Instrumentar mecanismos de evaluación permanente del desempeño del sistema educativo nacional, actuando con eficacia para corregir obstáculos e incrementar el porcentaje de titulados a través de nuevos métodos.

Para elevar la eficiencia terminal y mejorar la infraestructura. Reforzar los programas de apoyo alimenticio a la infancia, especialmente en las regiones marginadas de las zonas rurales y urbanas.

Ampliar el horario de la educación básica, para un mejor aprovechamiento escolar integral, apoyando la infraestructura de comedores para proporcionar dietas balanceadas a los educandos.

Impulsar y diversificar las opciones técnicas en la educación media y superior, generando una fuerza de trabajo acorde al nuevo perfil laboral y a las tendencias del cambio tecnológico y económico.

Los principales retos de la educación superior consisten en elevar su calidad, cobertura, pertinencia y financiamiento, y que ningún joven teniendo talento, vocación y méritos, quede sin acceso a las instituciones de educación superior o tecnológica, independientemente de su condición económica.

Ampliar los programas de becas y estímulos para estudiantes de bajos recursos y alto nivel de aprovechamiento en todos los niveles educativos.

Ampliar los programas compensatorios orientados a abatir la deserción y la reprobación, estimulando la permanencia y conclusión de los estudios.

Crear las condiciones para que la economía crezca a tasas de 7% y genere, cuando menos, 1,300,000 empleos anuales.

· Crear el marco institucional y las condiciones de certidumbre, claridad y participación necesarias para generar las fuentes de empleo que se necesitan.

Garantizar las fuentes de empleo que demanda la población, particularmente aquellos que, año con año, se integran a la fuerza de trabajo, he iremos avanzando en forma efectiva para acabar con el gran rezago laboral que padece nuestro país.

Hoy, 1 de cada 2 jóvenes está condenado al desempleo o la economía informal.

Empleos que sean un instrumento de desarrollo humano y que estén mejor remunerados, en otras palabras, necesitamos un crecimiento económico con calidad.

Con políticas que estimulan la participación del sector privado, se generan los empleos necesarios.

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Además de garantizar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, impulsaremos programas permanentes de capacitación que, entre otras metas, den a los trabajadores las herramientas necesarias para actualizar sus conocimientos e incrementar sus habilidades.

· Estabilidad laboral para los servidores públicos, por lo que proponemos profesionalizar su trabajo, estableciendo el servicio civil de carrera.

· Apoyo a una planta industrial moderna y productiva. Para generar los empleos que necesitamos en los centros urbanos, es imprescindible que nuestra industria produzca con calidad y que la producción no lesione al medio ambiente. El apoyo a la inversión directa nacional y extranjera, los procesos de simplificación administrativa, los programas de capacitación al personal, los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo de una base científica son políticas que instrumentaremos de inmediato

Impulsar esquemas laborales, de seguridad social para facilitar y fomentar empleos para las mujeres mexicanas.

Rectificación del gasto programable para tener un presupuesto equilibrado en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad y de la economía, prestándole especial atención a generación de empleos, entre otros.

· Generar más empleos y estimular la reconstrucción de las cadenas productivas. Por ejemplo en Pemex.
· La protección e impulso del empleo rural agropecuario y no agropecuario.
· Aumentar el empleo.

Una vía alterna de combate al desempleo debe ser una política activa de creación de empleo productivo para los mexicanos, con estímulos a la inversión productiva y programas específicos, que los incorpore al trabajo, mejore sus ingresos y les permita disfrutar de sus derechos.

El 40% de la población mexicana es de jóvenes y representa el 46% de la Población Económicamente Activa. Pese a eso sus expectativas de vida no son nada alentadoras debido, entre otras cosas al desempleo y la marginación.

Las condiciones fundamentales en que se mueve el mundo del trabajo se encuentran profundamente deterioradas y en el panorama nacional sólo se observa: desempleo y subempleo masivos, la caída vertical de los salarios reales y las graves distorsiones en las relaciones laborales.

La economía nacional no ha sido capaz de crear anualmente el millón de empleos que necesitan para incorporar a la misma cantidad de jóvenes que desean incorporarse al mercado de trabajo. Amén de los despidos masivos provocados por las crisis recurrentes, la baja en los salarios y la disminución de su poder adquisitivo durante los últimos 20 años, agrava la situación del trabajador.

Emprender acciones concertadas entre trabajadores y empresarios para que se alcance la meta de generar la mayor cantidad posible de empleos que requiere la sociedad e iniciar la recuperación de los salarios y su poder adquisitivo.

Autoempleo sustentable de las comunidades campesinas e indígenas, así como de jóvenes, mujeres o grupos marginados de cualquier naturaleza y con limitaciones de acceso a los mercados formales de crédito o de empleo, a través del fomento a la creación de empresas sociales.

· Actualizar el marco jurídico de la empresa social, para alentar su impulso a partir de criterios de simplificación fiscal y tributaria y de expresar con claridad los derechos, obligaciones y responsabilidades de sus socios.

· Impulsar un programa de fomento a la empresa social, que apoye el rescate y la consolidación de las cooperativas e incorpore el conjunto de instrumentos legales, administrativos, financieros y técnicos que para ello se requieren.

· Promover el desarrollo de la capacidad innovadora y emprendedora, así como el liderazgo empresarial y el autoempleo, como principios fundamentales de la empresa social, especialmente en los jóvenes de los medios rural y urbano.

· Formar cadenas productivas y de comercialización en ámbitos regionales o microrregionales, para la integración de las empresas sociales a las de mayor escala, fortaleciendo su presencia en los mercados.

Que los trabajadores ganen más y que les alcance para más. Así, los salarios reflejarán el esfuerzo y la productividad, así como la importancia que cada persona le asigna al sostenimiento de los suyos. Políticas que estimulan la participación del sector privado.

Recuperación salarial y desarrollo del mercado interno.

Desempleo y subempleo masivo reducen el poder adquisitivo de los mexicanos contrayendo la demanda interna.

Es necesario restituir progresivamente el poder adquisitivo del salario, modernizar a los sectores comerciales atrasados e integrar progresivamente al sector informal, son las exigencias de equidad y justicia y de recuperación del mercado interno.

Un crecimiento sostenido que ayude, en tres otras cosas a mejores salarios, para lo cual una prioridad es el combate a la inflación, una inflación elevada afecta principalmente a quienes reciben un salario o una pensión fija y a quienes menos tienen.

Deber fundamental del Estado es dar seguridad a sus ciudadanos, nuestro compromiso es construir un país seguro, en donde se proteja la vida, la salud, la integridad y los bienes de todos

La meta es garantizar el acceso a servicios de calidad a todos los mexicanos.

· Estableceremos mecanismos que garanticen el pago de pensiones alimenticias y escolares en caso de rompimiento matrimonial y fortaleceremos la legislación vigente para atacar la violencia intrafamiliar. Asimismo, promoveremos una nueva cultura de respeto y de equidad a favor de las mujeres mexicanas.

IMPULSAR LINEAMIENTOS DE SALUD

· Impulsaremos lineamientos de y seguridad social para facilitar y fomentar empleos para las mujeres.

La antigüedad de las instituciones de la salud y los recientes cambios legislativos realizados a su marco legal, contravienen el mandato constitucional sobre un seguro de salud integral, pública y solidaria; y tienden a desmantelar y a privatizar este sistema de protección social; por ello proponemos revisar dichas reformas y elaborar un nuevo marco legal para reivindicar estos derechos y hacerlos extensivos a todos los mexicanos y las mexicanas.

El país requiere de un sistema de salud universal, equitativo, descentralizado y regionalizado, integrado y plural; y con carácter gratuito para poder proteger a quiénes no pueden acceder a la atención privada de la salud.

Revertir de inmediato la tendencia decreciente del presupuesto público asignado al sector salud, para detener el proceso de deterioro de su infraestructura; financiar los servicios de salud proporcionados por el gobierno, manteniendo las cuotas obrero-patronal actuales en el caso del IMSS y agregar la aportación estatal comprometida en la misma ley.

Para la cobertura total de la población, es preciso desligar el acceso a dichos servicios del empleo formal, transitando del esquema de cuota obrero-patronales a un impuesto de seguridad social. Esto permitiría, por un lado, incrementar la masa de contribuciones y, por el otro, introducir esquemas solidarios de redistribución del ingreso.

Es necesario avanzar hacia la construcción de un Servicio Único de Salud (SUS) gratuito, con cobertura y acceso universal en el mediano plazo. La inversión total requerida para financiar la infraestructura de salud y el incremento del gasto corriente requerido para constituir y operar este sistema, resulta inferior al 5 % del PIB; esta inversión tendría a su vez que conjugarse con una política pública integral para abatir los costos de los servicios y seguros médicos privados.

Finalmente, este nuevo sistema deberá dedicar su máxima atención a la solución de problemas prioritarios de la población tales como, la promoción de la salud de la población en general, el saneamiento básico, la salud materno-infantil, la prevención de enfermedades, y la atención especial y comprometida de la población afectada por enfermedades terminales como el SIDA

El derecho a la seguridad social, es un derecho constitucional, la seguridad social en lugar que aumentara su cobertura, disminuyó como resultado de las políticas neoliberales. Ocasionando que el Estado a la seguridad social la haya convertido en políticas asistencialistas.

Es necesario revisar la Ley del Seguro Social , las leyes derivadas de ésta, así como también la Ley del ISSSTE, recuperando en sus bases y principios el carácter público, solidario, redistribuido e integral de la seguridad social, y elaborar un nuevo proyecto de nueva Ley de Seguridad Social.

Siendo la salud una condición para el desarrollo de los mexicanos habrá que resolver los retos socioeconómicos y fortalecer el Sistema Nacional de Salud, modernizándolo y volviéndolo más eficiente para brindar servicios de calidad y calidez para los usuarios; asegurar el pleno acceso y aplicar un enfoque integral que destaque la educación para la salud y la prevención de padecimientos, sin descuidar la medicina curativa. También es necesario encontrar nuevas fórmulas de financiamiento y racionalizar y optimizar el uso de los recursos, así como consolidar la descentralización del sector dentro de un esquema que involucre a la ciudadanía en las decisiones sobre los servicios de salud.

Los cambios anteriores serán insuficientes si subsisten las grandes diferencias regionales, que se traducen en desigualdades socioeconómicas que también afectan la salud de la población: los cinco estados más pobres de la República tienen el doble de mortalidad infantil que las cinco entidades más ricas, circunstancias que demandan reforzar las acciones de salud en las zonas económicamente rezagadas, o bien, marginadas por su dispersión y difícil acceso.

· Fortalecer la calidad del Sistema Nacional de Salud, mediante la consideración de las demandas de los usuarios y prestadores del servicio en cada región del país, la dignificación y capacitación del personal de salud para lograr un desempeño más eficiente, continuar la modernización de la regulación sanitaria para alcanzar niveles internacionales, reforzar e innovar los esquemas de inversión y financiamiento, preservar lo alcanzado y privilegiar la atención primaria y de los grupos vulnerables, así como promover el mantenimiento y la renovación de los programas de adquisición y reemplazo de equipo tecnológico e instrumental.

· Alcanzar la cobertura universal en los servicios básicos, en condiciones de equidad entre regiones, grupos y géneros, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la coordinación interinstitucional, la promoción del municipio saludable y focalización de las acciones para los grupos de alto riesgo.

· Reforzar el programa de reforma del sector salud, fortaleciendo la coordinación intersectorial, fomentando la coparticipación entre los servicios de salud públicos y privados, la incorporación de la población civil y la cooperación de organismos y agencias internacionales vinculadas a la salud.

· Concertar modelos de salud que propicien mejores condiciones ambientales, sanitarias y de nutrición de las familias.

· Vincular las instituciones de salud con las académicas, para capacitar al personal con un perfil acorde a las necesidades del sector y al avance del conocimiento y desarrollo tecnológico, así como fomentar la investigación en salud en las líneas básica, clínica, epidemiológica y de sistemas y servicios de salud.

· Analizar la instrumentación de un seguro médico básico en el primer nivel de atención para población abierta.

· Promover una cultura y hábitos alimentarios para propiciar la adecuada y balanceada alimentación de la población, como uno de los principales factores determinantes de una buena salud.

Continuar los esfuerzos para que toda la población tenga acceso a los servicios y prestaciones de seguridad social del Estado como condición para la igualdad y el desarrollo social. Es indispensable articular estrechamente las políticas de salud con las de la seguridad social, así como la vinculación, coherencia y complementación entre sectores, para asistir y brindar servicios de mayor calidad para toda la población y en especial de la más necesitada.

Ampliar la protección de la seguridad social a la población, actualizando y mejorando sus normas de operación y canales de participación social, para satisfacer con servicios de mayor calidad las necesidades de sus beneficiarios.

· Consolidar la reforma de las instituciones de seguridad social, incorporando esquemas que mejoren su funcionamiento y eficiencia.
· Avanzar en la meta de alcanzar un sistema de seguridad social universal, mediante el fortalecimiento y coordinación de sus instituciones y una mayor eficiencia operativa.
· Elevar a rango constitucional la seguridad social, para que se convierta en un derecho de todas las mexicanas y mexicanos.
· Ampliar la cobertura del servicio de guarderías en las diversas regiones del país e incrementar los servicios que prestan.

· Aplicar recursos y revisar el funcionamiento de las instituciones involucradas en esta materia, con el fin de abatir el déficit de vivienda y posibilitar la obtención de una casa digna.

· Mejorar la calidad de las construcciones.

· Promover la creación de organizaciones cooperativas para la autoconstrucción y el apoyo de instituciones especializadas.

· Impulsar esquemas que den certidumbre jurídica sobre la propiedad.

Insalubres, carentes de servicios, edificadas muchas de ellas en zonas de alto riesgo. No hay política oficial para el fomento de la vivienda rural o de alquiler. Los requisitos del crédito público o privado son excesivos y por tanto excluyentes de las familias.

· Garantizar de manera paulatina pero constante, el derecho de acceso al suelo y la vivienda digna, promoviendo la unificación de la normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en las modalidades de propiedad o en renta, incluido el informal y popular.

Una nueva Ley Federal de Vivienda permitiría recuperar la promoción de la producción de la vivienda en organismos del sector público, poner en marcha un programa nacional emergente de edificación de vivienda para renta o venta, reutilización y mejoramiento de la existente, saneamiento ambiental, dotación de infraestructura y servicios para sectores populares en el campo y la ciudad.

El partido postula que la vivienda es el espacio vital en el que deben habitar digna y decorosamente las familias mexicanas. Es un derecho social que refleja la calidad de vida de la población y fomenta la actividad económica y la generación de empleos.

La caída del financiamiento de la vivienda en los últimos años, que no alcanza a cubrir la mitad de las que se requieren anualmente, es resultado de la falta de integración del mercado inmobiliario; de un deficiente marco jurídico e institucional que propicia una regulación excesiva, desalienta la inversión y encarece los costos de las viviendas; del incremento en la cartera hipotecaria vencida; de la falta de subsidios y estímulos fiscales en la producción habitacional, y de la limitada oferta institucional y bancaria de créditos para la población de bajos ingresos.

· Impulsar una política social de Estado en materia de vivienda con visión de largo plazo, que supere a los proyectos sexenales, para apoyar la edificación de 600,000 a 700,000 viviendas por año.

· Analizar la fusión o integración operativa de los organismos federales de vivienda -INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI, FONHAPO y CORETT-, para reducir costos, lograr una mayor eficiencia e incrementar el financiamiento anual de vivienda.

· Promover un gran impulso a la inversión pública, social y privada en vivienda, apoyada en el mayor ahorro interno y en la coordinación eficiente de los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores social y privado.

· Fomentar programas de oferta legal de suelo apto para la construcción de viviendas, accesibles a las familias de menores ingresos, mediante esquemas de lotes con traza urbana, urbanización gradual y vivienda progresiva.

· Fortalecer los mecanismos de financiamiento para la construcción, adquisición y rehabilitación de vivienda, fomentando un sistema nacional de ahorro popular para la vivienda que tome en cuenta la relación enganche-crédito de acuerdo con la capacidad de pago del adquiriente, premie al ahorrador con rendimientos reales y acceso a instrumentos financieros flexibles, así como propicie que los trabajadores del sector informal de la economía accedan a esos créditos.

· Incorporar esquemas de subsidios para el financiamiento de vivienda, garantizando la transparencia en las asignaciones y focalizándolas en la población de menores ingresos, contando con la participación corresponsable de los tres órdenes de gobierno y los propios beneficiarios.

· Desarrollar programas de vivienda rural y de mejoramiento de la vivienda, a través de esquemas que incorporen subsidios, crédito a la palabra y la autoconstrucción, actuando principalmente en las regiones con mayor rezago o necesidad y de acuerdo con sus características.

· Fortalecer el vínculo entre suelo, desarrollo urbano, ambiente y vivienda, como perspectiva para ordenar los asentamientos humanos, mejorar la gobernabilidad y seguridad de las ciudades, promover el desarrollo sustentable y fomentar el incremento habitacional.

· Desarrollar un mercado integrado de vivienda de interés social y popular, mediante la homologación de las reglas y criterios con que operan los organismos públicos de vivienda y la actualización del marco jurídico para acelerar la desregulación, la degradación de las actividades habitacionales y el establecimiento de estímulos fiscales para la producción habitacional.

· Crear un mercado secundario de hipotecas, orientado a canalizar el ahorro de largo plazo hacia el sector hipotecario e impulsar esquemas de financiamiento de vivienda usada y vivienda para arrendamiento.

· Procurar la canalización de recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la adquisición de títulos respaldados por hipotecas, para ampliar el financiamiento de la vivienda y reducir los costos de los créditos hipotecarios.

· Revisar y adecuar la legislación bancaria, civil y mercantil, para regular los esquemas crediticios de largo plazo para vivienda, con criterios de certidumbre jurídica, equidad, protección de las garantías hipotecarias y de estímulo a la cultura del pago.

· Promover la innovación de las técnicas y materiales para la producción de vivienda para mejorar su calidad y precio.

· Disminuiremos los costos financieros a través del otorgamiento de créditos con tasas preferenciales y profundizaremos los programas de transferencia de tecnología. 

· Ampliación de mercados, promoveremos la inversión productiva con capital nacional y extranjero y fomentaremos las exportaciones a través de programas de promoción.

· Se utilizará inversión pública para rehabilitar y modernizar la maquinaria e infraestructura, incluyendo la hidráulica, con un especial énfasis en el tratamiento de aguas.

· El respaldo firme a la actividad agrícola y ganadera provocará un aumento en la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. La introducción de prácticas agropecuarias sustentables no pondrá en riesgo sus fuentes de ingreso en un futuro.

· Programas de desarrollo rural para desincentivar el cultivo de estupefacientes.

· El artículo 27 Constitucional tiene que ser revisado y reformado escrupulosamente. Además de los criterios aplicables a los límites legales de la propiedad, deben de considerarse los de sustentabilidad agroecológica y de modernización sin riesgos.

Unos cuantos agroexportadores mexicanos y las corporaciones agroalimentarias norteamericanas son los grandes beneficiarios de la liberalización comercial.

La inclusión del maíz en el TLCAN, justificada por el gobierno, como medida para reorganizar al sector agrícola, originó, entre otros efectos, la destrucción a mediano plazo de la base de recursos genéticos asociada a los productores que de acuerdo al tratado, deben de abandonar el cultivo del maíz, desplazando a las variedades de semillas criollas por la utilización de híbridos de alto rendimiento que originan erosión genética, que produce un fuerte daño al tejido social y cultural en el que florece la diversidad genética del cultivo, así como la destrucción de la información relacionada con el uso y destino de esas semillas.

Un programa alternativo debe plantear la soberanía alimentaria, la recuperación del crecimiento económico sectorial, el superávit de la balanza comercial agropecuaria, la protección e impulso del empleo rural agropecuario y no agropecuario, la promoción de un desarrollo con sustentabilidad, el abatimiento de la pobreza extrema y la disminución de la pobreza rural.

· A la población indígena rural, reconocimiento y respeto a sus derechos y autonomía, políticas de apoyo y fomento productivo, adecuándolos a sus formas particulares de organización y gestión económicas.

· Promover un Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral.
· Articular estratégicamente a las regiones agropecuarias del país, favoreciendo la creación de cadenas productivas integradas a los mercados nacionales y de exportación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que generen nuevos empleos y aprovechen sustentablemente los recursos del campo.
· Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, pues es condición indispensable para atraer inversiones, generar cadenas productivas y fomentar asociaciones entre el capital privado, productores y campesinos.
· Culminar el Programa de Certificación de Derechos Agrarios (PROCEDE).
· Mejorar la aplicación del sistema de justicia agraria, reforzando al Tribunal Superior Agrario, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.
· Reorganizar a las dependencias e instituciones que atienden las políticas agropecuarias y de desarrollo rural integral, para propiciar su eficiencia en el campo.
· Impulsar la modernización del ejido, con base en los principios estipulados en la reforma al Artículo 27 Constitucional y la nueva ley agraria.
· Elevar la producción a través de políticas orientadas a agregar valor a los productos, desarrollar agroindustrias.
· Incrementar la exportación de productos agropecuarios.
· Aumentar los recursos destinados a los programas de apoyo a la producción, la competitividad, la diversificación de cultivos y los proyectos productivos de mujeres y jóvenes, como lo es la Alianza para el Campo y el Procampo.
· Proteger los precios de nuestros productos agropecuarios, mediante subsidios y estímulos fiscales que no afecten el equilibrio financiero del gobierno federal o las cadenas productivas y no generen corrupción.
· Fortalecer el financiamiento y reactivar el crédito al campo, a través de los fondos de inversión y de fomento, la consolidación de las asociaciones y organizaciones de productores, el crédito a la palabra y el fortalecimiento de las uniones crediticias.
· Establecer mecanismos de seguros y garantías, que permitan enfrentar el riesgo climático y las variaciones de precios.
· Desarrollar nuevos mecanismos de comercialización, que garanticen el abasto interno y permitan a los productores contar con información adecuada para tomar sus decisiones de producción a fin de hacer frente a la competencia internacional.
· Apoyar la expansión y el mantenimiento de la infraestructura agrícola y ganadera, a través de la ampliación del sistema de distribución de agua, la rehabilitación y construcción de presas, la extensión de distritos y unidades de riego, el desarrollo de caminos, transportes y comunicaciones, el mejoramiento de la explotación de pozos.
· Construir carreteras libres de altas especificaciones, que permitan el acceso a las grandes zonas agrícolas del país.
· Diseñar mecanismos que ofrezcan oportunidades de trabajo y desarrollo a los campesinos, a los jornaleros agrícolas y a quienes emigran por razones económicas, garantizando el pleno goce de sus derechos laborales y atendiendo así la creciente demanda y el excedente de mano de obra.
· Apoyar el desarrollo de la pesca, la acuacultura, la horticultura, la silvicultura, la avicultura, la minería y el turismo ejidales, con criterios de protección del ambiente y mediante el aumento de la inversión en infraestructura, el crédito y el financiamiento, la innovación científica y tecnológica y la capacitación.
· Respaldar la modernización tecnológica de los pequeños y medianos productores, de ejidos y grupos indígenas, por medio de proyectos de investigación agropecuaria y asistencia técnica.
· Promover la inversión y la co-inversión privada y social en el campo, ya sea en proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, agroindustriales, mineros, turísticos, de acuacultura y pesca o de comercialización, revisando los casos exitosos de asociación registrados durante los últimos años y perfeccionando los mecanismos de apoyo fiscal, financiero y de crédito, técnico y tecnológico.
· Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones dedicadas a la formación de profesionales y de investigación agropecuaria.
· Apoyar a los campesinos de bajos recursos con potencial productivo, mediante el aprendizaje, la capacitación, la asistencia técnica y la adquisición de equipo e implementos de trabajo de tecnología intermedia, para elevar la productividad en el campo.
· Crear una bolsa de productos y servicios agropecuarios, con enfoque regional e integrada en un sistema nacional de comercialización apoyado en las organizaciones regionales de pequeños productores.

Es urgente revisar los sistemas de pensiones existentes a fin de buscar elevar sus montos para garantizar la vida digna de los pensionados, jubilados y viudas.

La mayoría de las personas de la tercera edad enfrenta inseguridad económica y graves carencias por falta de políticas públicas adecuadas, esto les impide disfrutar de esta etapa de la vida; dos tercios de ellas carecen de pensión, y al tercio restante la pensión no les garantiza una vida digna.

Ante esto no basta un nuevo sistema público de pensiones, sino que además se requiere construir políticas públicas que les den oportunidades de empleo, capacitación, información, seguridad jurídica y cuidados de calidad que les permita seguir desempeñándose como personas activas y productivas.

70% de los mexicanos en esta condición perciben solamente un salario mínimo, lo cual se traduce en una considerable merma en su calidad de vida y se suma a las desventajas propias de la tercera edad.

· Perfeccionar los sistemas de ahorro para el retiro, a fin de contribuir al aumento de pensiones y jubilaciones, que permitan satisfacer las necesidades básicas de sus beneficiarios.

· Promover un esquema financiero uniforme de pensiones y jubilaciones para todas las instituciones de seguridad social.

· Homologar políticas de seguridad social para el retiro, a fin de que se tome en cuenta toda la carrera salarial del trabajador para el cálculo del monto de la pensión o jubilación.

· Integrar las políticas económicas y sociales hacia la consecución de crecimiento con equidad.

· Aumento de la inversión en la educación y capacitación en zonas marginadas para disminuir la inequidad en el acceso de oportunidades.

· Establecer la equidad como un imperativo de la educación a través del sistema nacional de becas y financiamiento.

· Para incrementar la calidad educativa nuestra principal estrategia será enriquecer los programas educativos y los planes de estudio para la enseñanza de valores como la justicia, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, la equidad entre mujer y hombres.

· Por otro lado, México necesita concluir su transición democrática y consolidar sus procesos electorales, a través del fortalecimiento de sus instituciones públicas, el equilibrio de poderes y un continuo avance en la legalidad, equidad y transparencia de sus comicios.

· Garantizar a las mujeres equidad y oportunidades en todos los ámbitos, propiciando además una cultura de reconocimiento y aprecio hacia ellas.

· Promoveremos una nueva cultura de respeto y de equidad a favor de las mujeres mexicanas.

· La descomposición del régimen político de partido de Estado, la corrupción, el narcotráfico y la violencia generalizada; con todo esto nuestra Constitución ya no responde a los anhelos democráticos de los mexicanos, ni a las necesidades del presente y del futuro, y que perdió su capacidad de garantizar la gobernabilidad democrática y un desarrollo económico y social con equidad y justicia.

· Se requiere una reforma electoral que garantice la competencia con equidad, la eliminación de restricciones a las alianzas y coaliciones, la consolidación de un sistema plural de partidos políticos y el pleno derecho al ejercicio de los derechos políticos.

· Es necesario aumentar el empleo estable para restituir progresivamente el poder adquisitivo del salario, modernizar a los sectores comerciales atrasados e integrar progresivamente al sector informal, son las exigencias de equidad y justicia y de recuperación del mercado interno. El Estado puede y debe jugar el papel de promotor, facilitador y asesor de este proceso.

· Un genuino régimen federal debe procurar el desarrollo de los municipios, su autonomía y la administración de sus recursos conforme a sus necesidades. Así mismo impulsar una reforma fiscal integral que garantice equidad entre lo que aportan y reciben estados y municipios. También en materias de salud, medio ambiente, seguridad pública y asentamientos humanos, gobierno federal y estados, deben planear y ejecutar sus acciones.

En México, la desigualdad es muy alta y significa un freno a nuestro desarrollo económico y social. La desigualdad tiene muchas expresiones. Se manifiesta entre el campo y la ciudad; entre las regiones y sus localidades; en el ingreso de las familias que se acumula en grupos relativamente pequeños; en los pueblos indígenas que generalmente se asocian con la pobreza extrema; en las relaciones entre los géneros; en las condiciones de los grupos de edad, y en las dificultades adicionales para los grupos vulnerables. Las diferencias que como Nación nos enriquecen y fortalecen nuestra identidad, todavía se asocian con desigualdades que obstaculizan la convivencia armónica y el desarrollo humano.

La desigualdad nos distancia de nuestras aspiraciones.

La moderación de las desigualdades requiere de la intervención activa del Estado y del gobierno. Para el Estado, la expedición de leyes y normas justas y actualizadas, la certeza de la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la preservación de la normalidad electoral y la profundización de la vida democrática para una representación más activa y eficaz de nuestra diversidad, son instrumentos para superar las desigualdades y alcanzar la justicia social. Para el gobierno, responsable directo de promover la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, la justicia social es propósito supremo para dirigir todas sus acciones.

La corrección de las desigualdades extremas es para el gobierno requisito esencial para avanzar en la justicia social, por eso le corresponde desarrollar una política activa para promoverlas con la asignación de los recursos públicos y las estrategias para su aplicación. El gobierno debe tomar las iniciativas como poder del Estado para que su acción se exprese en la mejor distribución de los recursos entre la población para abatir y compensar las desigualdades. Ese es el principio que postula nuestro partido.

Alcanzar la cobertura universal en los servicios básicos, en condiciones de equidad entre regiones, grupos y géneros, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la coordinación interinstitucional, la promoción del municipio saludable y focalización de las acciones para los grupos de alto riesgo.

Alcanzar la equidad entre los géneros; por replantear la convivencia entre ambos sexos sobre la base de una perspectiva integral de género en todos los ámbitos: en la organización social, en la estructura productiva, en el marco jurídico e institucional e inclusive en la cultura. En este sentido se crea el Instituto Nacional de la mujer.

· Crear el Instituto Nacional de la Mujer, con facultades propias, capacidad técnica y presupuesto suficiente para servir como órgano de referencia a todas las mujeres y que promueva el enfoque de género en la sociedad, las instituciones, las políticas públicas y los centros de trabajo.