Sector eléctrico: Algunos enfoques relacionados con la entrada de inversión privada al sector eléctrico y la prospectiva de inversión, generación y consumo de electricidad en México para el periodo 2000-2009.

Resumen Ejecutivo.

Para elaborar esta investigación se desarrollaron cuatro apartados los cuales se describen brevemente:

En el primero, se afirma que la industria eléctrica naciente constituye un monopolio natural, razón por la cual, se justifica la intervención estatal a través de un monopolio público verticalmente integrado que controla las diferentes fases del ciclo eléctrico (generación, transmisión, distribución y despacho económico).

Sin embargo, cuando esta industria madura se puede introducir competencia (permitir la entrada de inversión privada) en el segmento de generación; en las fases de transmisión y distribución la inversión privada se acepta con ciertas restricciones y se coincide en que el despacho económico debe ser administrado por el Estado.

La polémica se suscita cuando la industria eléctrica madura, puesto que, las "Fallas del Estado" (malos manejos de los recursos públicos, salarios superiores a la productividad laboral, manejo patrimonialista de las empresas, etc.) reducen la productividad del sector. Se exponen dos teorías que no aceptan la participación pública en la industria eléctrica en su fase de madurez:

  • La primera, conocida como el agente principal sostiene que el sector privado es mejor administrador que el público porque los mercados financieros ejercen presión sobre las empresas privadas para que obtengan mejores resultados, manejan más racionalmente los recursos asignados y porque los encargados de manejar estas empresas son profesionales que son premiados con incrementos salariales en caso de incrementar la productividad de la empresa y despedidos si obtienen resultados negativos. Estas particularidades están ausentes en las empresas públicas.
  • La segunda conocida como la elección pública, sostiene que los burócratas buscan maximizar el desperdicio de recursos porque ser eficiente se traduce en un menor presupuesto que atenta contra su bienestar. Mientras tanto, en el sector privado los incentivos operan a la inversa, es decir, la ineficiencia se traduce en menor competitividad que puede culminar con el cierre de las operaciones y el despido de los trabajadores.

Como antítesis a estas dos teorías está el Nuevo Modelo de Empresa Pública que defiende la participación mayoritaria del Estado en el sector eléctrico a través de las siguientes posturas:
  • Democratización de la empresa pública, a través de consejos consultivos en el que participen representantes de los usuarios, de los trabajadores electricistas, de las organizaciones locales y regionales, del Estado y de las empresas.
  • Mantenimiento y profundización del carácter social, reconociendo que el servicio eléctrico es un bien esencial para el bienestar social e individual proponen tarifas eléctricas gratuitas y subsidiadas para los consumidores de bajos recursos; modernizar y elevar la calidad del servicio para convertirlas en palancas firmes del desarrollo; garantizar su autonomía de gestión para impedir que su administración quede sujeta a las decisiones políticas coyunturales, sexenales, presupuestales o de grupo.

En el segundo apartado, se expone la reforma sufrida por el sector eléctrico mexicano en el año de 1992 para permitir la penetración de la inversión privada en el segmento de generación. Asimismo, se hace un análisis de fortalezas y debilidades de la "Propuesta de Cambio Estructural de la Industria Eléctrica Mexicana" promovida por la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y que no fue discutida en el Congreso de la Unión.

En el tercer apartado, se aborda lo relacionado con la inversión requerida por el sector en el periodo 2000-2009, los recursos orientados a la generación durante esta etapa y las necesidades de demanda del país. Así:

En materia de inversión, la Secretaría de Energía reconoce la necesidad de recursos por 590 mil 607 millones de pesos (MDP) de los cuales:
  • El 35.56% se orientará para la generación;
  • El 20.50% se orientará para la transmisión;
  • El 17.18% se orientará al mantenimiento;
  • El 14.21% se orientará a la distribución;
  • El 09.93% se orientará al capital de arrendamiento; y
  • El 02.61% serán para otras inversiones.

Respecto a la generación, de los 210 mil 045 MDP requeridos para el periodo 2000-2009:
  • El 85.16% se destinará a los ciclos combinados;
  • El 12.34% se destinará a la hidroeléctrica;
  • El 1.39% se destinará a la termoeléctrica; y
  • El 1.11% se destinará a la geotermoeléctrica.

Estos recursos serán necesarios porque la demanda de energía eléctrica en México crecerá a ritmos no menores de 6% en los próximos seis años, lo que implica una necesidad de generación de por lo menos 13 GW.

En el cuarto apartado, se exponen las posiciones a favor y en contra de la privatización de la industrial eléctrica. Quintanilla y Fernández sostienen la necesidad de privatizar el sector, para ello, proponen eliminar los siguientes mitos:
  • La industria eléctrica mexicana es de las más eficientes del mundo;
  • Las tarifas actuales son suficientes para financiar las necesidades de inversión en el sector eléctrico;
  • La privatización de la industria encarecerá el servicio; y
  • Reformar el sector eléctrico mexicano no es urgente.

Por su parte, Rafael Decelis Contreras sostiene que no hay prisa para privatizar el sistema eléctrico del país, puesto que, la futura crisis energética que ha utilizado el gobierno mexicano para promover la reforma no existe porque la industria opera con un superávit en la generación de 4 mil 611 MW.

Finalmente, se presenta un anexo estadístico que tiene como objetivo ubicar la demanda y generación de electricidad en México respecto a tres zonas del mundo: la norteamericana, Europa (Países de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico "OCDE") y América Latina.