El Gobierno del Distrito Federal respondió a las críticas del Presidente Vicente Fox sobre las declaraciones que hizo el viernes pasado durante una gira por Tabasco, en donde aseguró que los índices de delincuencia han bajado en todo el país excepto en la ciudad de México. En una carta, el procurador capitalino Bernardo Bátiz Vázquez y el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, informan al primer mandatario las cifras donde, según ellos, demuestran que la inseguridad ha bajado. Bátiz Vázquez leyó el informe sobre índices delictivos en la Ciudad de México, el cual fue entregado a la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República. La misiva explica que en 1999, el promedio de robo diario a vehículos era de 122.67; en el 2000, 119.29; en 2001, 105.03 y en lo que va de este año, es de 100.53. En robo a transportes, el promedio diario en 1999 fue de 43.94; en el 2000, 32.41; en el 2001, 32.90 y en lo que va de 2002 es de 29.50. Los homicidios, a decir de Bátiz Vázquez, se han mantenido en un rango similar durante varios años: en 1997 2.6; en 1998, 2.59; en 1999, 2.41; en 2000, 1.94; en 2001, 2.22 y en lo que va del año 2.16.

Guanajuato fue la entidad seleccionada para aplicar el primer operativo policiaco en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, después del anuncio que hiciera el presidente de Vicente Fox de crear un comando único, estratégico y operativo. Aunque el primer mandatario declaró el pasado 22 de abril que "pronto" iniciaría un diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para discutir una iniciativa de ley que sustentara el trabajo de un comando que conglomere a 350 mil policías federales, estatales y municipales, a partir del sábado arrancó un dispositivo en el que se formaron 20 grupos interdisciplinarios que trabajan ya en forma coordinada para abatir el delito en las ciudades de León y Celaya.

Los desencuentros entre los poderes Ejecutivo y Legislativo deben quedar atrás, porque sólo conducen a una parálisis, sostuvo el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quien destacó que es momento de "darle vuelta a la hoja" y asumir la responsabilidad de procesar las reformas institucionales que demanda el país. "Vamos a insistir en que se superen las diferencias, para entrar a una nueva época en donde podamos ir construyendo; yo diría que reconstruyendo las instituciones del país", comentó Creel, que ayer reanudó sus actividades luego de haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado jueves.

Todavía "tenemos que invertir mucho más" en la relación del Ejecutivo federal con el Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo para concretar las reformas estructurales que interesan al presidente Vicente Fox Quesada, reconoció Ramón Muñoz, enlace entre Los Pinos y la directiva panista. Sólo "si funciona la relación funcionará el proyecto", indicó en entrevista, luego de una reunión "de convivencia" a la que Fox invitó a senadores y diputados de Acción Nacional, anoche en la casa presidencial. Está, pues, todo en veremos. Máxime que -según revelaron fuentes partidistas antes de la reunión- entre conocidos panistas empieza a fortalecerse la idea de "desmarcarse" de algunas posiciones y funcionarios del gobierno de Fox Quesada que pudieran "afectar" al partido de cara a los comicios de 2003, en los que además de renovarse la Cámara de Diputados se elegirán gobernadores en seis entidades.

Miguel Ángel Ramírez Quedó instalada ayer la Comisión Especial del Senado de la República para la Reforma del Estado. Genaro Borrego Estrada (PRI), quien fungirá como presidente en el primer año de labores, informó que a más tardaren junio se tendrá la agenda de los primeros temas a discutir. Durante la reunión que se llevó a cabo en el 5° piso de la Torre Caballito, PRI, PAN y PRD coincidieron en que debe privar el acuerdo y las iniciativas sobre la materia deberán salir con consenso.Al señalar que son muchos los temas, consideró indispensable acertar en el establecimiento de prioridades. Los grandes apartados son: derechos humanos y libertades públicas; objetivos económicos y sociales del Estado; representación política democracia participativa. Forma de gobierno y organización de los poderes políticos; federalismo, descentralización y autonomías; constitución y globalidad donde se comprende la política exterior y lo relativo al fortalecimiento de la procuración y administración de justicia. Destacó que en el acuerdo de creación de esta comisión especial se señala expresamente la obligación de abordar de manera específica el tema de los derechos políticos, laborales y humanos de los mexicanos

Ante la falta de resultados concretos en el combate a la delincuencia, 48 organizaciones civiles, principalmente del sector empresarial y académico, integraron el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. En conferencia de prensa, Jorge Espina, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que el nuevo organismo presentará evaluaciones trimestrales sobre la eficiencia de la policía municipal, estatal y federal. Además, el plan de trabajo del consejo prevé promover la modificación de leyes para que éstas sean más claras y efectivas. [...] Por su parte, Víctor Belendez, integrante de la mesa directiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, explicó que el organismo también ofrecerá algunos servicios a la ciudadanía, para impulsar la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia. El programa "Vecino Vigilante", por ejemplo, consiste en entrenar a las personas de ciertas localidades para que se protejan, sin la necesidad de portar armas o hacer arrestos, sólo a través de la coordinación y el conocimiento del resto de los habitantes. El consejo está formado por 48 organizaciones de diferentes estados de la República, entre los que destacan Baja California, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo, entre otros.
El líder de la Coparmex detalló que la misión de esa nueva entidad civil es hacer realidad la participación ciudadana en coadyuvancia con las autoridades, para lograr que las políticas de Estado en seguridad pública responda a los derechos, exigencias y propuestas de la sociedad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó ayer un fallo histórico en su búsqueda de transparentar el uso y destino de los recursos públicos asignados a los partidos, al otorgar al Instituto Federal Electoral (IFE) atribuciones legales para obtener información bancaria y hacendaria sobre personas o empresas investigadas por un posible financiamiento ilícito a las campañas proselitistas. El Magistrado Leonel Castillo explicó que el secreto bancario, fiduciario y fiscal no opera cuando el IFE indaga el uso del presupuesto asignado a los partidos. Dejarlo fuera de las salvedades incluidas en las leyes sobre la materia, dijo, implicaría perder el control sobre buena parte de los recursos públicos.

El enfrentamiento de la dirigencia de Roberto Madrazo con las estructuras estatales del PRI continúa y ahora se presentó en el caso de Nayarit. El líder estatal, Lucas Vallarta, renunció a su cargo y culpó por ello a la dirigencia nacional, a la que acusó de imponer a candidatos en la lista de diputados plurinominales para las elecciones del 7 de julio. Luego de que el dirigente mexiquense, Isidro Pastor, descalificara el liderazgo de Madrazo, el ex candidato a la Gubernatura de Nayarit, Lucas Vallarta, criticó ayer la falta de respeto y la ausencia de oficio político del CEN para tomar en cuenta la opinión de los priístas del estado.

Reunidos en privado en Los Pinos, el Presidente Vicente Fox y la dirigencia nacional del PAN compartieron ayer una preocupación común: el proceso electoral del 2003 y la estrategia conjunta que el Gobierno y el partido tendrán que desplegar para sortear el riesgo de una derrota en la elección intermedia. En el encuentro, el dirigente nacional panista, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que el PAN refrenda su apoyo al Gobierno de Fox y que respalda todas las iniciativas que ha emprendido en 16 meses de gestión. [...] Fox expuso que es necesario ir más allá y definir, tanto en la dirigencia nacional como en el Gobierno, la estrategia que tendrán que desplegar en forma mancomunada, y literalmente revisar cómo le van a hacer para ir juntos en la tarea de lograr buenos resultados electorales para el partido en la elección intermedia.

La regularización de los trabajadores mexicanos indocumentados en Estados Unidos y la eventual concreción de un acuerdo migratorio serán los puntos prioritarios de la reunión interparlamentaria entre legisladores nacionales y estadounidenses, coincidieron ayer los diputados Felipe Calderón, Martí Batres y Gustavo Carvajal. La reunión interparlamentaria México-Estados Unidos se realizará en Guanajuato del 16 al 19 de mayo y los cuatro temas que se abordarán son: migración, seguridad fronteriza, revisión del Tratado de Libre Comercio y la relación entre ambos Congresos.
Ayer, la delegación mexicana, integrada por 13 diputados y 7 senadores, se reunió en la Cámara de Diputados para analizar la agenda que evaluarán con sus pares estadounidenses, y resaltó la defensa de los migrantes mexicanos y la necesaria regularización de sus situación para que dejen de ser indocumentados y perseguidos.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) reabrir de inmediato las investigaciones sobre el supuesto financiamiento ilícito de empresas extranjeras a la campaña electoral del presidente Vicente Fox Quesada en el 2000. El dictamen, con carácter de inapelable, precisa que el IFE realizó una investigación ineficiente e insuficiente del presunto financiamiento extranjero a la Alianza por el Cambio, formada por el PAN y el Partido Verde, también por medio del grupo Amigos de Fox, que llevaron a Fox Quesada a la Presidencia de la República, y advierte que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda están obligadas a entregar absolutamente toda la información al respecto, pues el secreto bancario no procede ante el IFE, toda vez que este Instituto tiene facultades constitucionales de fiscalización. La decisión del Tribunal se basa en la ponencia del magistrado Leonel Castillo y dicta que el expediente debe ser reabierto por la Comisión de Fiscalización del IFE. Fue el PRI quien denunció públicamente la ingeniería financiera de la campaña foxista en el 2000, año en el que una resolución del Tribunal Electoral provocó la ira del entonces candidato Fox, quien calificó de marranadas el que los magistrados hayan negado la inclusión de su silueta en la papeleta electoral.

El DF y Jalisco encabezan la lista de entidades con mayor número de averiguaciones previas del orden federal, de acuerdo con datos de la PGR, correspondientes al 2001.

Monterrey.- Para lograr una mejor coordinación en la ejecución de órdenes de aprehensión y un flujo de información en investigaciones judiciales, los Procuradores de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Coahuila pactaron ayer luchar en contra de la delincuencia organizada. Los titulares de la Procuraduría en Durango, Luis Celis Porras; de Coahuila, Oscar Calderón Sánchez; de Tamaulipas, Francisco Cayuela Villarreal, y Alida Bonifaz, de Nuevo León, sostuvieron una reunión en Monterrey para discutir el tema. La Procuradora de Justicia de Nuevo León resaltó la importancia del encuentro para mejorar las estrategias en el combate a la delincuencia organizada, robo de vehículos y homicidios que pudieran tener relación a nivel regional. "Abordamos temas sobre robos de vehículos que día con día está confirmado que son delitos que realizan bandas organizadas que operan a nivel regional, y el hecho de que existan fronteras, pues limita la acción de la justicia", expresó. "En un ejercicio de colaboración, como la tenemos actualmente los estados que integramos esta comisión, esa es la tarea, enfrentar también en forma organizada la delincuencia". Bonifaz explicó que el problema más común entre los cuatro estados es la falta de coordinación para ejecutar alguna diligencia que forma parte de alguna investigación judicial.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el programa de su administración se encuentra atrasado y espera consolidarlo en el presente año; "esperamos concretar diversas obras y atender la demanda de servicios de la sociedad", precisó. En su conferencia de prensa diaria, dijo también que este miércoles se abrirán las propuestas económicas para la construcción del segundo nivel de Viaducto y Periférico.

El senador Jesús Ortega Martínez, coordinador de la bancada del PRD, aseguró ayer que existe un avance sustancial en las negociaciones de la reforma a las leyes secundarias del sector eléctrico, con lo que se permitiría una participación de la iniciativa privada en el ramo. En entrevista, el perredista subrayó que la base de la negociación se está dando sobre la propuesta de reforma eléctrica del PRD y que hasta el momento sólo hay pequeños puntos en los que existen diferencias entre las diferentes bancadas, que son superables en el corto plazo. Destacó que el objetivo de la iniciativa perredista es mantener en manos del Estado la rectoría de la industria eléctrica y por ello no plantean la posibilidad de modificar la Constitución, como lo han promovido el PAN y el Gobierno federal.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral reabrir las investigaciones en torno al presunto financiamiento ilícito del candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, toda vez que la indagatoria realizada ''fue deficiente e insuficiente'', lo que llevó al Consejo General del IFE a desechar las quejas interpuestas por PRI y PRD. De igual forma, el TEPJF afirma que no es válido el argumento esgrimido por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el sentido de que no entregaron información al IFE por la prohibición expresa de la ley que salvaguarda los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Para el Tribunal Electoral, el IFE sí tiene facultades para obtener esa información, pues en la fiscalización de recursos que ejercen los partidos políticos, el instituto realiza funciones hacendarias, ya que vigila y controla el uso de recursos públicos y, por tanto, puede conocer de movimientos bancarios y la autoridad está obligada a proporcionárselos.

A un año y medio de la actual administración, el Presidente Vicente Fox presentará hoy el Programa Nacional de Seguridad Pública, el cual tendrá como directrices la prevención del delito y una amplia depuración de los cuerpos policiacos. [...] Voceros de la Secretaría de Seguridad Publica nacional explicaron que el documento será el programa rector para las tareas de prevención del delito, seguridad pública y participación ciudadana en el combate a la criminalidad para el periodo 2001-2006, basado en las siete directrices planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo "Seguridad Pública".

Legisladores y dirigentes partidistas de PRI y PRD advirtieron que de comprobarse que el presidente Vicente Fox mintió una vez más al recibir financiamiento del exterior para su campaña electoral, tendría que revisarse la legitimidad de la elección de julio de 2000, y los dos partidos que contendieron bajo las siglas de la Alianza por el Cambio (el PAN y el Partido Verde Ecologista de México) podrían perder el registro. Otra mentira traería graves riesgos para la gobernabilidad del país, pues la credibilidad de Fox quedará ''aún más maltrecha'', señaló el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raymundo Cárdenas. Por separado, los senadores priístas Manuel Bartlett, Fidel Herrera y Oscar Cantón Zetina consideraron de gran relevancia la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), y señalaron que el Instituto Federal Electoral (IFE) está obligado a llevar a cabo, con toda seriedad y minuciosidad, la investigación sobre los fondos de Estados Unidos triangulados a la campaña foxista. A su vez, el coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, resaltó que la decisión judicial significa un freno al tradicional argumento del gobierno federal para no ser investigado sobre el secreto bancario. Es, afirmó, ''un suceso histórico'', porque de él se desprenderá ''un nuevo proceso de transparencia en la vida democrática del país''.

El Instituto Federal Electoral (IFE) informó que "continuará las investigaciones" sobre el financiamiento irregular que recibió el presidente Vicente Fox Quesada como candidato de la Alianza por el Cambio, que detuvo cuando la Secretaría de Hacienda se negó a entregarle información. Ayer, en un comunicado, el instituto señaló que a partir de la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que para la acción fiscalizadora del IFE "quedan removidos los secretos bancario, fiduciario y fiscal", ahora cuenta "con nuevos instrumentos de investigación en materia del origen y destino de los recursos de los partidos". En su boletín, el IFE señala que la resolución del tribunal se refiere a la queja que presentó el PRI contra la Alianza por el Cambio (PAN y PVEM) "por presuntas contribuciones ilícitas en el proceso electoral del año 2000".

Refirió que en este y otros temas que ha conocido el tribunal, el IFE siempre ha acatado sus fallos, que a su vez "han sido guía" para sus decisiones, y resaltó: "La presente resolución no será la excepción. El instituto cumplirá en sus términos lo acordado por el tribunal y continuará las investigaciones relativas a la denuncia mencionada".

En puerta, nueva controversia constitucional en contra del presidente Vicente Fox Quesada. David Penchyna Grub, diputado priísta por Hidalgo, hizo ayer un llamado al gobierno federal para que "rectifique" sobre los recortes presupuestales al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que son "ilegales". Aunque sostuvo que no se pretende mantener un ataque sistemático contra el Ejecutivo, "de no rectificar en los próximos días, el Congreso tendrá que seguir los canales que la Constitución establece para que el Poder Ejecutivo respete el estado de derecho, ya que, nuevamente, el Presidente invade esferas de competencia que no le corresponden". Penchyna Grub se refirió al procedimiento por el cual la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público (SHCP), en términos de los artículos 3 y 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación, efectúo un re-corte al gasto público por 10 mil 100 mi-llones de pesos, el quinto en 18 meses de gestión del presidente Fox. En el mencionado ajuste se consideraron una reducción por 2 mil 190 millones de pesos en el PAFEF y un "ahorro" adicional en diversas entidades y dependencias por un total de 7 mil 910 millones de pesos. [...] El pasado 23 de abril de 2002, la SHCP envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe de la aplicación del ajuste presupuestal en el que se observa la reducción por 2 mil 563 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cuanto al recorte de más de 2 mil millones de pesos a programas de inversión como el PAFEF, el legislador hidalguense sostiene que de acuerdo con el artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el carácter legal con el que se identifican este tipo de aportaciones a los estados es el de subsidio otorgado a entidades federativas, por lo que la naturaleza de este tipo de aportaciones no pue-de ser sujeta de reducción, ya que el propio Presupuesto de Egresos de la Federación faculta al Ejecutivo federal para llevar a cabo modificaciones, reducciones y transferencias a las dependencias y entidades a su cargo. "Dada la naturaleza del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002, es de explorado derecho que su aplicación es estricta y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto, por lo que nos permite concluir que resulta cuestionable jurídicamente la implementación del recorte al subsidio del PAFEF", asevera.

El juzgado décimo tercero de distrito en materia penal libró el pasado lunes órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades contra seis implicados en el caso Pemex, entre ellos el ex director de la paraestatal Rogelio Montemayor Seguy. Sin embargo, todos los delitos son considerados como no graves, por lo que los acusados tienen derecho a la libertad bajo fianza. Ningún mandamiento judicial es contra dirigentes del PRI, ni líderes del sindicato petrolero; la consignación penal tampoco incluye delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, a pesar de que el Ministerio Público federal investigó sobre la presunta existencia de esos ilícitos, revelaron fuentes gubernamentales.

Comunidad Quetzal Edzna, Camp., 8 de mayo. "No vale la pena ese tema, hombre... ¡no tiene importancia!", atajó el presidente Vicente Fox Quesada a los reporteros que le pidieron una opinión acerca de la orden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación giró al IFE para reabrir la investigación por los gastos en su campaña. Sonriente, el mandatario evitó así profundizar en el tema relativo al origen de los recursos con los que se financió su actividad proselitista en 2000. El gesto y la amplia sonrisa que Fox dirigió a los reporteros fueron claros: no hablaría más sobre el tema.

La noticia de las órdenes de aprehensión giradas por el juez 13 de distrito contra el ex director de Pemex Rogelio Montemayor y tres funcionarios de su administración generó posturas encontradas que se ubicaron desde el beneplácito del PAN hasta el reclamo de PRI, al considerar el hecho como una venganza del gobierno de Vicente Fox. No obstante, en ambos casos se demandó desahogar el caso con estricto apego a la ley. Para el Comité Ejecutivo Nacional panista, la noticia correspondió a un procedimiento apegado a derecho y por lo tanto, ''en éste como en cualquier otro caso, el PAN exige el estricto cumplimiento de la ley, y que se llegue hasta sus últimas consecuencias''. [...] Por su parte el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, por conducto de su vocero Carlos Navarrete, consideró que las acusaciones entre dirigentes del PAN y del PRI pueden dificultar los acuerdos legislativos entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, y en consecuencia los priístas decidan cancelar la reunión que tenían prevista con Vicente Fox el fin de semana venidero [...] Por el lado del PRI, el diputado Efrén Leyva advirtió que su partido exige que la investigación sea clara, sin tintes políticos sino legales: ''Se tiene que llegar al fondo de la investigación para que se vea realmente si salieron esos recursos de la paraestatal y por qué, y si hay responsables, y si se está fuera de la normatividad de Pemex que cada quien responda por los delitos que cometa''.

Estado de México, México(9 mayo 2002).-Al presentar ayer su Plan Nacional Electoral rumbo al 2003, el PRI hizo una autocrítica de su desempeño después de los comicios del 2 de julio del 2000.
Reconoció que arranca los trabajos electorales para los comicios del 2003 inmerso en una serie de problemas que van desde el fracaso en la innovación para captar nuevos votantes, hasta la ineficacia mercadotécnica, la improvisación, la falta de unidad y de congruencia. El diagnóstico del tricolor incluye el reconocimiento de sus altibajos electorales, que, sin embargo, los coloca en un empate con el PAN, con 27 puntos en las preferencias ciudadanas. Al presentar el Plan Nacional Electoral, la dirigencia del tricolor hizo público su análisis sobre los defectos y debilidades que los pueden frenar para obtener la mayoría de la Cámara de Diputados y provocar que Acción Nacional logre sacar una mayor ventaja.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó ayer del manejo de recursos financieros durante la campaña de Vicente Fox Quesada en 2000, y precisó que en caso de que el Instituto Federal Electoral (IFE) compruebe que hubo participación de fondos de origen extranjero, "significaría que el Presidente gobernaría obedeciendo los principios de los intereses extranjeros y no los estipulados en nuestra Constitución". Precisó que cuando el actual presidente era candidato de la Alianza por el Cambio -en la que participó el PVEM-, los responsables de administrar los recursos de esa coalición fueron el Partido Acción Nacional (PAN) y la organización Amigos de Fox.

En caso de que se demuestre que hubo manejo ilícito de recursos en la campaña electoral de Vicente Fox, la sanción para el Presidente sería "política y ética", pero no jurídica, porque la ley en la materia no prevé castigo en estos casos. El desprestigio en que se vería envuelto el mandatario sería "tremendo" y el deterioro de su capital político incalculable, pero su castigo sería social y político, no jurídico, precisaron fuentes del Poder Judicial de la Federación. Subrayaron que ni la Constitución ni la ley electoral establecen la destitución del Presidente de la República por el uso ilegal de recursos durante su campaña proselitista, y destacaron que Fox no podría ser sancionado porque la ley "no contempla nada al respecto".

El PRD discutirá este fin de semana la posibilidad de modificar su línea política para incluir dentro de sus documentos básicos la intención de conformar alianzas lectorales con el PRI. Dentro de su Séptimo Congreso Nacional, a celebrarse este sábado y domingo, los perredistas discutirán esta iniciativa que forma parte del dictamen elaborado por la subcomisión responsable de elaborar la propuesta de línea política, la cual está conformada por integrantes de todas las corrientes del PRD, incluso de las más renuentes a celebrar coaliciones con el PRI. Los responsables de aprobar esta propuesta son los cerca de mil 500 delegados que, provenientes de todos los estados del país, conforman el órgano máximo de deliberación perredista, puesto que todas las iniciativas aprobadas por el Congreso, se incluyen inmediatamente en los documentos básicos del PRD.

El Gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walter, dio a conocer ayer que en los próximos días podría darse la detención de funcionarios ligados con el crimen organizado en esa entidad, ya que, dijo, el presunto desmantelamiento del cártel de los Arellano Félix no ha detenido el narcotráfico en la región. Ante esta situación, externó en entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se ha reforzado la coordinación con el Ejército y la PGR. El 10 de abril pasado se detuvo a 41 elementos de distintas corporaciones policiacas de Baja California, aparentemente por tener nexos con el Cártel de Tijuana. De ellos, 10 fueron consignados al penal de La Palma bajo los cargos de presunta delincuencia organizada.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la priísta Silvia Hernández, estableció los lineamientos que deberán aplicar los legisladores mexicanos que asistirán a la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos para tratar tanto a sus contrapartes estadounidenses como a los periodistas que cubrirán el acto. Durante una reunión privada celebrada el pasado 7 de mayo en la Cámara de Diputados, Hernández, quien fungirá como copresidente de la Interparlamentaria, destacó en primer lugar que la delegación mexicana debe llegar con un discurso básico consensuado sobre los temas que se abordarán en la reunión y de los que de manera emergente podrían surgir, como el relacionado con la resolución sobre derechos humanos en contra de Cuba, pues de esta manera se podrá demostrar la unidad del Congreso. "Nosotros aquí no vamos a ser vistos como los priístas, los panistas, los perredistas y los del verde, no vamos a ser vistos así. Vamos a ser vistos como los mexicanos y si los mexicanos aquí no ponemos por encima de nuestras diferencias partidarias lo que implique un interés del país vamos a generar aquella impresión negativa que aún tienen de nosotros.

El secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, envió al Senado de la República el informe sobre la primera incursión de tropas mexicanas en las operaciones multinacionales Unitas 2002, cuando la Armada ya se prepara para participar en la segunda fase de esas prácticas transcontinentales. En el documento, el almirante Peyrot respondió a los integrantes de la Comisión de Marina del Senado -que le habían demandado información pormenorizada- que fuerzas especiales de la Armada, a bordo de la fragata Abasolo F-212, se integraron a los ejercicios navales de Unitas en su fase Caribe, del 22 de febrero al 10 de marzo, en aguas internacionales, frente a las costas de Colombia. No se hace alusión alguna al conflicto que se ha creado con el Congreso, toda vez que las topas salieron de territorio nacional sin el aval del Senado de la República, lo que ha provocado la molestia de legisladores del PRI y el PRD, porque en junio otro grupo de la Armada irá a la segunda fase de Unitas, esta vez en las costas de Chile.

La Procuraduría General de la República (PGR) ya busca en 180 países a los seis implicados, hasta el momento, en el desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero. Interpol México distribuyó las llamadas fichas rojas de Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Juaristi, Juan José Domene, Julio Pindter, Alberto Gheno Ortiz y Manuel Gómez Peralta. Desde la tarde del pasado miércoles, Interpol México recibió la solicitud de ayuda internacional para detener a los prófugos del caso Pemex.

Fotografías y datos fisonómicos de los seis implicados -contra los que existe orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades- fueron distribuidas vía Internet a los países miembros de la policía internacional. Por otra parte, fuentes cercanas a los abogados de Rogelio Montemayor Seguy revelaron que los juristas ''no están trabajando en ningún amparo'', y dijeron que los representantes legales de los otros acusados en el caso Pemex analizan la posibilidad de establecer una defensa común. En tanto, los abogados de Montemayor señalaron, en un comunicado, que éste ''tiene a su disposición diversas defensas que legítimamente puede ejercer en este momento, tanto para preservar su libertad personal, como para que su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales se lleve a cabo con respeto a sus garantías individuales''. Sobre este particular, fuentes judiciales explicaron que la posible estrategia de Montemayor -no ampararse- tendría como objetivo evitar su posible captura, porque en caso de que la PGR consignara los dos desgloses de la averiguación del caso Pemex, que tienen en su poder la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), habría la posibilidad que se le imputaran delitos graves y entonces no tuviera derecho a la libertad bajo fianza. Si solicitaran amparo en las actuales condiciones, explicaron los informantes, su defensa obtendría sin problemas la suspensión provisional para que continuaran el proceso en su contra en libertad, porque los delitos, al no ser graves, lo permiten. Sin embargo, habría la posibilidad de que las otras averiguaciones que tiene en curso la PGR se fortalecieran, y lograra su consignación por delitos graves -en su momento se habló de que eran investigados por delincuencia organizada y lavado de dinero-, y en esas condiciones no tendrían los inculpados derecho a la libertad bajo fianza.

Diputados federales de PRI, PAN y PRD consideraron que el desvío multimillonario en Pemex tuvo que haberlo conocido, por su cuantía, el presidente en turno, Ernesto Zedillo, ''y si esto se comprueba tendrá que ser llamado a comparecer ante las autoridades judiciales''. La noticia de la orden de aprehensión contra Rogelio Montemayor y tres de sus ex colaboradores en la paraestatal fue interpretada por legisladores como un problema ''más de fondo''; además, coincidieron en que Zedillo, entonces responsable del Estado mexicano, del gobierno y de las instituciones de éste, ''fue el responsable directo de la malversación de fondos públicos a favor de la campaña presidencial de Francisco Labastida''.

A una semana de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos aún no se define la agenda que abordarán ambas delegaciones. Sin embargo, en reuniones y entrevistas privadas algunos legisladores del PAN y del PRI, entre ellos la senadora Silvia Hernández, advierten que el encuentro podría convertirse en un foro para atacar al gobierno de Estados Unidos o al presidente Vicente Fox. La posibilidad de que la interparlamentaria sea un escenario de confrontación y de reclamos de diputados y senadores mexicanos contra las administraciones foxista y de Washington ha provocado que el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón Hinojosa, negocie con los representantes del PT y del PRD para garantizar que no haya agravios ni acusaciones mutuas.