ARTICULOS Y OPINIONES SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y LA REFORMA INTEGRAL A LA CONSTITUCIÓN

Debido al enorme interés que ha suscitado en la opinión pública, el tema de la Reforma del Estado, así como el de la Reforma Integral a nuestra Carta Magna (los cuales van estrechamente ligados), varios diarios de circulación nacional se han dado a la tarea de publicar una serie de opiniones y artículos especializados sobre el tema. A continuación se exponen 7 de ello, extraídos de 4 distintas publicaciones.

7 de Febrero del 2001.

Existen propuestas para modificar la Constitución

Consolidar derechos y obligaciones que requiere la modernidad democrática Del país.

Leticia Robles de la Rosa.

" El Ejecutivo Federal cuanta ya con propuestas para modificar al menos una veintena de artículos de la Constitución Política Mexicana para fijar criterios que permitan la creación de nuevos municipios, extender la vigencia del prepuesto federal en caso de no aprobarse por el Congreso, modificar la composición de las Cámaras, establecer la segunda vuelta electoral, el principio de libertad de conciencia, garantizar el derecho a la información y permitir a cualquier partido político el uso de los colores nacionales.

Las conclusiones de la Mesa de estudios del Estado, que trabajó de septiembre a noviembre del año pasado para sistematizar las propuestas que 130 expertos en todas las materias hicieron para concretar en leyes los cambios requeridos por el país en este siglo XXI, constituyen el único documento oficial que condensa la propuesta del Ejecutivo federal sobre las modificaciones que requiere a Carta Magna.

Avaladas plenamente por el presidente Vicente Fox, estas conclusiones proponen reformas, adiciones o preposiciones en artículos como 24, 26, 27, 33, 41, 48, 116, 117, 130 y 133, entre otros, para conciliar en la Constitución derechos y obligaciones que la modernidad democrática del país y su relación con el exterior requieren.

Habla por ejemplo de "establecer la obligación constitucional del Ejecutivo federal para solicitar autorización al Congreso de la Unión para iniciar las negociaciones de ciertas categorías de tratados así como mantenerlo informado durante todo el proceso", o de " reforzar en al Constitución la obligación del Estado de velar por los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, en el marco de los convenios internacionales existentes".

Los expertos académicos, políticos y líderes sociales también concluyeron en "reformar el artículo 26 constitucional con objeto de otorgar al Plan nacional de Desarrollo un carácter federativo tanto en su formulación como en su estructura; definir los propósitos y objetivos de los órdenes intermedios de gobierno entre la Federación y los estados, entre los estados y los municipios y entre éstos y los ciudadanos, así como las asociaciones horizontales entre estos órdenes de gobierno".

"Legislar en el ámbito constitucional la existencia de áreas de gestión con un alto grado de autonomía con respecto a los tres poderes, así como en su relación a los espacios municipal, estatal y federal", así como incorporar en las Constituciones federal y locales el derecho a participar en colaboración con los órganos de gobierno en la preparación, planeación, aprobación, ejecución y observancia de las decisiones y actos de autoridad, a través de diversas modalidades como plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, audiencia pública, revocación del mandato, iniciativa popular, colaboración social e instancias de quejas y denuncias".,

En las conclusiones de la reforma del Estado se incluye también la necesidad de establecer en la Constitución federal criterios generales para la creación de nuevos municipios; conforme a dichos criterios, deberán realizarse estudios para determinar la viabilidad de su desarrollo y no condenar a los nuevos municipios a la dependencia excesiva y a la marginación".

La discusión para modificar la Constitución Política Mexicana apenas comenzó. El documento elaborado por los expertos durante el periodo de transición es hasta el momento la propuesta del Ejecutivo para discutir y, según los propios objetivos de este grupo, servirá como base para el análisis que habrán de iniciar todos los partidos políticos y los poderes públicos.".

 

El Sol de México

07 de Febrero del 2001

Reforma de la Constitución o Reforma del Estado, sólo desde el Congreso de la Unión

FIDEL HERRERA BELTRÁN

" El 5 de febrero en el acto conmemorativo del 84 aniversario de nuestra Carta Magna, el titular del Poder Ejecutivo Federal llamó a las fuerzas políticas a emprender una "Renovación Constitucional" partiendo de la preservación de valores fundamentales como la No Reelección, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, el municipio libre, la vigencia de la soberanía, el Estado laico, la justicia social, la educación laica y gratuita, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos individuales y sociales. Una convocatoria de tal naturaleza y alcance que requiere ser abordada con precisión, claridad y seriedad.

Existe en un primer momento una gran contradicción entre una especie de grandiolocuencia del proyecto y una modestia de las propuestas específicas. Por principio se percibe un trazo de una gran pretensión, y por el otro algunas ideas aisladas muy concretas que no alteran en lo sustancial el diseño de la Constitución de 1917 como lo son el hecho de establecer un nuevo procedimiento de juicio político al Presidente de la República, incorporando la violación a la Constitución como causal para el juicio procedimental.

Las ideas expuestas por el Presidente son de detalle y fácilmente tienen cabida dentro de la lógica de la Constitución de 1917. Es decir, no hay un nuevo modelo de desarrollo distinto, sino son sólo ajustes, que habrán de probar su pertinencia.

Por encima de la discusión en torno de la parte orgánica y de la dogmática del texto básico del derecho mexicano y del detalle con el que el Constituyente de Querétaro se vio obligado a la redacción en atención a demandas sociales inaplazables, en la Constitución existen materias que luego son reguladas por disposiciones legales orgánicas o reglamentarias que es preciso adecuar a una nueva realidad. Para que la Constitución Formal refleje a la Constitución Real como quería Fernando Lasalle, existe el poder legislativo institucional o Constituyente permanente.

En nuestra ley suprema hay decisiones fundamentales que reflejan equilibrios y acuerdos profundos que han mantenido la paz social. Los artículos 3, 27, 123 y 130, entre otros, son vigentes como pactos sociales de indudable valor en materia educativa, el trabajo, el tema agrario y la relación con las iglesias.

Debemos precisar asimismo que no existe una Constitución, no tiene sentido una Constitución, si sólo sirve a un momento político, sino que tiene sentido en la medida en que se hereda a generaciones posteriores y que tiene una serie de marcos de procedimientos que puedan sobrevivir a la circunstancia específica. Es este el valor fundamental de nuestro marco constitucional. El valor transgeneracional.

Se afirma, asimismo que las 400 modificaciones a la Constitución –de la cuales la mayoría son de las últimas dos décadas--, hablan por sí mismas de la necesidad de convenir un nuevo ordenamiento. En este punto debemos recordar que la Constitución de 1917 contiene una clara diferencia en el marco del estudio constitucional comparado con otras similares, toda vez que establece particularidades y detalles en sus normas, lo cual la hace susceptible a la reforma y la actualización. Un claro ejemplo de esto son las sucesivas reformas en materia de representación legislativa, para adecuar periódicamente al número de ciudadanos por representante popular de acuerdo con los nuevos datos demográficos.

De manera tal que, antes de llegar a un juicio a priori sobre la cantidad de reformas constitucionales llevadas a cabo y concluir por ello su inoperancia, habría que realizar un análisis profundo de todas y cada una de ellas, tomando en cuenta el detalle y las particularidades con las que fueron definidas las normas por el Constituyente de 1917.

Al interior del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República sostenemos que como lo señala nuestra Plataforma Política, las condiciones necesarias para hacer realidad el proyecto de nación justa, se encuentran en el cambio institucional que fortalezca al Estado y la democracia, asegure un mejor equilibrio de poderes y preserve la gobernabilidad, así como la construcción de una sociedad de conocimiento y bien informada que haga de la globalización un poderoso instrumento para el desarrollo nacional.

Establecer los alcances de un proceso de reforma hace necesario reconocer que la Constitución necesita reformas inmediatas, otras a debate de mediano alcance y otras relacionadas con la organización del Estado, de largo alcance. Una parte de este proceso es legislativo o jurídico y otra de carácter político a través del acuerdo. Ambas vías deben caminar juntas en el respecto y la colaboración sin descalificar propuestas ni ocultar cartas. El espacio sin duda es el Congreso de la Unión.

Existe disposición del PRI para el análisis y la discusión. Iremos al debate sin pausas, pero sin prisas."

*Senador de la República.

8 de Febrero de 2001.

Reforman la Reforma del Estado

Por Jorge Reyes.

"Mientras la Bancada del PAN pretendió posponer por dos días la realización de la primera reunión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, las fracciones parlamentarias del PRD y del PRI presentaron sendas propuestas de agenda para iniciar a la brevedad posible los trabajos que permitan abordar este tema.

En reunión celebrada en el Salón Protocolos del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Diputación perredista encabezada por su coordinador Martí Batres Guadarrama presentó un documento en el que sostiene que la Reforma del Estado debe comprender el análisis de seis temas prioritarios.

Así, el partido del Sol Azteca plantea que se establezca una nueva constitucionalidad; que se redefina el federalismo; definir las formas de gobierno dentro del sistema político, en especial el acotamiento del presidencialismo y la implementación del semipresidencialismo; el establecimiento del sistema parlamentario; fortalecimiento del sistema electoral; evaluación del papel de los medios de comunicación y el derecho a la información; y la revisión de la política exterior.

Por su parte, el legislador priísta Salvador Rocha Díaz, destaco que la propuesta del PRI coincide mucho con la del PRD y la dividió en tres grandes rubros, por un lado la reforma político – electoral en las que se tienen que revisar las atribuciones de los órganos electorales estatales y federal, así como de los magistrados federales, además de que se debe valorar la necesidad de que se instituyan las figuras del plebiscito y del referéndum como medios de consulta popular.

El segundo rubro, continuó el priísta, sería la reforma de los poderes públicos, con la cual se debe implementar la figura del presidencialismo acotado, la instauración del parlamentarismo; impulsar el equilibrio de los poderes y la obligatoriedad de la rendición de cuentas de parte del poder Ejecutivo y del Legislativo.

Finalmente, apuntó Rocha Díaz, de debe promover una reforma dentro del aparato de justicia y de la seguridad pública que permita la revisión de la estructura jurídica del Distrito Federal y la competencia de los Estados y de los Municipios en este rubro.

Acción Nacional no presentó ninguna propuesta sobre este tema y propuso, en voz de la Diputada María Teresa Gómez Mont, que se realice una consulta pública nacional para determinar los temas que se requiere revisar en la Reforma del Estado.

...".

7 de Febrero del 2001

Francisco Reynoso, Orquídea Soto y Arelí Quintero.

El Proceso de la Nueva Carta Magna

" La comisión para la Reforma del Estado que lideraba Porfirio Muñoz Ledo propuso tres vías para realizar la reforma integral a la Constitución:

En los tres casos se conformaría un grupo plural de diputados para que recabe las propuestas y redacte el nuevo texto constitucional, por lo que se llamaría a sus suplentes para ejercer sus funciones habituales.

1. La actual Legislatura del Congreso de la Unión aprobaría el nuevo documento junto con las diputaciones estatales.

2. La actual Legislatura redactaría el texto, pero sería la siguiente la que la revisaría y aprobaría junto con los congresos estatales.

3. La actual Legislatura redactaría y aprobaría el texto junto con los congresos estatales, pero entraría en vigor hasta que la siguiente Legislatura lo ratifique."

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Expertos en la materia

Proponen que se integre comisión de constitucionalistas

Orquídea Soto / EL ECONOMISTA

" La convocatoria del presidente Vicente Fox a elaborar una nueva Constitución generó controversia entre juristas y académicos.

Para Ignacio Burguoa Orihuela, no se puede partir de conjeturas: a la Constitución hay que quitarle todas las manchas que le han dejado tantas reformas, afirmó el especialista en Derecho Constitucional y en materia de amparo.

Así, se pronunció en contra de quienes consideran necesaria una nueva Carta Magna y admite sin reparos su beneplácito por la propuesta presidencial, al tiempo que rechazó tajantemente que esté rebasada.

"A quienes piensan que la Constitución está rebasada los reto qué me digan y expliquen con detalle los artículos y capítulos que ya no tienen vigencia", expresó.

En entrevista, el profesor emérito de la Universidad Autónoma de México dijo en contra de la participación ciudadana en el proceso de revisión de la Ley Suprema, ya que -consideró- sería absurdo que emitieran su opinión quienes desconocen la Constitución.

Para evitar que se llegue a soluciones políticas y no jurídicas, sugirió la integración de una comisión de especialistas en materia constitucional nombrada por el Congreso de la Unión.

En contra parte, José Ramón Cossío, jefe del Departamento de Derecho del ITAM, consideró que la reforma integral de la Constitución no debe hacerse sino hasta que se defina qué país y sociedad queremos.

"Los cambios en la Carta Magna tendrán que ser consecuencia de un nuevo modelo de nación y sociedad, pues no podemos reformarla y luego pretender adaptarnos a la realidad que establece las nuevas reformas", propuso.

Asimismo, Cossío admitió que la ausencia de una sólida teoría constitucional ocasiona que cada quien la interprete como desea.

En cuanto al camino que debe seguirse, Burgoa sugirió que se realicen consultas en los congresos estatales para que la comisión de especialistas constitucionalistas integre sus propuestas en el proyecto que habrá de presentarse al Presidente de la República para que lo presente como una iniciativa al Congreso de la Unión.

En tanto que Cossío hizo énfasis en un hecho que será inevitable: que la soluciones sean políticas y no jurídica, puesto que la reforma de la Carta Magna estará en manos, principalmente de los partidos políticos.

 

EN LA UNAM PROPONEN...

Por su parte, Jorge Carpizo McGregor, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, afirmó, durante el IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, que reformar la Constitución requiere interpretar de manera correcta su contenido, crear una comisión de estilo del Congreso de la Unión y aplicar referendos.

Para ello, explicó, los tres partidos políticos más importantes deben ponerse de acuerdo sobre cuáles son los principios político-jurídicos de la actual Constitución que deben subsistir y qué nuevas instituciones se crearían.

Al inaugurar el encuentro de constitucionalistas extranjeros y nacionales, Diego Valadés, director del IIJ, sostuvo que es tiempo de que la comunidad académica examine, discuta y proponga las bases del cambio institucional que el país demanda.

Para ello, dijo, es fundamental aceptar que la Constitución es una decisión del pueblo soberano, por lo cual para reformarla sus representantes están obligados a deliberar de manera pública, libre, informada, responsable y constructiva."

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26 de Febrero del 2001

Tres caminos para una nueva Constitución

Yolanda Morales, Ana María Rosas Y René Ávila / EL ECONOMISTA


" Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados...

 

" El presidente Vicente Fox da un anuncio espectacular por semana.

El primer trimestre de su mandato será material básico para seguir su agenda y, más aún, para evaluar cuanto será capaz de cumplir en seis años.

Dicen los que saben que todo ordenamiento jurídico es perfectible, y quizá por ello es interés expreso del guanajuatense elaborar una nueva Constitución que sustituya a la de 1917.

Sin embargo, tras la noticia dada el 5 de febrero vinieron muchas otras, el programa de microcréditos para "changarros", la reforma fiscal de Petróleos Mexicanos, la reestructuración de las responsabilidades de la Procuraduría General de la República y hasta nuevas pistas sobre El Chapo. Sólo tuvo un pequeño olvido: explicar cómo se harán.

El paso previo y necesario para sustituir a la Carta Magna es modificar dos artículos constitucionales, el 136 que garantiza la inamovilidad de la Ley Suprema y el 135, que faculta al Congreso de la Unión para integrar una Asamblea Constituyente.

Horacio Aguilar Álvarez, especialista en Derecho Constitucional y catedrático de la materia en la Escuela Libre de Derecho, afirma que en las elecciones del 2 del julio de 2000 los mexicanos eligieron a diputados y senadores que están facultados para legislar, pero no para hacer una nueva Carta Magna, pero que esto requiere un Congreso Constituyente decidido también por voto popular.

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Panamericana (UP) arrojan luces en otro frente: se requieren consensos políticos y, sobre todo, un conocimiento profundo de los legisladores en materia constitucional, lo que está lejos de suceder en la práctica.

 

NUEVA CONSTITUCIÓN AL 2006 O UN PARCHE

El camino más correcto para el constitucionalista Horacio Aguilar Álvarez es esperar hasta las próximas elecciones para que los ciudadanos mexicanos elijan una Asamblea Constituyente, diputados en el 2003 y senadores en el 2006, pero esto significaría continuar con la actual Constitución durante otros seis años.

Sin embargo, reconoce que existe una "fórmula parche" para hacer una asamblea ad hoc con el discurso del jefe del Ejecutivo, y que permitiría eliminar los dos principales obstáculos que en este momento existen para sustituir la Carta Magna.

Modificar los Artículos 135 y 136 -que permiten enmendar la Constitución- para abrir espacios que den paso al nuevo órgano reformador e integrar así la Asamblea Constituyente.

Una vez modificado el artículo 135 constitucional, se tiene que encontrar la fórmula para elegir a los encargados de elaborar la nueva Ley Suprema.

La fórmula -cualquiera que ésta sea- deberá establecerse en un artículo transitorio de la Carta Magna. También deberá existir otro transitorio que establezca el tiempo perentorio que tendrá esta Asamblea para elaborar el nuevo ordenamiento.

Para el especialista, dos años, con un grupo que sólo se dedique a esto, serían suficientes para elaborar la nueva Constitución.

¿CUÁL ES EL MEJOR CAMINO?

Un camino es la insaculación, que consiste en elegir los nombres al azar o incluso pueden formar parte todos los integrantes del actual Congreso, pero con una clara división en los tiempos para sacar adelante la agenda normal y para trabajar en la nueva Constitución.

Y respecto al número más adecuado de legisladores que deben integrar la Asamblea, opina que no existe una cifra mágica. Recuerda que la Constitución de Apatzingán, en 1814, la elaboraron sólo seis diputados, aunque, sin duda, eran otros tiempos.

CAMBIOS O ALTERNANCIA

La nueva Constitución implicaría cuestionar el sistema de gobierno y la forma de Estado que requiere hoy para México. Exigiría la creación de una Asamblea Constituyente, así como a la realización de pactos con etnias, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales.

Y en este punto existe coincidencia con Porfirio Muñoz Ledo, integrante del grupo de estudios para la reforma del Estado designado por el presidente Vicente Fox.

"No se podría presumir de haber logrado una transición democrática si no se renueva la Constitución", y fue así como en su discurso en Palacio Nacional, el pasado 5 de febrero el presidente Vicente Fox planteó la necesidad de una nueva Constitución para los mexicanos.

¿QUÉ PAÍS NECESITAMOS?

Desde el punto de vista del catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autor libro La Constitución y el desarrollo económico de México, Isaac Katz, antes de modificar la Ley suprema, hay que partir de un principio: cuál es el tipo de país que queremos.

Si no existe esta definición, aseguró, es prácticamente imposible que se redacte una Constitución porque no existe un objetivo final al que se quiere llegar como país, ni el camino para lograrlo.

Adicionalmente, el especialista realizó un balance sobre la Constitución que México requiere, aunque asegura que no existe probabilidad alguna de tenerla:

Capítulo I. Los derechos individuales

1. Esta Constitución reconoce los derechos inalienables del ser humano y es función del gobierno garantizarlos.

2. La esclavitud está prohibida. Cualquier esclavo, por el puro hecho de ingresar a territorio nacional, será libre. Todo individuo es libre para entrar, salir y transitar por el territorio nacional y decidir su lugar de residencia.

3. La propiedad privada es un derecho inalienable. El gobierno sólo podrá expropiar la propiedad privada para proveer bienes de utilidad pública. Se entiende como utilidad pública aquellos bienes que tienen como objeto proporcionar a la nación beneficios de uso común. Toda expropiación será proporcionar a la nación beneficios de uso común.

4.En la nación regirá la libertad de creencia. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición administrativa o judicial.

5. Todo individuo que habite en territorio nacional podrá dedicarse a cualquier actividad productiva, mientras ésta sea lícita.

6. Nadie podrá ser molestado en su persona y su propiedad salvo mandato del Poder Judicial y sólo cuando se presuma la comisión de un delito. Toda correspondencia privada es inviolable, salvo mandato del Poder Judicial y sólo cuando se presuma la comisión de un delito.

7. Todo individuo tendrá el derecho de acudir a la protección del Poder Judicial cuando sus derechos sean violados.

8. Nadie podrá ser detenido sin mediar una orden del Poder Judicial. Ningún individuo podrá ser sujeto a juicio de tribunales especiales. Los juicios serán públicos y expeditos. Nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito.

9. Ninguna ley se aplicará retroactivamente en perjuicio de un individuo.

10. Las fuerzas armadas no podrán ocupar la propiedad privada salvo en caso de guerra o de emergencia nacional decretada por el Congreso de la Unión.

11. Está prohibido todo monopolio o práctica monopólica. El gobierno no interferirá en el intercambio voluntario. El gobierno no podrá imponer barreras a las transacciones internacionales.

Capítulo II. La organización del Estado.

1. La nación mexicana es una República representativa, democrática y federal. Las entidades que componen la República serán libres y soberanas para determinar su organización interna.

2. Los Poderes de la Federación serán tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Serán independientes entre sí y ninguna persona podrá ejercer simultáneamente en dos o más de estos poderes.

3. El Poder Legislativo se compondrá de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Habrá dos senadores por cada una de las entidades que compongan la Federación. Los diputados, cuyo número será de 400, serán los representantes del pueblo, electos de acuerdo con la población de cada una de las entidades federativas. Tanto senadores como diputados serán elegidos mediante voto directo y podrán reelegirse.

4. El Congreso de la Unión legislará para proveer al gobierno de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El gobierno no podrá, excepto en situaciones de emergencia decretadas por el Congreso de la Unión, incurrir en un déficit en sus finanzas.

5. El Poder Ejecutivo estará encabezado por un mexicano por nacimiento y electo mediante voto directo. El Presidente de la República encabezará el Poder Ejecutivo por un periodo de cuatro años, pudiendo reelegirse por una única ocasión.

6. El Poder Judicial de la Federación estará encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrá como funciones interpretar los preceptos constitucionales, declarar la inconstitucionalidad de las leyes, garantizar los derechos de los individuos, dirimir las controversias que surjan entre el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, las que surjan entre la Federación y las entidades federativas y las que surjan entre los estados y los municipios.

7. Todo servidor público podrá ser sujeto a juicio político.

Renovarse o morir, reza un dicho popular y al parecer será el lema del actual presidente de México, que inició una tarea de titanes que marcará la "calificación política" que logre al término de su mandato.

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27 de Febrero de 2001

La globalización, exige cambios en la Constitución

Andrea Merlos / EL ECONOMISTA

"Sin Constitución renovada no hay transición.
Es necesario adecuar la Carta Magna a la transformaciones del mundo.
Las naciones de América Latina, son las más atrasadas para realizar modificaciones a su Constitución.

La decisión del Presidente Vicente Fox de revisar integralmente la Constitución se debe a los modelos de transición en otros países que especifican la necesidad de renovar las leyes frente a una nueva situación del país expresada principalmente en las alternancias de poder y en la globalización.

En 1917 cuando se estableció la Carta Magna del pueblo mexicano la transición democrática, el parlamentarismo y la globalización eran palabras que no existían y mucho menos se ejercían, ya empezado el siglo XXI las naciones del mundo se ven en la obligación de renovarse y asumir los costos políticos que se carguen a la cuenta de un gobierno que tenga en sus planes "cambiar".

Los sistemas de gobierno de principios de los años noventa son, además de antiguos, muy ambiguos, según concluyeron los integrantes de la mesa para la Reforma del Estado que desde mediados del año pasado trabaja para el Primer Mandatario.

El discurso pronunciado por Vicente Fox el pasado 5 de febrero durante el aniversario de la creación de la Constitución Mexicana se basó en un proyecto con bases firmes que determina los saldos negros y rojos que tendrá durante su sexenio.

Artículo por artículo se establecen los cambios y preceptos que deben desaparecer o añadirse a partir de la investigación de esta mesa de estudios integrada por más de 100 especialistas en las diversas divisiones de la Carta Magna.

Y es que la lógica lleva a un nuevo gobierno federal que pretende enarbolar las banderas de la transición a realizar cambios profundos de la norma social.

La globalización y los cambios de régimen son sistemas en los que todos los países estarán inmersos algún día, para algunos son malos, para otros son buenos, pero la realidad es que ahí están y por tanto se debe legislar.

Los integrantes de la mesa, entre ellos Martha Barcena, Ramón Corral, Julio Faesler, Renato Iturriaga, Cassio Luiselli, Bertha Luján, Mauricio de María y Campos, Olga Ojeda, Mauricio Rossell, Carlos Salazar, Delfín Sánchez Juárez, Fernando Solana, Alberto Székely, Mauricio Valdés, Violeta Vázquez, Javier Wimer, José Luis Yunes, concluyeron la importancia y urgencia de hacer una revisión integral de la constitución para después "aspirar" a las aportaciones de la globalización y a la imagen de una verdadera transición.

Sin Constitución renovada simplemente no hay transición, pudiera quedarse en una alternancia de poder, pero el cambio democrático y de fondo por el que se votó el pasado 2 de julio no podría cumplirse.

El estudio de dividió en seis áreas: derechos humanos, constitución y globalidad, poderes de la unión y formas de gobierno, federalismo y sistema económico.

Los cambios son muchos y existe la esperanza de que para el 2003 México ya tenga ya una nueva Constitución, que en muchos, muchos años no vuelva a ser "manoseada".

 

MODELOS INTERNACIONALES

En los últimos 50 años en el mundo han surgido 181 nuevas constituciones, en los mismos años se han dado 32 transiciones democráticas en países, en su mayoría, europeos seguidos de Latinoamérica. Sin excepción todos ellos han conllevado una revisión integral de sus leyes y normas de sociedad.

Las transiciones democráticas se reflejaron en la llamada "tercera ola" aunque en su inicio, hablamos de 1950, era frágil y en momentos desequilibrada, fue el Sur de Africa el que la inauguró.

Al menos Afganistán dijo no a las normas sociales establecidas en el llamado continente negro. Sin embargo, el boom de la democracia y la alternancia en el poder se dio también en América Latina y en Medio Oriente, sin olvidar a la Unión Soviética.

Ahí se puso en juego la confianza a las instituciones y ante un deficiente manejo de lo que significa trascender, se implantaron políticas neoliberales que tenían un fin muy claro y establecido: la riqueza, que a su vez no se podía lograr sin cambios en sus leyes.

Aquí aparecieron los llamados "tigres" asiáticos que a finales de 1979 construyeron un modelo legal basado en la consolidación económica y en la alternancia de poder.

Los primeros países en experimentar esta transición a la democracia fueron Grecia, España y Portugal entre 1974 y 1975. Fue España el modelo más analizado por sus profundos cambios constitucionales y que lo llevaron a ser la potencia que hoy se conoce.

También en Asia se inculcó la palabra "democracia". Los sistemas de gobierno en países como Taiwan, Corea y Singapur se abrieron al desarrollo social, político y económico.

Hay otros casos como el del Indonesia, Malasia, Filipinas, Laos y Tailandia, inclusive podemos agregar los cambios que hubo en Vietnam y China aún cuando pertenecen al comunismo y por tanto están cerrados a la llamada globalización.

Mientras que Polonia, Hungría y la República Checa tuvieron cambios de regímenes y de sistema de gobierno para hacer a un lado el comunismo y entregarse a la globalización por medio de cambios profundos en los reglas y leyes.

Y ese es el punto determinante de las transiciones, los cambios legales, las revisiones profundas e integrales en sus constituciones que surgieron con la necesidad de reforzar su soberanía y después con la entrada de la globalización para vivir el desarrollo tecnológico del siglo XX y XXI.

Estos cambios constitucionales en lo países nombrados han sido totalmente pacíficos, sin embargo la búsqueda de la legalidad y del cambio "hoy" se dieron también en Rumania, Bulgaria, Croacia, Bosnia y Serbia aunque con un costo muy alto: sangre derramada.

El ejemplo más cercano de transiciones lo tenemos en América Latina que aún con los cambios democráticos, según los analistas para la Reforma del estado, siguen siendo frágiles por su aferrada entrega a la política y su falla en el crecimiento social por lo que sus economías son "volátiles".

En América las transiciones más sonadas son Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Venezuela recientemente Perú y México, sin dejar a un lado la apertura en Estados Unidos que siempre ha contado con la posibilidad de "elección" entre los dos partidos políticos que existen.

- (Modificaciones y adhesiones propuestas por la mesa de estudios para la reforma del estado)

 

CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN

-Tema: Constitución frente a la globalización

Establecer en el orden jurídico criterios específicos y no discrecionales para garantizar que México cumpla con sus responsabilidades globales "toda vez que la política exterior debe promover la vigencia del Estado de Derecho y no dedicarse a encubrir las deficiencias internas". Este cambio se daría en el contenido del título segundo de la Constitución referente a la soberanía nacional y forma de gobierno que está implícito en los artículo 39,40 y 41.

Rechazar la injerencia de cualquier Estado en asuntos internos de otros Estados

Reforzar en la Constitución la obligación del Estado de velar por los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, en el marco de los convenios internacionales existentes.

Modificar la Ley General de Población y su Reglamento a efecto de ofrecer plena seguridad jurídica a los migrantes.

Elaborar una Ley de Emigración e Inmigración que integre los compromisos de México en la materia.

Modificar la Constitución a fin de prever la obligación del Ejecutivo, de pedir autorización previa al Congreso de la Unión para iniciar las negociaciones de ciertas categorías de tratados fundamentales, en particular en materia económica y comercial, así como la obligación de informar durante el proceso de negociación y sobre los resultados del mismo.

Modificar el Artículo 33 Constitucional para someter a los principios del Estado de Derecho la facultad del Poder Ejecutivo en materia de expulsión de extranjeros y distinguir en la legislación los términos expulsión, deportación y extradición. Retirar las reservas a tratados de derechos humanos motivados por dicho Artículo.

Otorgarle a la Cámara de Diputados la facultad de analizar la política exterior con el fin de que no sea exclusiva del Senado de la República la aprobación de Tratados internacionales y así, lograr consensos de todo el poder legislativo con la propuesta de también incluir al poder judicial representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Establecer como facultades del Congreso de la Unión la autorización, en su caso, de las renuncias a las inmunidades de jurisdicción y de ejecución así como la de legislar en materia de dichas inmunidades

Modificar la constitución para establecer la obligación del Estado de velar por los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, en el marco de los convenios internacionales existentes.

Rechazar la injerencia unilateral de cualquier Estado en asuntos internos de los países, así como la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

Modificar el Artículo 33 Constitucional, para evitar el uso arbitrario de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo de expulsar extranjeros perniciosos a través de la supresión de la frase "sin juicio previo", lo cual, además, permitirá retirar las reservas a tratados de derechos humanos motivadas por dicho precepto constitucional.

Reforzar en la Constitución la obligación del Estado de velar por los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, en el marco de los convenios internacionales existentes, aunque alguno de los integrantes no lo consideró necesario.

Establecer como tema de la reforma del Estado la democratización de las Naciones Unidas y promover una actitud más coherente y relevante de nuestro país en el concierto mundial.

Tema: "Formas de Gobierno"

Reformar el artículo 108 Constitucional para que el presidente de la República también pueda ser sujeto de juicio político en el caso de faltas graves a la Constitución.

Reformar el Título IV de la Constitución, así como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para dar mayor precisión y claridad. Se enfoca principalmente a la rendición de cuentas y el establecimiento de demandas legales y penales en caso de una falta.

Adicionar la Constitución con un precepto relativo a las formas de democracia directa en que se establezca: "El referéndum procederá para reformas y adiciones a la Constitución en los siguientes temas:..."

Modificar el artículo 73 constitucional con el fin de fortalecerlo en las áreas de concentración de atribuciones a favor de la Federación en detrimento de los Estados.

 

TEMAS QUE DEBEN INTEGRARSE A LA CONSTITUCIÓN

Tema: Constitución y globalidad

Elaborar una Ley Reglamentaria sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de fortalecer la posición de México en este campo y establecer las áreas prioritarias para recibir y aportar la cooperación y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo.

Establecer en la Constitución y en la Ley de Celebración de Tratados, el procedimiento para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados se incluyan a los tratados aprobados, mediante la toma de las medidas legislativas correspondientes.

Establecer la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. La instancia competente sea la Suprema Corte de Justicia y otros el Senado.

Crear la obligación constitucional del Ejecutivo Federal para solicitar autorización al Congreso de la Unión para iniciar las negociaciones de ciertas categorías de tratados así como de mantenerlo informado durante todo el proceso.

Facultar a la Cámara de Diputados para aprobar los tratados internacionales;

Someter a consulta ciudadana la aprobación de ciertas categorías de tratados en virtud de su trascendencia, propuesta que fue compartida sólo por algunos integrantes.

Hacer efectivo el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Constituir un Consejo Nacional de Política Exterior, integrado fundamental por los poderes públicos con atribuciones constitucionales en la materia, entre otras funciones, vigilaría el cumplimiento de las obligaciones internacionales

Incluir en el artículo 133 Constitucional a los tratados de derechos humanos, con jerarquía superior a la de los tratados en general.

Incorporar en la Constitución las disposiciones necesarias para que México esté en posición de aceptar plenamente la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos.

Crear una Instancia Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes

Adoptar como una etapa preliminar en el procedimiento de celebración de tratados internacionales, la instrumentación de sistemas de consulta popular,

Instrumentar la participación y consulta ciudadana para el control, ejecución y evaluación de todos los tratados económicos y comerciales.

Incluir el Plan Nacional de Desarrollo con los términos de las negociaciones de los acuerdos económicos comerciales.

Cooperación internacional en la persecución de crímenes contra la humanidad y creación de una jurisdicción penal internacional.

Cooperación multilateral en asuntos de gobernabilidad y participación ciudadana.

Emitir una nueva ley que regule a los tratados y que tome en cuenta los siguientes aspectos: entrada en vigor de los tratados, denuncia, normas de interpretación aplicables, requisitos de publicación, procedimientos de consulta popular de los tratados que incidan en materias que afecten a la ciudadanía, procedimiento interno de celebración, órganos competentes, entre otros.

Establecer como facultad del Congreso de la Unión, la autorización de las renuncias a la inmunidad de jurisdicción y ejecución.

Formular una Ley de Emigración e Inmigración que integre los compromisos de México en la materia y garantice su aplicación así como establecer una instancia federal de protección a los trabajadores migrantes repatriados.

Elaborar una Ley Reglamentaria sobre Cooperación Internacional para establecer las áreas prioritarias de recibir y aportar la cooperación y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo.

Establecer la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, previa a su aprobación.

Facultar a la Cámara de Diputados para aprobar los tratados internacionales

Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de mantener informado en todo momento al Congreso de la Unión sobre los procesos de negociación de los tratados internacionales.

Someter a consulta ciudadana (referéndum) la aprobación de ciertas categorías de tratados en virtud de su trascendencia, propuesta que fue compartida sólo por algunos integrantes.

Formular un solo título de la Constitución que integre, de manera articulada, todas las disposiciones referentes a la política exterior y a los tratados e, igualmente establezca los criterios para definir el concepto de interés nacional, a efecto de que se equilibren y complementen con los principios rectores de la política exterior. Incorporar a éstos, los de promoción y protección de los derechos humanos, así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Establecer en el orden jurídico criterios específicos y no discrecionales para garantizar que México cumpla con sus responsabilidades globales. Se consideró que la política exterior debe constituir un instrumento para promover la vigencia del Estado de derecho, y no para encubrir ante los ojos del mundo las deficiencias internas.

Establecer la procedencia del Juicio de Amparo en los Juicios Políticos y Declaración de Procedencia por violaciones del procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

Tema: Formas de gobierno y poderes de la unión

Conferir al Poder Legislativo la facultad de dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo.

Reelección inmediata de diputados y senadores

Permitir nuevamente a los legisladores reelegirse de forma inmediata, aunque con un tope de 12 años.

Eliminación de la suplencia legislativa.

Acceso de los legisladores al gabinete sin necesidad de solicitar licencia."