Para impedir que ingresen productos agrícolas procedentes de Estados Unidos, cientos de campesinos chihuahuenses ocuparon el jueves las garitas aduanales del Puente Internacional de Córdoba, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y este viernes trasladaron su protesta a las aduanas ubicadas en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana.

En las garitas y en los patios del puente de Córdoba, los campesinos impidieron que personal de Inspección Fiscal Aduanera revisara cerca de 4 mil camiones de carga y 40 mil vehículos que cruzan diariamente.

Los dirigentes del Comité pro Mejoramiento del Agro informaron que decidieron suspender el plantón en el puente internacional y continuar sus protestas en la garita aduanal del kilómetro 30 de la carretera Panamericana para evitar que ingresen productos agrícolas de contrabando.

En las 28 horas que tuvieron tomadas las garitas del puente de Córdoba, pasaron sin revisión casi 4 mil tráileres con productos de importación, y 20 de ellos fueron asegurados por los agricultores, ya que llevaban azúcar, carne de res y pollo, manzana, frijol, arroz y lechugas que estarían entrando de contrabando.

Hermosillo, Son., 3 de mayo. La situación de miseria de muchas poblaciones del país ha provocado que anualmente unos 150 mil niños emigren hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones económicas, indicó hoy la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Teresa Aranda Orozco.

Señaló que de esos niños 40 mil son deportados por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN), a los que se atiende en 18 albergues que existen a lo largo de la frontera mexicana, de los cuales 11 son apoyados por el DIF y siete por organizaciones no gubernamentales.

Informó que actualmente se coordinan con el Instituto Nacional de Migración y con los sistemas DIF estatales para elaborar un padrón de infancia en condiciones de vulnerabilidad.

Aranda Orozco instaló en Sonora el primer programa piloto del país para la atención a población vulnerable en condiciones de urgencia, el cual tiene como propósito "prevenir a los estados ante cualquier eventualidad de un fenómeno natural".

Investigadores y profesores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron ayer un mitin afuera de la Secretaría de Gobernación para demandar la intervención del titular de la dependencia, Santiago Creel, toda vez que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no ha sido capaz de dar solución a su problema laboral.

Precisaron que desde 1997, un grupo de 380 profesores-investigadores del INAH encabezaron un movimiento para exigir que se les dé base, toda vez que laboran por contrato, sin las prestaciones de ley.

Destacaron que pese a que el INAH es el encargado de proteger 27 mil 90 sitios prehispánicos registrados; 150 zonas abiertas al público, 20 con declaratoria del Ejecutivo federal; 43 áreas históricas; 3 mil monumentos y el incalculable patrimonio de bienes muebles tanto prehispánicos como históricos, cuenta con una planta de 827 investigadores de base, de los cuales sólo 311 son arqueólogos.

Debido a ello, denunciaron, el INAH ha contratado personal eventual, y la costumbre ha generado una explotación infrahumana de estos empleados a quienes se paga salarios inferiores a los de la ley que rige a los trabajadores al servicio del Estado, a tal grado que un arqueólogo pasante de la licenciatura gana 500 pesos a la semana y uno con maestría 700.

El control de los líderes charros sobre el magisterio, encabezados por Elba Esther Gordillo Morales, la "amiga de Fox", entró en un proceso de desgaste que ha permitido a la disidencia fortalecer sus vínculos con los trabajadores de base de la enseñanza, considera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"La destrucción de la enseñanza pública y el sindicato mismo, sustentada en el proyecto descentralizador, que apunta a la privatización de ese derecho social y a la desarticulación de nuestra organización sindical, ha redituado a Gordillo Morales la acumulación de enormes riquezas personales y la plena aceptación por los dueños del poder y del dinero como operaria fiel de sus políticas", advirtió la CNTE en un comunicado emitido desde el campamento nacional popular en defensa de la educación pública, instalado en el Zócalo capitalino.

La complicidad de Gordillo Morales con los gobiernos neoliberales "es evidente para todos", aseguró la coordinadora, y denunció que el deterioro salarial y el "rápido" desgaste físico del magisterio, producto de medidas que incluso generan "condiciones de trabajo inaceptables, confrontaciones internas y con la sociedad, aunadas a la falta de recursos para el sector" son promovidos por esos gobiernos neoliberales, "con el acompañamiento del charrismo".

Este será, agregó, el mensaje que traerá la caravana nacional que saldrá el 8 de mayo de diferentes ciudades hacia la capital del país, adonde llegará el 15, Día del Maestro. "Nos proponemos recuperar las movilizaciones para los trabajadores del SNTE, como un instrumento de lucha al lado del pueblo", finalizó el comunicado.

Debido a que prácticamente no se ha realizado ninguna acción para prevenir el VIH/sida entre homosexuales -a pesar de que es uno de los principales grupos de riesgo para contraer la enfermedad-, durante el segundo semestre de este año el gobierno federal financiará el trabajo de ocho organizaciones civiles que realicen actividades en esta materia.

Para ello, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió una convocatoria en la que invita a las asociaciones del Distrito Federal y de los estados de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro, a presentar proyectos de trabajo sobre estrategias educativas específicas de prevención del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual dirigidas a personas homosexuales.

Serán seleccionadas ocho propuestas, las que recibirán 125 mil pesos a ejercerse entre junio y diciembre de 2002, con la posibilidad de que se amplíe el apoyo económico durante un año. De acuerdo con información del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), las agrupaciones deberán cumplir con sus objetivos y aprobar una evaluación para poder extender el financiamiento.

Esta será la segunda ocasión en que la Ssa, por conducto de Censida, realiza alguna estrategia de prevención dirigida a la población homosexual, y aunque es positiva todavía es limitada, señalaron integrantes de organismos civiles con trabajo en la lucha contra el sida.

Lo anterior porque la Ssa estableció una serie de requisitos que supuestamente servirán para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, pero que para las organizaciones implica mucho tiempo para el llenado de formatos y presentación de informes, entre otros.

En un contexto dominado por bajos salarios, que dificultan la efectiva profesionalización de los periodistas; cierre de empresas periodísticas, particularmente en entidades de la República, y de amenazas y agresiones crecientes -la mayoría provenientes del narcotráfico- contra los trabajadores de la información, el Día Mundial de la Libertad de Prensa sirvió para que distintas organizaciones gremiales manifestaran su preocupación e hicieran distintas propuestas.

El presidente del Club Primera Plana, Fausto Fernández Ponte, documentó que en los pasados 16 meses se han registrado más de 130 agresiones físicas a periodistas y un número incontable de hostigamientos de naturaleza variopinta, que van de los mensajes amenazadores por Internet y teléfono a los de persona a persona.

Fernández Ponte resaltó que la mayoría de los ataques han ocurrido en el Distrito Federal, y su incidencia constituye un indicio ominoso del creciente deterioro de las relaciones entre el poder y la prensa. Entre los que han sido hostigados están el mismo Fernández Ponte y Eduardo Ibarra, director de la revista Forum, uno de los medios que ventiló el caso del general Gallardo.

San Cristobal de las Casas, Chis. 3 de mayo. La presente política oficial de reconciliación en Chiapas se mueve entre dos extremos: la aplicación de justicia y la impunidad de los paramilitares. Ante la compleja situación de numerosas comunidades, enfrentadas en diversas regiones indígenas del estado, el investigador Onésimo Hidalgo Domínguez afirma que "si los acuerdos de San Andrés se hubieran cumplido, la autonomía indígena sería una alternativa para resolver los conflictos comunitarios".

En un amplio análisis, divulgado ayer por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, Hidalgo Domínguez asevera que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía "no toma como prioridad la solución de los problemas estructurales, por ejemplo el de la tenencia de la tierra, y sólo se concentra en atender los casos coyunturales".

En cambio, el gobierno salazarista elude su responsabilidad al no demandar al Ejército federal (que ocupa 232 posiciones en Chiapas y mantiene al menos 32 retenes) "respeto a la tierra, las comunidades, la producción, el agua y otros recursos".

En el documento La coyuntura y el nuevo gobierno de Chiapas, Onésimo Hidalgo considera que el movimiento campesino de la entidad se ha dividido en dos grandes bloques: "En el primero encontramos a quienes se relacionaron con Pablo Salazar pero no encontraron solución a sus reclamos; por otro lado, están quienes buscaron satisfacer sus intereses personales, y tampoco lo consiguieron, así que se retiraron del gobierno y están volvieron a los métodos tradicionales de lucha". En este caso se encuentran una vertiente del MOCRI, la Alianza Campesina para la Liberación de Ixtapa (ACLI) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en Venustiano Carranza. El nuevo gobierno, al no ofrecer opciones, reprime a estas organizaciones cuando lo confrontan.

Senadores de PRI y PRD no avalan la determinación de sus compañeros de San Lázaro de presentar una iniciativa para crear una Ley Federal de Telecomunicaciones alterna a la que trataban de consensuar durante más de un año legisladores de ambas cámaras conjuntamente con autoridades y especialistas en la materia.

El presidente de la Conferencia Interparlamentaria en Telecomunicaciones, el senador panista Javier Corral Jurado, precisó que luego de una reunión con los diputados Víctor Manuel Ochoa Camposeco y Jesús Orozco Alfaro -de PRD y PRI, respectivamente-, quienes llevaron al pleno de San Lázaro de manera unilateral una iniciativa, se determinó continuar con los trabajos para presentar un proyecto de ley que sea avalado por todas las fuerzas políticas.

Corral Jurado detalló que el lunes darán a conocer públicamente los detalles de los compromisos pactados por todos los integrantes de esa Conferencia Interparlamentaria en Telecomunicaciones, entre éstos los diputados Ochoa Camposeco y Orozco Alfaro, para presentar la iniciativa de una nueva ley federal en la materia.

El panista aseguró que la cámara de origen de esa iniciativa será el Senado de la República, tal como se había pactado durante los trabajos de la Conferencia Interparlamentaria. No quiso dar más detalles, ya que, dijo, hubo el acuerdo de esperar hasta el lunes. Precisó, sin embargo, que mantiene sus señalamientos sobre las presiones que los legisladores han recibido del "operador dominante" en telefonía

Con el propósito de contar con personal especializado en la recolección de recursos para obras benéficas, la fundación Vamos México trabaja en conjunto con la UNAM y la Universidad La Salle en la creación de la "licenciatura de recaudación de fondos", informó Marta Sahagún.

Al participar en el séptimo encuentro anual de la organización Procura, Marta Sahagún, en su calidad de presidenta de Vamos México, dijo que dicho proyecto se desprende del convenio de colaboración que firmó la semana pasada la fundación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), mediante el cual se busca "recuperar el servicio social comunitario".

La intención es "abrir una oferta académica en todo el país para beneficio directo de las organizaciones sociales y para fortalecer nuestro centro virtual de servicio", especificó.

Comentó que pasos como los que emprende Vamos México contribuirán a tener "los conocimientos necesarios para la generación y manejo de recursos humanos, materiales y financieros, así como para una eficaz y oportuna toma de decisiones". Además, ayudará a contar con una "sociedad que tenga una organización más eficiente, integrada con los sectores público y privado, con capacidad de planeación e informada".

Ante representantes de diversas agrupaciones civiles dedicadas a la filantropía, Marta Sahagún confió en que las asociaciones civiles sabrán aportar a México "modelos de cambio importantes y contribuirán a construir una sociedad más equitativa y justa para todos".

Para verificar si los recursos destinados por el Congreso a los programas alimentarios tienen "impacto", en breve y mediante un decreto presidencial será creado el comité para la nutrición, dio a conocer Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Entrevistada luego de inaugurar el séptimo encuentro de Procura (asociación civil dedicada a la profesionalización de la filantropía), la funcionaria detalló que en este nuevo órgano, dependiente del Ejecutivo, además de especialistas en nutrición participarán los titulares de las secretarías de Agricultura, Salud, Economía y Desarrollo Social.

Aseguró que el programa Oportunidades (antes Progresa) es un ejemplo claro de que los recursos están llegando a quienes deben y en la forma en que se requiere, ya que durante los últimos años los índices de desnutrición en los niños de cero a dos años han disminuido en aproximadamente 5 por ciento.

Vázquez Mota aclaró que el mencionado comité no será una instancia sancionadora ni menos un "obstáculo" para el crecimiento de los programas sociales de corte alimentario.

"Nos debe servir como un comité de asesoría y recomendación", abundó la encargada de la Sedeso al remarcar que este órgano estará integrado por expertos del Instituto de Salud Pública, así como por especialistas de otros nosocomios del sector Salud dedicados a la investigación en el tema.