Por DANIEL LIZÁRRAGA

La Contraloría federal enviará hoy un primer paquete de notificaciones sobre suspensiones temporales contra funcionarios de dependencias, empresas paraestatales y organismos descentralizados que no presentaron su declaración patrimonial ni justificaron los retrasos. Cuando los servidores públicos lleguen a las oficinas encontrarán sobre los escritorios la suspensión de sus cargos por 15 días sin goce de sueldo. Aún más, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo les advertirá que, de persistir el desacato, se iniciarán procesos para destituirlos en forma definitiva, según la nueva política sobre la materia impulsada por el chihuahuense Francisco Barrio.

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La actividad encubierta de cabildeo o, como algunos lo llaman, "maña para ganarse voluntades" en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, no tiene reconocimiento público. No obstante, el gobierno federal, grupos empresariales y sindicatos organizan reuniones de trabajo con legisladores para influir en la redacción o modificación de leyes constitucionales o reglamentarias.

La brecha para la negociación directa entre los poderosos intereses económicos y el Congreso de la Unión se abrió con la derrota electoral del PRI en 1997, al manifestarse el punto de quiebre del sistema presidencialista que hasta entonces fungió como el gran factor en la toma de decisiones de los órganos legislativos dominados por la mayoría priísta.

Por José Alejandro Sánchez

El abogado y ex Procurador General de la República Jorge Carpizo McGregor, llevará el recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialdemocracia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si el IFE niega el registro a este instituto político para competir en elecciones. En entrevista Ricardo Becerra, miembro de la junta ejecutiva del Partido de la Rosa, aseguró que Carpizo ofreció sus servicios voluntariamente y que no cobrará "un sólo centavo" por el juicio.

Dijo que el ex funcionario federal enfrentará jurídicamente la decisión de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) Jesús Cantú, Jaime Cárdenas y Alonso Lujambio, quienes en sesión dividida votaron en días pasados en contra de la formación oficial del partido. "La determinación de Jorge Carpizo obedece a que él es un hombre instruido con el pensamiento democrático, y considera que la negativa de los consejeros es injustificada, por eso decidió acercarse a nosotros", afirmó.

Por Laura Castillo

Dos años después de su triunfo en las elecciones federales del 2 de julio del 2000, la gestión de Vicente Fox Quesada en la Presidencia de la República y el desempeño de su gabinete reciben de la mayoría de los mexicanos calificación reprobatoria. De acuerdo con una encuesta realizada para unomásuno por la División de Investigación de Mercados de la consultora STC Direct Marketing, 52 por ciento de los entrevistados asigna al trabajo de Fox calificaciones que oscilan entre uno y cinco en una escala del uno al 10. Estos últimos resultados contrastan con los que arrojó una encuesta similar, publicada por este matutino a principios de julio del 2001 en ocasión del primer aniversario de la victoria foxista sobre el Partido Revolucionario Institucional, en la que 58 por ciento de la población calificó con 6.2 el trabajo del actual Presidente. Hoy, 58 por ciento del universo de 400 ciudadanos encuestados en forma aleatoria y vía telefónica en el Distrito Federal y el área metropolitana evalúa con calificaciones reprobatorias el desempeño del gabinete presidencial. En opinión del 67 por ciento de los ciudadanos consultados esta vez, si hoy tuvieran lugar las elecciones presidenciales no votarían por Fox. En julio del 2001 la proporción de quienes así se manifestaron fue 51 por ciento. De manera que el desencanto de la población se acentúa conforme avanza el sexenio. Y esto lo confirma el hecho de que en los días que corren 77 por ciento de los ciudadanos entrevistados estima que el actual Presidente de la República no ha cumplido las promesas de su campaña electoral, contra 66 por ciento que hace un año opinó lo mismo.

MÉXICO. El gobierno de México firmó un acuerdo con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para establecer una oficina permanente de ese organismo aquí, lo representa un avance significativo en el compromiso de la actual administración en materia de garantías individuales.
Luego de firmar el documento, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, dijo que esta decisión significa una avance significativo en el compromiso contraído por el actual gobierno en materia de derechos humanos.

En la sede de la cancillería, Castañeda destacó que "la presencia permanente en México de esa representación constituir un firme apoyo a las acciones del gobierno y de la sociedad mexicana en la promoción del respeto pleno a los derechos humanos".

POR BERTHA TERESA RAMIREZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, propu-so reglamentar la actividad profesional de senadores y diputados para que no mantengan despachos privados mientras se desempeñan como representantes populares.

Con temas como el caso Digna Ochoa, la apertura de una oficina regional y las agresiones a defensores de los derechos humanos como principales puntos de su agenda, la relatora especial para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, iniciará mañana una visita no oficial de dos días a México.
Durante su estancia en el país, Robinson tendrá encuentros con funcionarios del gobierno federal y activistas de los derechos humanos. Se espera que sostenga reuniones con los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, Jorge Castañeda y Santiago Creel, así como con organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran el Centro Miguel Agustín Pro y la Comisión Mexicana de Promoción para los Derechos Humanos.

Una posible reunión con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, aún no ha sido confirmada, pero se cree que el tema de la abogada Digna Ochoa será abordado durante los múltiples acercamientos que sostendrá la alta relatora con el gobierno y las ONG.

ISRAEL RODRIGUEZ J.

La Secretaría de Hacienda aseguró que el actuar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta ahora ha quedado circunscrito a lo definido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, por tanto, no ha incurrido en incumplimiento o desacato alguno quedando exentos, tanto la comisión como sus funcionarios, de sanción alguna.

En el informe semanal, del 24 al 30 de junio, se señala que el secretario Francisco Gil Díaz reconoce el profesionalismo y honestidad mostradas por el presidente de la CNBV, Jonathan Davis Arzac, en su trayectoria como funcionario público, y en especial por la transparencia y el apego a la legalidad con la que ha conducido sus labores dentro del organismo que preside.

POR JESUS ARANDA

Después de haber dictaminado la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los ministros de la Suprema Corte están abiertos a "recapacitar" sobre su postura tradicional, en el sentido de que la cadena perpetua es una pena "inusitada y trascendental", lo cual abriría las puertas de aplicarlas en México y facilitaría la extradición de connacionales a Estados Unidos, particularmente de aquellos acusados de narcotráfico.

Trascendió que más de un ministro apoya la idea de endurecer los castigos a los narcotraficantes, secuestradores y traficantes de personas, aunque para que el máximo tribunal cambie su criterio hace falta que el pleno conozca en su momento asuntos que permitan a los juzgadores modificar la posición.

Fuentes del Poder Judicial de primer nivel reconocieron lo anterior tras destacar que durante la intensa discusión sobre el tema, que duró más de un mes, los ministros quedaron convencidos que delitos como el narcotráfico, tráfico de armas o de personas, secuestro y robo de vehículos -todos considerados producto de la delincuencia organizada- deben ser atacados por el Estado de una forma particular y, por tanto, las penas deben ser también ejemplares.

En nueve meses han ocurrido 16 suicidios y múltiples muertes por riñas y enfrentamientos en los penales de la capital, advirtió Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Los casos de suicidio de presos son un factor indicativo de la grave situación que se vive al interior de los reclusorios capitalinos, afirmó Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En su opinión, la causas de las muertes en los penales pueden ser la falta de trabajo y de actividades recreativas que puedan proporcionar a los presos satisfacción personal, las condiciones de hacinamiento y tensión entre la población penitenciaria, además de que cabe la posibilidad de que los casos registrados como suicidio en realidad hayan sido homicidios.
Aunque de septiembre pasado a la fecha se han registrado ocho suicidios en los diferentes penales de la capital, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) indica que ha habido hasta 16, además de los decesos por riñas, enfrentamientos y muertes naturales.

Los reportes de la Procuraduría General de Justicia del DF y del Servicio Médico Forense dicen que ocho casos han sido suicidios, con excepción de la muerte de Marco Antonio Barrera, quien fue hallado muerto en el Reclusorio Sur luego de ser trasladado de la Penitenciaría de Santa Martha, donde había recibido amenazas de muerte.

El problema que enfrenta la Comisión de Derechos Humanos capitalina es que no tienen acceso directo a expedientes, ni con familiares, para certificar que hayan sido suicidios. Además, el único caso en el que se levantó una denuncia por homicidio es el de Marco Antonio Barrera Rivas.
Las llamadas cifras negras, que son acusaciones que no se levantan son situaciones que preocupan a la comisión.

Por Eugenia Jiménez

A 10 años de haberse otorgado personalidad jurídica a las iglesias y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ésta tiene deficiencias que podrían superarse con una reforma en la que participen los líderes de las iglesias, aseguró Jorge Lee Galindo, apoderado legal de las iglesias bautistas de México.

Ante la falta del reglamento de la ley, las lagunas administrativas han sido parchadas por trámites burocráticos que impiden un cumplimiento cabal del discurso gubernamental de la desregulación, señaló.

Agrupaciones refuerzan su cabildeo para obtener registro

Por Carina García

Las agrupaciones cuyo registro como nuevos partidos políticos fue negado por la Comisión de Prerrogativas del IFE solicitaron ayer suspender la sesión del Consejo General del Instituto, prevista para este miércoles, para dar tiempo a una revisión exhaustiva de sus respectivas documentaciones. Francisco De Paula, del Partido Republicano; Max Correa, del Partido Campesino y Popular; Jorge Canedo, del Partido Justicia Social, y Marco Tulio Zárate, de Plataforma Cuatro, reforzaron su cabildeo con consejeros para impedir que en la sesión se cancelen sus posibilidades de obtención de registro. Incluso solicitaron audiencia con el presidente del Consejo General, José Woldenberg, para expresar su rechazo a un procedimiento "al vapor", como lo sería la votación que sobre esas solicitudes de registro realizaría mañana el IFE. Los inconformes enviaron, por separado, cartas a Woldenberg, en las que pidieron requerir al RFE nueva verificación.

Por DANIEL MILLÁN Y MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ

El Gobierno de Vicente Fox se abrió a la Organización de las Naciones Unidas y le pidió ayuda para elaborar un diagnóstico de las violaciones de derechos humanos que aún se cometen en el país, a fin de emprender un programa de Estado que busque erradicarlas. Ayer, el Canciller Jorge G. Castañeda firmó con Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, un convenio para instalar una oficina de esa instancia en el país.

Según Castañeda, México es acaso la única nación que en una situación de paz y estabilidad ha pedido a la Alta Comisionada instalar una representación en su territorio.

La oficina, que tendrá las garantías propias de una delegación diplomática incluyendo inmunidad judicial, ayudará al Gobierno a realizar un estudio sobre los derechos humanos en México, explicó Castañeda.

El presidente Vicente Fox Quesada, aseguró que el 2 de julio del 2000 marcó para México "el arribo de un gobierno que se guía por principios y no por intereses".

Al hablar en la sede nacional del Partido Acción Nacional, reiteró esta mañana, que uno de los compromisos sobre los que trabaja su administración y en donde jamás se bajará la guardia es en el combate a la corrupción. Incluso, aclaró que su gobierno no he hecho de la persecución del delito una propaganda política.

Exige IP a legisladores aclarar uso de recursos

Por HUGO DE LA TORRE Y LILIA CARRILLO

El sector empresarial reprobó la partida secreta que tiene la Cámara de Diputados, al considerar que a través de ese tipo de esquemas, los partidos políticos utilizan los recursos públicos sin rendirle cuentas a nadie, lo cual resulta inaceptable.

Para las organizaciones cúpula de la iniciativa privada, los legisladores deben presentar un informe detallado sobre la forma en que se utilizaron los recursos de la esa partida.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el coordinador de los senadores priístas, Enrique Jackson Ramírez, consideraron que fue un ''gesto de responsabilidad y valor'' de Rogelio Montemayor Seguy haberse entregado a la justicia.

''Eso demuestra la certidumbre que tiene de su inocencia ante las acusaciones que le ha formulado'' respecto al presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, comentó en conferencia de prensa, el vocero del CEN del PRI, Carlos Jiménez Macías.

Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa, coordinador de los diputados federales del PAN, restó importancia al hecho de que Montemayor se hubiese entregado a la justicia en Estados Unidos, ya que, dijo, ''no tenía otra alternativa, porque hasta donde tengo entendido las autoridades mexicanas estaban ya muy cerca de su ubicación y entiendo también que la propia entrega del ex director de Petróleos Mexicanos se hizo siguiendo la estrategia jurídica de sus abogados''.

En una carta dada a conocer por sus colaboradores, el ex director de Petróleos Mexicanos afirma que su intención de entregarse es para demostrar su inocencia; por la seguridad de su familia "a la que se hostiga". Y llevar al ámbito judicial los procesos que las autoridades mexicanas lleven en su contra. [...] En un documento dirigido a la opinión publica, el ex director de Petróleos Mexicanos se declara "ofendido" por la oferta de la PGR de incorporarlo al programa de protección a testigos, "no me interesa ni necesito la protección de aquellos que me acusan".

La militarización de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de distintas áreas de seguridad del gobierno mexicano ha causado preocupación, reconoció la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, durante su primer día de visita en México.
En conferencia de prensa, la ex primer ministro de Irlanda dijo también estar consciente de la problemática generada por la entrada de militares en la PFP y adelantó que hoy por la mañana, durante varias reuniones que sostendrá con Organizaciones No Gubernamentales y autoridades de la administración del presidente Vicente Fox, pedirá más datos sobre el tema.
"Necesito más información de este tema, de primera mano", aseguró en conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), poco después de haber inaugurado un foro sobre racismo auspiciado por la ONU.

Por MARGARITA VEGA

La dirigencia nacional del PRD presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos Contra Personas Vinculadas a Movimientos Sociales por el asesinato de 662 de sus militantes desde 1988 y culpó directamente de esas muertes a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Acompañada del fundador del partido del sol azteca, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la lideresa perredista Rosario Robles acudió ayer poco antes de las 18:00 horas a la Fiscalía, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, para exigir que se llegue a fondo en la investigación de los perredistas asesinados y cuyos crímenes fueron comparados por el propio Cárdenas con los cometidos durante la llamada "guerra sucia" de los 70.

Respaldada en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2001, el cual dispone de medidas para juzgar delitos cometidos por servidores públicos contra integrantes de movimientos sociales y políticos en el pasado, Robles exigió acabar con la impunidad que ha caracterizado estos crímenes, cuyas dos primeras víctimas, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cumplieron precisamente ayer 14 años de haber sido asesinados.
Tras reunirse con el fiscal especial, quien se comprometió a iniciar de inmediato las investigaciones, los perredistas acudieron al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, para brindar un homenaje a sus caídos.

Por Víctor Mayén

Llegó a su cita con la historia. No gesticuló. Escuchó con atención el pliego de acusaciones que hay en su contra, derivado de 10 averiguaciones previas que se abrieron por los hechos trágicos del 2 de octubre de 1968, y en el que se le imputan delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas, entre otros, los que quedaron asentados en la indagatoria FEMOSPP-02-2002. Luis Echeverría Alvarez, ex presidente de México, después de ocho horas y media de comparecencia ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, se abstuvo de responder al cuestionario de más de 200 preguntas, todas relativas a la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Echeverría Alvarez solicitó al fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, un plazo de 40 días para responder a esas preguntas. Mientras, su representante legal, Antonio Cuéllar Salas, aseguró que su cliente no oculta nada, está dispuesto a dar a conocer lo que sabe y a declarar en todo lo que tenga conocimiento. El mandatario mexicano llegó en una camioneta Windstar, color gris plata, a las instalaciones de la fiscalía, ubicadas en avenida Juárez 100, la cual rápidamente entró al estacionamiento del inmueble para evitar a los representantes de los medios de comunicación.

RENATO DAVALOS Y GEORGINA SALDIERNA

En el segundo aniversario del Día de la Victoria Ciudadana, el presidente Vicente Fox Quesada acudió a la sede del Partido Acción Nacional (PAN) para resumir los 579 días de su gobierno: "es claro que la ciudadanía está impaciente por los resultados, pero hay liderazgo en la administración y el país. Cuento con mi partido". Mi gobierno, agregó, no ha incurrido en la tentación de "atacar a un partido o politizar investigaciones". Tampoco que éstas sean válvula de escape a tensiones o desacuerdos.

Dos años del 2 de julio, aniversario de boda y sexagenario cumpleaños. El mariachi empezó con Las mañanitas, continuó con El rey y terminó con Fallaste corazón, que algunos interpretaron con suspicacia. Fox, frente a casi 12 miembros de su gabinete, incluidos aquellos sin filiación blanquiazul, manifestó: nuestra mira "no puede estar puesta" en una coyuntura electoral o en los "tiempos que vivimos".

En el salón de usos múltiples del nuevo edificio del partido en el poder, convertido en una fortaleza, especialmente para los medios de comunicación que fueron confinados en un saloncillo con un monitor de 20 pulgadas para más de cien reporteros, se respiró aquella unidad no tan genuina que se profesaron gobierno y partido.

Impávido, Echeverría escuchó las acusaciones sobre el 68

JESUS ARANDA Y BLANCHE PETRICH

Casi 34 años después de la matanza del 2 de octubre, Luis Echeverría se convirtió en el primer ex presidente en acudir a declarar en calidad de indiciado. Ayer compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para responder a las acusaciones por genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones forzadas ''y lo que resulte'', formuladas por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

Echeverría Alvarez escuchó durante casi siete horas el contenido de las averiguaciones y las acusaciones directas en su contra con motivo de la represión ocurrida en 1968, y ante la enorme cantidad de preguntas que le formularon -unos testigos hablaron de 100 y otros de casi 200- solicitó un plazo de 40 días para responder por escrito a las acusaciones y un cuestionario formulado por el fiscal del caso. Debido a lo cansado de la diligencia, y a petición del indiciado, se aplazó para el próximo martes 9 de julio la audiencia para que Echeverría responda por la matanza del 10 de junio de 1971, cuando él era presidente de la República.

El ex mandatario se mantuvo impávido y sólo abrió la boca para dar sus datos generales y apeló a su derecho a no responder ninguna pregunta; inicialmente lo hará por escrito y si después se requiere contestará de viva voz en audiencias posteriores.

El ex presidente evitó todo contacto con la prensa y salió de la fiscalía a bordo de una camioneta escoltada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Su abogado defensor, Antonio Cuéllar Salas, aseguró en entrevista que Echeverría se asume inocente de los cargos que se le imputan, y que a sus 80 años de edad está en plenas facultades físicas y mentales para responder a todos los cuestionamientos que se le hagan.

Por ERNESTO NÚÑEZ

El Partido Acción Nacional celebró ayer dos años de la victoria electoral que llevó a Vicente Fox a la Presidencia, con un llamado al Mandatario a afianzar las tesis humanistas del PAN y a consolidar el cambio en México. [...] El PAN arropó ayer al Presidente, le ofreció apoyo para superar los embates de una oposición a la que acusó de bloquear, boicotear y desanimar a la sociedad.
Pero también recordó al guanajuatense cuál es su casa de origen, y le advirtió que su Gobierno será la referencia con que se juzgue al PAN en próximas elecciones.

ANDREA BECERRIL

Ante el pleno de la Comisión Permanente, los legisladores del PRD exigirán hoy que se fije de inmediato fecha para la Reunión Interparlamentaria México-Cuba, toda vez que esa decisión se ha postergado desde hace dos meses.

El diputado perredista Emilio Ulloa, advirtió que pedirán de manera directa a la senadora del PAN Cecilia Romero, a quien toca presidir esa interparlamentaria -en su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe-, que haya una definición inmediata, porque no puede retrasarse más ese encuentro anual.

Dijo asimismo que de persistir esa estrategia de darle largas al asunto, hay un acuerdo entre legisladores de su bancada, del PRI y del PT para tomar una decisión por mayoría y acordar directamente con la Asamblea Popular de Cuba la agenda y la fecha de la reunión, que deber ser en este mes de julio.

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

En el propio Senado, Diego Fernández de Cevallos escuchó los reclamos y cuestionamientos de legisladores de PRD y PT sobre el conflicto de intereses de quien litiga y legisla al mismo tiempo: ''¿Un representante público puede utilizar la fuerza que le da esa condición para favorecerse personalmente? ¡No, parece que no!'', le dijeron.

Aunque el queretano acudió a todo tipo de maniobras para evitar que el perredista Jesús Ortega llevara el tema a tribuna, al final no pudo evitarlo; se excusó entonces de responder a los señalamientos porque, dijo, no podía hacerlo en su calidad de presidente de la mesa directiva.

Pero más tarde, en entrevista, exigió pruebas de que su comportamiento es ''inmoral'', y se burló de Demetrio Sodi y Miguel Barbosa por haber presentado dos iniciativas que prohíben a diputados y senadores ejercer otras actividades lucrativas durante su encargo parlamentario: ''Me dan ternura'', dijo sonriendo.

Desde el inicio de la sesión de la Permanente la suerte del tema Diego-legislador-litigante estaba echada. La mesa directiva que encabeza el senador panista le dio entrada, pero programándola al final de las intervenciones para intentar que, una vez agotado el tiempo promedio, la discusión se difiriera hasta la semana siguiente.

Y fue el senador del PRD Demetrio Sodi quien se presentó a la tribuna con un proyecto de decreto para que todos los funcionarios públicos, sin excepción, dejen de obtener cualquier retribución adicional a la señalada en la ley como pago a sus funciones

RAUL LLANOS, RICARDO OLAYO Y BERTHA TERESA RAMIREZ

Durante la discusión del dictamen de la ley de sociedades en convivencia que este medio día llevará a cabo el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se prevén dos escenarios: adentro, la presentación de una moción suspensiva por un grupo de priístas, la que de no prosperar dará paso a una cerrada votación. Afuera, la disputa de las calles Donceles y Allende por parte de grupos conservadores y liberales.

En este contexto, diversos grupos sociales, instituciones y partidos han hecho mella en el ánimo de los diputados locales de PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia por la Democracia y Democracia Social, algunos de los cuales han cambiado la intención de su voto o permanecen indecisos. Hasta ahora, según las intenciones de voto, la mayoría se inclinaría por aprobarla.

Hasta las oficinas de los legisladores o bien a sus correos electrónicos han llegado numerosas cartas, unas de apoyo a la propuesta y otras para solicitarles que voten en contra del dictamen de dicha ley, que para unos implica legalizar la unión entre personas del mismo sexo, y para otros es una legislación para dar certeza al patrimonio que construyen este tipo de parejas.

JESUS ARANDA

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, promovió ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación una ampliación de la demanda de controversia constitucional que interpuso en abril pasado en contra del decreto promulgatorio de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este segundo recurso jurídico cuestiona la "declaración interpretativa" publicada el 9 de junio pasado en el Diario Oficial, que precisa que ese instrumento sólo se aplicará a quienes ejecuten o cometan desapariciones forzadas con posterioridad a la entrada en vigor de la convención. El 24 de junio pasado, el ministro instructor de la controversia 33/2002, Juan Díaz Romero, dio entrada al recurso presentado por López Obrador en el que solicitó la invalidez de la "declaración interpretativa" y la "reserva expresa" del gobierno de Vicente Fox al artículo noveno de dicha convención, publicadas en el Diario Oficial.

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se reunirá este jueves con los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PT y Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y con los presidentes de esos partidos políticos para definir si habrá convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

La semana pasada el titular de Gobernación y los dirigentes de los partidos políticos en cuestión se reunieron para analizar ese tema. La nueva cita -que tendrá verificativo hoy a las 13:00 en Bucareli- obedece al descontento que privó entre los coordinadores de las bancadas partidistas en ambas cámaras por el acuerdo al que se llegó en aquella ocasión, en la que incluso se puso sobre la mesa un listado de dictámenes a votar en el citado periodo extra.

Por MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ

Ciudad de México (4 julio 2002).- El ex Presidente Luis Echeverría Álvarez aseguró ayer tener la conciencia absolutamente tranquila, y calificó de buen precedente su comparecencia del martes ante la Fiscalía Especial que investiga la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 y las desapariciones de la "guerra sucia". [...] Con semblante sereno y respuestas escuetas, dijo que la matanza de Tlatelolco fue una "tragedia nacional" y que debe aclararse para evitar que se repita, pero se reservó de hacer más comentarios sobre las acusaciones de genocidio que formularon en su contra los dirigentes del movimiento estudiantil. [...] Echeverría se dijo complacido de ser el primer ex Presidente de México que es llamado a declarar ante un el Ministerio Público para responder a hechos relacionados con su gestión y afirmó que sienta " un buen precedente".

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 3 de julio. Los organizadores del Encuentro Nacional por la Paz, que comenzará en esta ciudad el próximo viernes con el propósito de "encontrar nuevos acuerdos y acciones que favorezcan la paz en México", informaron que esperan la presencia de más de 600 personas de la sociedad civil, entre ellas los invitados que ya confirmaron su asistencia: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Amalia Solórzano, el obispo Samuel Ruiz García, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Luis González Souza, Ofelia Medina, Ana Colchero, Gilberto López y Rivas y Gustavo Esteva.

En conferencia de prensa, Miguel Alvarez Gándara, del comité organizador, dijo que la invitación es "abierta" porque "hay antecedentes de que los gobiernos federal y de Chiapas, así como la Comisión de Concordia y Pacificación, buscan cualquier situación para capitalizarla como signo de que puede haber diálogo y negociación".

Explicó que el encuentro no se planteó como diálogo de la sociedad civil con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); ellos están invitados de manera abierta, como todas las organizaciones, pero no se quiso correr el riesgo de que la reunión pueda ser capitalizada por el gobierno. Dijo que no asistirá la Cocopa, porque no fue invitada. Y en todo caso los zapatistas tendrán la opción de ver las modalidades de su participación".

Por MAYOLO LÓPEZ

Blanco de acusaciones por la combinación del ejercicio legislativo y su trabajo como abogado postulante, el senador panista Diego Fernández de Cevallos denunció ayer que los que incurren en "verdadero tráfico de influencias" son los funcionarios y legisladores que se benefician al margen de la ley.
El debate relacionado con la duplicación de funciones en que incurren servidores públicos y legisladores llegó a la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, vivo aún el litigio que el despacho del abogado panista ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria, que tendrá que pagar alrededor de mil 200 millones de pesos como indemnización a un cliente de Fernández de Cevallos.
Jesús Ortega, jefe de la bancada del PRD en el Senado, introdujo el asunto, del que el PRI se hizo a un lado y el que el PAN intentó postergar.

Por RAQUEL FIERRO

Morelos, México. CUERNAVACA.- El Congreso estatal pagará a una empresa de consultoría unos 517 mil pesos para que elabore una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pese a las instancias legislativas y asesores que ya cuenta para ello.

Ayer, los coordinadores del PAN, Sergio Álvarez, del PRI, Víctor Hugo Manzo, y del PRD, José Luis Correa, aseguraron que todavía discuten la contratación de una firma privada que elabore la iniciativa de ley, aunque adelantaron que "seguramente" aprobarán la propuesta presentada por D & P Consultores, SC.
No obstante, personal del Congreso local confirmó que el viernes pasado ya se tramitó el pago a este despacho del 50 por ciento del costo total del proyecto supuestamente a cargo de Salvador Nava Gomar, integrante del Grupo Oaxaca y directivo de la Universidad Anáhuac del Sur, quien participó en la elaboración de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Por DAVID VICENTEÑO

Con el objetivo de homologar los planes de estudio, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio de la Academia Nacional, inició un proceso de evaluación a las 127 escuelas, institutos y centros de formación y capacitación de policías, agentes judiciales, peritos, jueces y custodios del país.
De acuerdo con manuales consultados por REFORMA, en el diagnóstico realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece que actualmente la formación de estos funcionarios no es uniforme y los planes de estudio son, en algunos casos, improvisados.
Aunque no maneja el nombre de las entidades, a fin de no evidenciar a un Gobierno local en particular, se establece que la formación de un policía preventivo puede ir de una semana a nueve meses de capacitación básica en México.
Mientras tanto, para la formación de agentes judiciales o peritos, hay entidades que se toman de tres meses a un año de estudios, en institutos que manejan diferentes programas de instrucción.
La Academia Nacional ha realizado en el último año un proceso de evaluación y certificación a diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
A solicitud de los 31 estados del país y del Distrito Federal, la Academia ha evaluado a 34 mil 932 elementos, de los cuales 18 mil 151 son policías preventivos, mil 159 aspirantes a policías preventivos, 4 mil 687 custodios penitenciarios y 3 mil 371 policías judiciales

Por Miguel A. Mazariegos /Amalia Frías

La fracción parlamentaria del PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reformas a los artículos cinco, 101 y 108 de la Constitución, con el propósito de establecer que los servidores públicos no podrán desempeñar otro empleo diferente para el que fueron designados o electos, mientras que el Consejo Ciudadano propuso la prohibición de que legisladores utilicen su fuero y poder político para ir en contra del patrimonio de la nación. El senador del PRD, Demetrio Sodi de la Tijera, fue quien la presentó durante la sesión, en la que explicó que el objeto de promover una reforma constitucional se debe a la necesidad de establecer el principio de incompatibilidad, como un criterio esencial en el desempeño de la función pública. A su vez, el presidente de la Coparmex, Jorge Espina Reyes, al presentar el plan de trabajo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informó que dicho organismo presentará un proyecto de ley al Congreso de la Unión para prohibir que diputados o senadores litiguen casos de particulares, tal y como lo ocurrido con Diego Fernández de Cevallos, Salvador Rocha y Fauzi Hamdan, entre otros, porque utilizan su fuero y poder político para ir en contra del patrimonio de la nación. Demetrio Sodi, señaló que en México, únicamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios, los consejeros de la Judicatura Federal y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se encuentran imposibilitados por disposición constitucional para desempeñar cualquier empleo o cargo ajeno a sus deberes, exceptuando aquellos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

ALONSO URRUTIA

Al conocerse la exculpación oficial que hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, sobre cualquier responsabilidad de desacato al Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero Jaime Cárdenas y Pablo Gómez, representante del PRD, pidieron al Consejo General del organismo exigir la información directamente al presidente de la República, Vicente Fox, y promover juicio político contra el titular de Hacienda.

Gómez argumentó que la respuesta negativa, primero de Davis y luego de Gil Díaz, a la solicitud de información sobre los manejos financieros en el Pemexgate obedecen a un mandato presidencial, y deploró que el gobierno maneje conceptos arcaicos para regatear información al IFE.

Por HUGO DE LA TORRE

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal anunció una iniciativa de ley para prohibir a legisladores litigar contra el Estado.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Coparmex, las ONG criticaron a los legisladores Diego Fernández de Cevallos, Salvador Rocha Díaz, Fernando Gómez Mont y Fauzi Hamdam, al considerar que se aprovechan de sus cargos públicos para defender a presuntos delincuentes acusados de peculado.

José Antonio Ortega, secretario del Consejo Ciudadano, afirmó que es incongruente e incompatible que quien sirve al Estado y trabaje en éste lleve un caso que afecta a todas luces al Gobierno federal.

ALONSO URRRUTIA

Los comicios federales del próximo año se habrán de realizar con la participación de diez partidos políticos, una vez que ayer el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó otorgarle el registro a México Posible y al Partido Liberal Progresista. De igual forma rechazó las argumentaciones para revisar nuevamente el caso de otras ocho agrupaciones políticas, mismas que anunciaron de inmediato que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las apelaciones de prácticamente todos los representantes partidistas y los consejeros Jaime Cárdenas y José Barragán para que se devolvieran los dictámenes a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y se revisaran posibles errores en los documentos entregados fueron aceptadas y se procedió a votar.

Por otro lado, el Consejo General del IFE aprobó impulsar el Programa de Medios 2002-2003, intensificar las negociaciones para el cumplimiento, por parte de los concesionarios de radio y televisión, de los tiempos que deberán otorgar a los partidos políticos, como lo dispone la legislación electoral.

Durante la sesión destacó la condena de varios consejeros a la actitud asumida por la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir la legislación vigente. Jaime Cárdenas acusó a la administración actual, encabezada por Santiago Creel, de incurrir en las mismas prácticas asumidas por el gobierno priísta para regatear los tiempos a los programas de los partidos políticos.

DAVID ZUÑIGA

A más tardar en dos semanas, el Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, formado por más de 50 organizaciones ciudadanas y empresariales, presentará a los partidos una propuesta de reforma para prohibir a los legisladores litigar contra el Estado, lo que terminaría con algunos negocios de Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, Natividad González Parás, Fernando Gómez Mont y Salvador Rocha Díaz, entre otros, que han ''lastimado gravemente a la sociedad'' al ''proteger'' a funcionarios acusados de peculado y otros ilícitos, afirmó el vicepresidente del organismo, José Antonio Ortega.

En conferencia de prensa, el asesor de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que esta ''dualidad de funciones'' sí constituye una conducta ''viciada y éticamente cuestionable'' que implica un conflicto de intereses y se presta a tráfico de influencias; no obstante, reconoció que las reglas, en caso de aprobarse, sólo podrían aplicarse para evitar nuevos juicios y no a los que ya ganaron los ''superdespachos'' de los diputados y senadores, entre ellos el que el panista Diego Fernández de Cevallos ganó en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por un monto que supera el presupuesto anual de esa dependencia.

JOSE ANTONIO ROMAN

Al realizar una autocrítica, el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó que la Iglesia católica también tiene una enorme deuda con los pueblos indios, pues ha sido incapaz de entender su cultura y llevar a cabo una evangelización profunda. "Yo creo que también les debemos pedir perdón", dijo, al dar a conocer una carta de las comisiones episcopales de Pastoral Social y de Indígenas.

Manifestó que aun entre la jerarquía eclesiástica existe una visión parcial e incompleta de la realidad y la cultura indígenas. "Los obispos estamos padeciendo el racismo congénito que llevamos los mexicanos", dijo el obispo miembro de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano.

Por WILBERT TORRE Y GUADALUPE IRÍZAR / Grupo Reforma

Ciudad de México (4 julio 2002).- Después de un debate de más de dos horas y de haberse rechazado una moción suspensiva el Instituto Federal Electoral aprobó ayer el registro de los dos nuevos partidos: México Posible y Liberal Progresista.

Con las altas de ayer, suman ya 10 los partidos políticos nacionales que recibirán en el 2003, año electoral, más de 5 mil millones de pesos para sus actividades. Se prevé que los dos nuevos partidos recibirán alrededor de 100 millones de pesos cada uno.

Sin embargo, el número de partidos podría modificarse, ya que las ocho organizaciones que no obtuvieron registro recurrirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impugnar la calificación de sus solicitudes.

Estas ocho organizaciones son: Socialdemocracia Partido de la Rosa, de Gilberto Rincón Gallardo; Fuerza Ciudadana, de Jorge Alcocer; Partido Republicano, de Francisco de Paula León Olea; Partido Campesino y Popular, de Max Correa y Rafael Piñeiro; Justicia Social, de Jorge Canedo; Plataforma Cuatro, Partido Popular Socialista y Partido de la Revolución Mexicana.
El acuerdo fue tomado a pesar de la oposición de todos los partidos, que insistentemente solicitaron al IFE agotar el tiempo legal de 120 días para revisión de expedientes, a la cual atribuyeron errores técnicos y de interpretación de la ley.

La Asamblea Legislativa aprobó ayer la nueva Ley de Transporte y Vialidad por la cual, además de abrogar la Ley del Transporte, regula las marchas, a fin de evitar que se lleven a cabo colapsando el tráfico en las vías primarias de circulación vehicular continua, cuyo cumplimiento será vigilado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El artículo 106 de esta controvertida ley indica que "tienen el derecho de utilizar las vialidades quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos"; sin embargo, el artículo 107 acota los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter "político, religioso, deportivo, recreativo o social".
La ley que elaboró la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos de la ALDF, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta, reconoce que las manifestaciones públicas son "lícitas", pero si "perturban" el tránsito en las vialidades, así como la paz y tranquilidad de la población, "es necesario que sus organizadores den aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma".

El objetivo, explica la ley, es que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) informe de tal acto a la población, a través de los medios masivos de comunicación y, asimismo, proponga alternativas para el tránsito de las personas y los vehículos".
Cabe señalar que los lineamientos a seguir respecto del cumplimiento de este mandato deberán quedar establecidos en el reglamento correspondiente que elaborará el GDF.
Poco antes, fracasó el intento del diputado Emilio Serrano para que fuera aceptada una moción suspensiva en contra del dictamen, porque presuntamente viola las garantías de libertad de expresión y de reunión consagradas en los artículos 6 y 9 de la Constitución. [...] Ejecutivos de la empresa de publicidad en automóviles Publi XIII Moving Publicity pidieron al Gobierno del Distrito Federal que "los dejen trabajar", luego de que se anunciara el reforzamiento de las medidas para impedir que los autos circulen con publicidad y la aplicación de multas a sus propietarios.

Por MAYOLO LÓPEZ / Grupo Reforma

Ciudad de México (5 julio 2002).-Con el beneplácito del Gobierno, los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión acordaron ayer "recomendar" a las instancias competentes del Legislativo lanzar la convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
Sin embargo, el acuerdo no dio tanto como para definir la fecha de apertura de ese eventual periodo extraordinario; de hecho, no se dijo que el miércoles próximo, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se haría la convocatoria formal.
Tampoco se delineó una agenda a tratar, aunque -paralelamente- se acordó la instalación de una "mesa central de discusión" y de otras cinco para desahogar las reformas del Estado y de las finanzas públicas, así como los temas de desarrollo social, "mundo del trabajo" y asuntos de coyuntura.
Presidida por el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la reunión congregó a los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, Roberto Madrazo, Luis Felipe Bravo Mena, Rosario Robles, Alberto Anaya y Jorge Emilio González, respectivamente, acompañados por los secretarios generales.

Por SERGIO MUÑIZ

Monterrey, México(5 julio 2002).-El Congreso de Nuevo León dio ayer el primer paso para reducir el número de regidores en los 51 Ayuntamientos del estado al aprobarse en primera vuelta la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. Con el voto unánime de las fracciones del PAN, PRI, PT y PRD, la iniciativa presentada por la bancada albiazul para reducir el número de los integrantes de los Ayuntamientos fue admitida para su discusión y análisis.

Aunque la fracción del PRI dio su aprobación para que fuera discutido el documento, los priístas consideraron que la disminución de ediles no es la solución integral al problema y que deben incluirse en la discusión otros temas.

De igual forma, las bancadas del PT y PRD también apoyaron abrir a debate la iniciativa, pero dejaron en claro su rechazo al contenido de la propuesta albiazul.

Por tratarse de una ley considerada constitucional, la reforma planteada deberá ser votada en segunda vuelta en un periodo de sesiones extraordinario.

Ser director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) "no es gratis", pues la ocupación de este cargo está avalada incluso por los enlaces de la Procuraduría General de la República (PGR) en el mundo, como el FBI y las policías de España y Francia, manifestó el titular de esta nueva corporación, Genaro García Luna.

El funcionario federal dio ayer sus primeras declaraciones públicas desde que ocupó el cargo, y en respuesta a las investigaciones que hay en su contra por un presunto desvío de 40 millones de pesos cuando fuera coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP), denuncia interpuesta por Alejandro Gertz Manero, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al intensificarse los programas de protección a migrantes, el número de mexicanos fallecidos en la frontera norte disminuyó de 210 a 117 este año, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dio a conocer que en el mismo periodo se han rescatado hasta 885 personas en zonas inhóspitas de la franja fronteriza.

En un comunicado, la dependencia expuso que en los primeros seis meses de 2002, en la región de la frontera norte se registraron 167 fallecimientos de indocumentados, de los cuales 117 eran mexicanos. El año pasado, durante la misma época, murieron 210 connacionales en esas circunstancias.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda iniciará hoy una gira de trabajo por los estados de Chiapas y Quintana Roo para supervisar y fortalecer las actividades que en materia migratoria se realizan en la frontera sur del país.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones al código penal que incrementan la penalidad en el delito de secuestro, y precisan el delito de estupro (sostener un mayor de edad relaciones genitales con un menor), destacó hoy Juan José Castillo Mota, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia de esa instancia legislativa.

Los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), recriminaron al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que no haya utilizado dinero del "subejercicio que presenta su administración" para costear el plebiscito, por lo que el propio instituto pagará los 122 millones de pesos que se requieren.

Mediante un escrito firmado por el consejero presidente Javier Santiago Castillo, los consejeros le señalan al jefe de gobierno que no se requería la intervención de la Asamblea Legislativa para modificar presupuestos y sí "voluntad política" de su parte para pagar el plebiscito del 22 de septiembre, en el que los capitalinos decidirán si se construyen segundos pisos a Viaducto y Periférico.
Asimismo, descartaron firmar algún convenio de colaboración en "especie" con el GDF, y le informan a López Obrador que el IEDF afectará algunos de sus programas prioritarios para generar ahorros a emplearse en el ejercicio electoral ya mencionado, pero también le recomienda que "instruya" a todas las dependencias del GDF a fin de que "se abstengan de obstaculizar la organización del proceso".
http://www.milenio.com/mexico/nota.asp?id=16428

JESUS ARANDA

El Instituto Federal Electoral (IFE) cometió "el error" de pretender recibir la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionada con el presunto desvío de fondos de Petróleos Mexicanos al Partido Revolucionario Institucional amparado en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estableció las facultades hacendarias de los consejeros electorales para conocer las cuentas de Amigos de Fox, señaló la magistrada Bertha Alfonsina Navarro.

Dijo que el IFE tenía que haber hecho el requerimiento sobre las cuentas de Pemex con base en sus facultades y amparado en la decisión del tribunal, y no requerir la información "genéricamente", sin fundamentar su petición a la CNBV.

Entrevistada al término de la conferencia magistral Globalización, de-mocracia y derecho, ofrecida por el politólogo italiano Michelangelo Bo-vero, que se realizó en las instalaciones del TEPJF, la magistrada explicó que se necesitan tres sentencias consecutivas del tribunal para establecer jurisprudencia obligatoria sobre un tema concreto -en este caso, que no existe el secreto bancario cuando se trata de la fiscalización de recursos públicos de los partidos y agrupaciones políticas-, y que entonces sí el funcionario que se niegue a entregar la información requerida sería sujeto de sanción.

Armando Calderón

Con el voto a favor del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, Hiram Escudero, se decidió por 31 votos a favor y 30 en contra una sorpresiva moción suspensiva para regresar a comisiones el dictamen de la ley de sociedad de convivencia que, finalmente, aguardará hasta el próximo periodo de sesiones para darle certidumbre jurídica a las relaciones entre parejas del mismo sexo.
La moción fue presentada por los diputados Francisco Solís Peón y Arturo Barajas Ruiz –del PAN y el PRI, respectivamente– y, en una primera votación nominal (tras fracasar la votación económica debido a lo dividido de las posturas), la votación había sido 31 a favor de la moción y 30 en contra, añadiéndose una abstención del propio diputado Hiram Escudero. [...] En esa segunda rueda, y cuando el último voto decidiría el destino de la controvertida ley que dictaminaron las comisiones unidades de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la ALDF, el diputado Escudero cambió su "abstención" por un voto "a favor" de la moción suspensiva.
Según la moción, "no ha quedado clara la naturaleza jurídica de la sociedad de convivencia, porque se le pretende inscribir en una institución encargada de registrar bienes muebles e inmuebles, sociedades con carácter mercantil, con fines no preponderantemente económicos o civiles, como es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio". [...] Y se agrega que fue presentada "en atención a la oscuridad, inviabilidad, duplicidad de normas, conflicto con otros ordenamientos jurídicos, falta de técnica jurídica y legislativa que el proyecto de decreto presenta".
La diputada Enoé Uranga, quien presentó y fue partícipe en la dictaminación de la iniciativa de la ley de sociedad de convivencia, dijo en tribuna que hubo miedo de los diputados "al futuro, a la esperanza y al amor. Cuánta Iglesia dentro de esta Asamblea, donde el Constituyente hizo la división de las Iglesias y el Estado".

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviará a la Asamblea Legislativa dos iniciativas de modificación al Código Penal local, para aumentar las penas a delincuentes de cuello blanco y reincidentes, ya que muchos ex presos cometen nuevamente delitos y eso no es justo.

La Secretaría del Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó mediante un oficio a la Comisión de Derechos Humanos capitalina que, debido a las carencias de recursos de "muy diversa naturaleza" en las distintas áreas del gobierno capitalino, la recomendación hecha por el ombudsman Emilio Álvarez Icaza para asignar "personal suficiente" en los diferentes centros de reclusión no podrá ser cumplida "en el corto plazo".

El secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, en cumplimiento de las recomendaciones del ombudsman, informa a la CDHDF que siete pasantes de Trabajo Social, Derecho y Administración, así como 43 abogados de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, se han incorporado a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales.
Respecto a la recomendación para que el GDF elaborara un "instructivo" dirigido a los internos de ambos sexos con el fin de que conocieran cuándo y cómo pueden cumplir los requisitos para su libertad anticipada, Ortiz Pinchetti indicó que "además de las informaciones que hay en los reclusorios, se han creado brigadas itinerantes de atención a familiares en los accesos de visita, las cuales brindan orientación a más de 200 personas al día".
En cuanto a la modificación al artículo 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, con el objetivo de que se busque crear la figura de juez de ejecución de sentencia, así como la elaboración del reglamento de dicha ley, Ortiz Pinchetti aseguró a Álvarez Icaza que el próximo 26 de julio estará listo el anteproyecto.

Por lo que toca a la puesta en marcha de un sistema computarizado en cada uno de los centros penitenciarios, Ortiz Pinchetti destacó que ya existe un acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para instalar el "sistema integral de información penitenciaria".

Armando Calderón

Crónica/NTX, 5 Julio

El Instituto Federal Electoral (IFE) no especulará en las investigaciones que realiza para conocer el origen del financiamiento de la campaña presidencial de Vicente Fox, porque el trabajo se efectuará de manera objetiva e imparcial, aseguró hoy el presidente del organismo, José Woldenberg Karakowski. El funcionario electoral afirmó que la información entregada la víspera por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el presunto financiamiento del extranjero para la campaña de Fox será revisada en forma profesional, imparcial y sin especular. La mejor garantía de transparencia de la investigación es que todos los dictámenes serán presentados ante el Consejo General del IFE en sesión pública, asentó en entrevista luego de la presentación de la Memoria del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2000 (Prep-2000), en el auditorio de la institución.

Por José Quintero Arias

México está inmerso en una guerra política producto de que el gobierno de Vicente Fox ha emprendido la más brutal embestida contra el tricolor, mediante la filtración de información, con lo cual busca ocultar el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PAN, aunque el PRI se defenderá e interpondrá una demanda penal contra el subprocurador de la PGR, Alejandro Ramos, por proporcionar a los medios información reservada a investigaciones especiales. Así lo declararon en conferencia de prensa Miguel Angel Yunes y Carlos Jiménez Macías, abogado y vocero del CEN priísta, respectivamente, quienes anunciaron que hay elementos suficientes para acusar al PAN y a los Amigos de Fox de que actuaron al margen de la ley en el financiamiento de la campaña presidencial de Vicente Fox. Yunes enfatizó que el aparato gubernamental en su intento de cubrir los hechos ilícitos relacionados con el financiamiento de la campaña de Fox, recrudece la campaña de desinformación contra el PRI. Expresó que su partido entregará la información correspondiente para que se pruebe que entre el PAN y los Amigos de Fox hubo relaciones para ese financiamiento. Aclaró que no es casual que el mismo día en que se dio a conocer una solicitud de amparo presentada por los principales implicados de este financiamiento ilícito se filtren señalamientos contra el PRI. Yunes acusó directamente al PAN y a los Amigos de Fox de usar recursos ilícitos para la campaña presidencial.

POR FABIOLA MARTINEZ

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregará hoy a la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) "documentos que demuestran la vinculación política y financiera" entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Amigos de Fox en la etapa previa y durante la campaña presidencial de Vicente Fox.

Miguel Angel Yunes, coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI, señaló que el gobierno de Fox ha desarrollado una campaña en los medios de comunicación para afectar al PRI en los procesos electorales en puerta "y ocultar que su campaña fue financiada con recursos ilícitos".

Informó que la próxima semana el PRI presentará una denuncia penal contra el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, por filtrar a los medios de comunicación información contenida en una averiguación previa que por norma debería estar en reserva.

ELIO HENRIQUEZ

San Cristobal de Las Casas, Chis., 4 de julio. El gobierno de Chiapas pretende "presionar" y "montarse" en el Encuentro Nacional por la Paz, que empieza este viernes en esta ciudad, afirmaron los organizadores.

"Existe el temor de que el gobierno del estado pretenda capitalizar este esfuerzo de la sociedad civil como si se realizara de manera conjunta con ellos o como si secundara sus iniciativas acerca de la cuestión de Chiapas", afirmó en conferencia de prensa Felipe Toussaint, miembro de la comisión organizadora.

Miguel Alvarez Gándara, también organizador del encuentro, dijo: "nos preocupa haber constatado que el gobierno estatal pretende presionar al encuentro para que a su vez presione a los zapatistas, y nosotros decimos que no nos dejaremos presionar para jugar un rol que no queremos".

ANDREA BECERRIL

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, Cecilia Romero, informó ayer que propuso que la reunión interparlamentaria México-Cuba se realice del 4 al 7 de agosto próximo, y sólo espera que el presidente de la Asamblea Popular de esa nación, Ricardo Alarcón, acepte esa fecha para darla por buena e iniciar las negociaciones sobre la agenda del encuentro, que este año corresponde realizar en La Habana.

La senadora panista rechazó que exista intención de su partido de retrasar esa reunión, como lo denunciaron en días recientes legisladores del PRI y del PRD.

Analiza LEA otra prórroga

Revelan que el ex Mandatario busca diferir la audiencia del próximo martes

Por MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ
GRUPO REFORMA


Fuentes cercanas a la investigación sobre el Movimiento de 1968 revelaron que el ex Presidente Luis Echeverría Alvarez estudia la posibilidad de solicitar una segunda prórroga para la audiencia relacionada con la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, prevista para el 9 de julio.

La diligencia ya fue diferida en una ocasión, pues inicialmente debía desarrollarse el 2 de julio pasado, al concluir la comparecencia del ex Mandatario sobre la masacre de Tlatelolco.

Eleva la PFP requisitos para los nuevos agentes

Buscan reforzar el área de Inteligencia

Por LUIS ALEGRE
GRUPO REFORMA


La Policía Federal Preventiva (PFP) busca a 600 jóvenes universitarios para formarlos como agentes de Inteligencia. Esta es la primera vez que la corporación pide la carrera profesional como requisito indispensable para ingresar a sus filas.

Los aspirantes que sean aceptados estarán internados cuatro meses bajo régimen militarizado en el Centro de Formación Policial de la Federal Preventiva, localizado en la ciudad de San Luis Potosí.

Empujan ciudadanos 13 mil denuncias de ilícitos

Se triplica registro de llamadas en un año.- SSP. Aseguran que el 15 por ciento de las llamadas recibidas en el Programa Ojo Ciudadano derivan en delitos que investigar; destacan el tráfico de drogas, secuestros, casos de indocumentados y abuso de servidores públicos

Por DAVID VICENTEÑO
GRUPO REFORMA


Aunque sólo el 15 por ciento de las llamadas recibidas por el Programa Ojo Ciudadano se convierten en denuncias de ilícitos a investigar, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) considera que en los primeros 17 meses de su operación, se avanzó con el objetivo de fomentar la cultura de la denuncia.

Guillermo Velasco Arzac, director general de Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad de la SSP, reconoció que el sistema todavía puede mejorarse y que incluso se han detectado problemas derivados de la falta de una cultura cívica, como es el caso de utilizar el mecanismo de la denuncia anónima para fastidiar a vecinos o a enemigos.

Rechazan la reelección



Por GRUPO REFORMA


Una encuesta realizada por Grupo Reforma reveló que el 59 por ciento de los mexicanos está en contra de la reelección de legisladores y Alcaldes, pero a favor de ésta si así se lograran representantes populares más capaces y profesionales.

LA PAZ, 30 de junio (agencias).- Con un virtual empate técnico entre el candidato de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes y Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y sin incidentes, culminaron hoy los comicios presidenciales en Bolivia, según los primeros resultados. Así, quedó en manos del Congreso definir el gobernante para el periodo 2002-2007, informaron voceros de la Corte Nacional Electoral (CNE), cuando había sido escrutado 48 por ciento de los votos. No se informó de inmediato sobre el nivel de abstencionismo. Ante la prensa, Sánchez de Lozada se declaró ganador de los comicios en la mayoría de los nueve departamentos al haber obtenido, afirmó, el mayor número de diputados y de senadores. De su lado, Reyes proclamó la victoria del la NFR, de acuerdo con los resultados de una encuesta a boca de urna de ese partido que daba a 30.5 por ciento de los votos a su candidato y 19.5 por ciento al ex mandatario. El ex capitán Reyes, quien es visto como una figura de corte populista, alcanzaba 21.9 por ciento de los sufragios, mientras el ex mandatario Sánchez de Lozada iba abajo con 20.8 por ciento. Ambos postulantes eran seguidos, a corta distancia, por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con un 16 por ciento, y por el líder cocalero Evo Morales, con 14 por ciento, según el CNE, aunque firmas encuestadoras daban el tercer puesto al dirigente campesino. Portavoces de la CNE afirmaron que los resultados finales podrían darse a conocer entre el 20 y 25 de julio, luego que se resuelvan las posible impugnaciones.

DPA

Nueva York, 30 de junio. Estados Unidos impidió este domingo con su veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la extensión por un año del mandato de la misión de la ONU y de la tropa de estabilización (SFOR) liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bosnia-Herzegovina.

El embajador estadunidense ante la ONU, John Negroponte, votó en contra de la resolucón en respuesta a la negativa del Consejo de Seguridad de garantizar la inmunidad de las tropas estadunidenses frente a eventuales procesos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que entra en funciones este lunes.

Trece miembros del consejo votaron en favor de la resolución y Bulgaria se abstuvo. Sin embargo, luego de la votación los miembros del consejo continuaron con la discusión sobre el futuro de las misiones de la ONU en la ex república yugoslava.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo inmediantamente después del veto estadunidense que la misión de la ONU "llega a un abrupto final por razones que no están vinculadas con el importante trabajo que desempeña para implementar el acuerdo de paz de Dayton", que en 1995 puso fin a la guerra civil en Bosnia-Herzegovina.

WASHINGTON (AFP).- El juez federal de Estados Unidos Jeb Rakoff declaró ayer inconstitucional la pena de muerte en caso de procesos federales, bajo el argumento de que personas inocentes podrían ser ejecutadas.
En el fallo, Rakoff afirmó que las mejores pruebas disponibles sugerían que personas inocentes eran sentenciadas a muerte con mayor frecuencia de lo que previamente se creía, y que pruebas convincentes sobre su inocencia a menudo surgían largo tiempo después de su condena original.

LA PAZ (EFE).- El Congreso de Bolivia elegirá al próximo Presidente debido a que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta en los comicios generales del domingo.
A pesar de que el liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se declaró ganador con el 26.80 de los sufragios, apenas supera al derechista Manfred Reyes Villa, de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), quien, según los resultados más recientes, obtuvo el 26.5 de los votos.

Según la Constitución boliviana, en caso de que ninguno de los candidatos consiga la mayoría absoluta, los 157 miembros del Congreso elegirán al nuevo Mandatario.
Sin embargo, si tras dos rondas de votación ninguno recibe el respaldo de al menos 80 parlamentarios, automáticamente se designará Presidente a quien haya obtenido mayor preferencia.

Inicia Dinamarca presidencia de UE

Por INDER BUGARIN

BRUSELAS.- Dinamarca asumió ayer la Presidencia semestral de la Unión Europea abriendo un nuevo conflicto trasatlántico con Washington, más allá de las actuales disputas económicas y centrándose en la lucha por extender el mandato de la ONU en Bosnia y garantizar la implementación del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Los 15 países comunitarios se han distinguido por ser los principales promotores del establecimiento del TPI, el primer tribunal que tendrá la capacidad de perseguir en cualquier parte del mundo a los criminales más buscados por delitos de guerra, contra la humanidad y genocidio.

AP
New York, Estados Unidos (4 julio 2002).- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el miércoles la misión de paz en Bosnia hasta el 15 de julio, con lo cual se evitó la amenaza de cancelar la misión por parte de Estados Unidos, que demanda inmunidad para sus fuerzas de paz.

El plazo dará a los 15 miembros del Consejo más tiempo para resolver la disputa que ha enfrentado a Estados Unidos con sus aliados y la mayor parte del organismo.

El domingo, Estados Unidos vetó una resolución que amplía la misión en Bosnia debido a que no se garantizaba la inmunidad a juicios por crímenes de guerra contra los elementos estadounidenses en las fuerzas de paz, aunque aceptó ampliar la misión por 72 horas, hasta la medianoche del miércoles.

DPA Y AFP

Nueva York, 3 de julio. Estados Unidos parecía salir adelante este miércoles para evitar que sus soldados y funcionarios puedan ser juzgados ante la nueva Corte Penal Internacional (CPI), al presentar un plan para que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tengan el derecho de vetar cualquier proceso del alto tribunal que afecte a sus países.

Aunque inicialmente se dijo que la propuesta fue rechazada por representantes de la Unión Europea (UE), en círculos diplomáticos se afirmaba que Washington consiguió ya el apoyo de sus aliados en el máximo órgano de la ONU a cambio de retirar su reclamo de que sus ciudadanos quedaran totalmente excluidos de la posibilidad de ser enjuiciados en la CPI.

La salida estadunidense se basa en el artículo 16 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas posponga los juicios ante ese tribunal por un plazo hasta de un año, una medida posible de ser repetida por tiempo indefinido.

Es decir, la propuesta estadunidense se presenta como cediendo parcialmente en la exigencia de que sus soldados gocen de inmunidad total ante la CPI en las misiones internacionales de paz, pero los salva mediante el conocido expediente del veto.

El presidente del Consejo de Seguridad, el embajador británico Jeremy Greenstock, señaló que el plan estadunidense violaría el estatuto de la CPI y que, por tanto, no puede ser aceptado.

AFP, DPA Y REUTERS

Jerusalen, 4 de julio. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, dijo este jueves que de acuerdo con la postura del presidente estadunidense, George W. Bush, para Medio Oriente "el mundo libre le esta dando a los palestinos una opción simple, escoger entre el terror y la paz", al anunciar que alcanzó un acuerdo secreto con Washington en torno a un plan que daría una nueva esperanza para alcanzar la paz en la región, informó el diario Jerusalem Post.

Sharon agregó que el plan no significa el fin de los conflictos, pero que planea sostener encuentros con su canciller, Shimon Pe-res, su ministro de Defensa, Benjamin Ben Eliezer, y el de Finanzas, Silvan Shalom para trabajar en los detalles de la iniciativa.

Sharon agregó que ahora los palestinos "tienen que escoger si quieren tener una corrupta Autoridad Palestina respaldando el terror o un desarrollo económico con prosperidad. Nosotros ya tomamos nuestra decisión", insistió.

Las declaraciones del gobernante se produjeron en momentos en que su ministro sin cartera Effi Eitam llamó a asesinar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, y al jefe del movimiento Fatah en Cisjordania, Marwan Barghuthi, actualmente detenido en Israel, informó el cotidiano Maariv.

Crónica/AFP en Los Angeles, EU, Julio 5

La policía federal estadounidense (FBI) determinó que el hombre que el jueves abrió fuego junto a la terminal de la compañía israelí El Al en el aeropuerto de Los Angeles matando a dos personas antes de ser abatido era un egipcio que se encontraba fichado por el FBI, informaron el viernes las autoridades. El hombre fue identificado como Hesham Mohamed Hadayet, de 41 años, también conocido por el nombre de Ali, llegó a Estados Unidos en 1992 y disponía de permiso de trabajo y residencia como conductor de limusinas, afirmó Matt McLaughlin, portavoz del FBI.

Acribillan a Vicepresidente en Afganistán

Reactiva Iglesia tribunal



Por ESTEBAN ISRAEL
GRUPO REFORMA


REFORMA / Italia

ROMA.- Ante los casos de pedofilia cometidos por miembros de la Iglesia católica, la Santa Sede ha reactivado los Tribunales Eclesiásticos.

En enero, se reveló que el Papa Juan Pablo II pidió por escrito a todos sus Obispos que investiguen cualquier sospecha de abuso a menores que pese sobre los miembros del clero.

Los informes se enviarán a tribunales secretos, vinculados con la Congregación para la Doctrina de la Fe, que juzgarán y condenarán, de acuerdo con las leyes canónicas, a quienes cometan pedofilia.

El Vaticano quiere limpiar su casa por sí mismo, y le espera una ardua tarea. Hay más de 70 casos de pedofilia registrados en el continente americano, a los que hay que sumar los de Africa y Oceanía.